Estas dos instituciones del Estado son columnas importantes de la organización institucional de cualquier país y por tanto del nuestro. La primera ejercerá los actos militares que exija la defensa nacional y la segunda deberá aplicar la legislación para dirimir los conflictos entre las personas, por lo que no se concibe organización estatal de importancia que pueda prescindir de estas instituciones. No obstante, debe reconocerse que las Fuerzas Armadas, que de alguna manera en el Uruguay precedieron a la organización institucional del país, han sido cuestionadas no solo respecto al papel que deben jugar sino incluso hasta respecto a la necesidad de su propia existencia. Esta polémica es recurrente y si bien desde individualidades a asociaciones han promovido la disolución de las Fuerzas Armadas, la sociedad ha recurrido reiteradamente a ellas.
Esto nos retrotrae a la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, cuando desgraciadamente el Uruguay se tiñó de sangre, regresándonos a una historia de violencia armada que pensábamos definitivamente en el pasado, ya que habíamos superado el Uruguay violento del siglo diecinueve, que tan bien pintó Guillermo Hudson en su obra La tierra purpúrea. En pleno siglos XX, la violencia política desatada por bandas de inspiración marxista hizo crujir las estructuras políticas del país, haciendo que las rapiñas, secuestros y homicidios fueran cosa común y la sociedad sufriera una impresionante conmoción acompañando en varias ocasiones, de manera multitudinaria, los cortejos fúnebres de las víctimas militares, policiales y civiles. Hoy estas numerosas víctimas permanecen casi olvidadas, no obstante, la ley aprobada en el pasado período de gobierno sobre la base de un proyecto que redactamos y presentó Cabildo Abierto. Lo cierto es que los terribles momentos vividos en aquel entonces no son recordados y los responsables de las tropelías, en algunos casos, han sido elevados a la categoría de figuras icónicas. Digamos que la conmoción fue tan grande que un 15 de abril de 1972 la Asamblea General por 97 votos en 118 decretó en nuestro país el estado de guerra interno y se encomendó a las Fuerzas Armadas el combate a las organizaciones terroristas.
La asunción de dicha responsabilidad le ha generado a un grupo de militares y policías que revistaron en dichos cuerpos, en la citada época, el verse denunciados ante la Justicia Penal, donde han sido objeto de procedimientos que desde el propio Frente Amplio han sido calificados por notorias personalidades políticas de operaciones de venganza o bien de procedimientos viciados de testimonios falsos, sin perjuicio de acusaciones o condenas por mera convicción o bien respaldadas por pura prueba testimonial, la que la doctrina siempre juzgó con prevención, ya que como se adjudica opinar a Bonnier, un justo no puede condenar a dos bribones, pero dos bribones pueden condenar a un justo.
La semana pasada, concluíamos en un panel integrado por los doctores Carlos Curbelo, Eduardo Fontana y Daniel Lamela, que nuestro sistema de Justicia parece haber derogado o ignora la vigencia de los principios de prescripción, presunción de inocencia, irretroactividad de la ley, apreciación objetiva de la prueba, etc., construidos durante siglos como garantías insoslayables del derecho penal clásico. Pero si continuamos reflexionando sobre la problemática en cuestión, solo cabe concluir que el problema y su solución no son jurídicos sino políticos. Durante el gobierno de la Coalición Republicana, Cabildo Abierto presentó un proyecto de prisión domiciliaria, que de conformidad a la legislación internacional preveía la prisión domiciliaria de oficio para los mayores de 65 años, cuyo tratamiento se postergó para dar cabida a un proyecto del Poder Ejecutivo que no contemplaba dicha situación. Cuando este último proyecto se debatió en el plenario del Senado, presentamos un aditivo que preveía la prisión domiciliaria de oficio para los mayores de 70 años, que no mereció ni un solo voto de los partidos tradicionales. En definitiva, los restantes partidos de la Coalición Republicana no tuvieron interés político en contemplar la situación de personas de avanzada edad, entre los que se encuentran los que es evidente son objeto de la injusta persecución a la que aludimos, cuando el otro sector de ciudadanos participantes de los hechos violentos relacionados, han sido amnistiados y reparados económicamente. El absurdo llega al extremo de que el hijo de una de las víctimas civiles del terrorismo marxista nos ha señalado que el homicida de su padre cuenta con un monolito que le hace honor y ha sido reparado económicamente, mientras su padre era olímpicamente ignorado. En definitiva, el victimario elevado a la categoría de víctima, o sea un mundo de valores invertidos, propio de la revolución cultural que vivimos a nivel mundial, en este y otros campos de la civilización contemporánea.
La solución de la injusticia a la que nos referimos solo se logrará en el campo de la política si quienes tienen las mayorías necesarias asumen la responsabilidad de cerrar heridas de un enfrentamiento que sigue generando enconos que deben superarse.
