En un año electoral, el papel del Estado vuelve estar en discusión. No solo porque es el eje central de toda política, sino también porque desde distintos ángulos se viene cuestionando su eficacia en el cumplimiento de sus fines básicos. Pero, además, en las últimas décadas, con un consecuente aumento del gasto público para cubrir mayores demandas sociales –cuya eficacia es discutible–, el Estado viene gravando cada vez más a los contribuyentes, generando en amplios sectores de la ciudadanía una sensación de injusto desequilibrio.
Esta realidad, que en nuestro vecino país probablemente haya sido más acentuada, fue la que generó que Javier Milei llegara la presidencia, no solo con el eslogan de la motosierra, sino también con un discurso en el cual comparaba al Estado con una asociación criminal. El problema tenía que ver, en definitiva, en cómo se financia el Estado de bienestar: a través de los impuestos. ¿Y cómo los obtiene? Coercitivamente.
El Estado de bienestar moderno surgió entre la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, y tuvo como uno de sus principales fines garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de sus habitantes, como el sistema de pensiones, y el intervencionismo estatal para abordar el desempleo, pero también otorgando innumerables beneficios directos a ciudadanos individuales. Cuando la recesión económica de finales de siglo XX afectó a los países desarrollados, el modelo keynesiano no solo no fue suficiente, sino que el aumento del gasto trajo consigo un mayor endeudamiento.
El problema del peso del Estado no es únicamente nacional ni regional, obviamente, a la prueba está que los siete países más ricos del mundo están sobrepasando la ratio deuda-producto del cien por ciento, como Estados Unidos, por ejemplo. Porque el endeudamiento del Estado parece haber constituido en este siglo XXI el modus operandi que el “progresismo político” desarrolló para financiar “el mundo feliz” de sus promesas electorales.
Para decirlo con otras palabras, el Estado de Bienestar del siglo XXI necesitó de una nueva arquitectura para sostener las crecientes demandas sociales, porque el modelo de la época dorada de la posguerra ya no funcionaba. Sin embargo, los arquitectos proyectaron el edificio con base en el gasto y la deuda, descuidando el verdadero motor de la economía: la iniciativa privada. Y, en esa medida, no parecieron contemplar que el fracaso de este diseño terminaría por recaer sobre las espaldas de los contribuyentes.
De hecho, nadie duda de la legitimidad de ayudar a quienes lo necesitan mediante planes sociales o de invertir en una buena causa, sin embargo, resulta evidente que debe haber un equilibrio entre la generación de riqueza y la recaudación. Porque de otra forma, para salvaguardar los derechos de unos, se vulneran los de otros.
En nuestro país desde que el Frente Amplio en su primer gobierno realizó la reforma de la DGI, actualizándola, dotándola de un marco legal adecuado para su cometido, que es recaudar, olvidó que también tenía que garantizar los derechos de los contribuyentes en casos en los que pudiese haber una discrepancia o equivocación del Estado.
En el 2014 salió publicado el libro El contribuyente frente a la inspección fiscal, de Gianni Gutiérrez y Alberto Varela, abogados especialistas en derecho tributario, que en realidad es una reedición aumentada de la de 2007, año en que no solo se realizó la reforma de la DGI, sino, también, se reformó ley de usura que tanto ha beneficiado a las financieras privadas. Ambos autores abordan a través de esta obra los desequilibrios que generaron los cambios en la tributación y los modos de efectuarla, tras la reforma realizada por el Frente Amplio, en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Los derechos de los buenos pagadores de impuestos
En la presentación del libro, el 13 de noviembre de 2014, en el auditorio de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la ORT, Gianni Gutiérrez expresaba: “Compartimos la condena social a la evasión, pero hay que tener cuidado porque el fin no justifica los medios. Los contribuyentes se equivocan, se descuidan, tienen interpretaciones distintas a las que tiene la administración fiscal. Todos los sistemas fiscales del mundo son complejos. Hemos tenido una excelente reforma del fisco pero que dejó desbalanceada la relación con el contribuyente. Es bueno tener una administración fuerte pero no es bueno que el contribuyente no tenga garantías judiciales efectivas y eso es lo que está pasando”.
“Si bien es cierto que en el TCA (Tribunal Contencioso Administrativo) los contribuyentes prevalecen en el setenta por ciento de los casos, el tiempo que insume y las medidas que se toman en el medio hacen que sea para los contribuyentes un verdadero via crucis. Y hemos visto contribuyentes decepcionados y en algunos casos suspendiendo inversiones”, indicó Gianni.
Lamentablemente, si se comparan las cifras de los contribuyentes que recurren al TCA con las cifras de los procedimientos iniciados por la DGI, se puede ver que los primeros apenas llegan a cien, frente a varios miles de la segunda. Con lo que queda claro que solo una mínima parte de los contribuyentes elige oponerse al Estado, ya que, en la mayoría de los casos, les sirve más pagar, aunque sea injusto, y así poder continuar con la actividad económica.
Por su parte, Alberto Varela, en referencia a la reforma de la DGI, indicó que “el fisco ha logrado aprobar leyes decretos y resoluciones que dan nuevas facultades, como pedir información genérica a los colegios, acudir a la fuerza pública sin orden judicial, flexibilizar el secreto bancario con fines fiscales”. Pero aclaró que, si bien esa reforma iba en el sentido correcto de actualizar a la DGI, lo cierto es que en los países desarrollados en los que se realizaron estas transformaciones, también se “agilizaron procesos judiciales para resolver conflictos entre contribuyentes y fiscos. Reforzaron los derechos de los contribuyentes y crearon un ombudsman tributario”. Y como bien explicaba Varela: “Uruguay no ha hecho ninguna de estas tres cosas. La resolución de conflictos entre fiscos y contribuyentes sigue regulada como en el siglo XIX, no el XX, es demasiado lenta frente a todas las medidas asfixiantes que el fisco puede adoptar rápidamente”.
“Entonces el resultado de esta reforma uruguaya renga no se ha hecho esperar cada vez hay más contribuyentes de buena fe, que terminan aceptando liquidaciones tributaras que tanto ellos como sus profesionales consideran ilegítimas y profundamente injustas, y ello es porque no pueden someter su discrepancia a un juez”, concluyó Varela.
Según una encuesta realizada por Equipos Consultores para la DGI publicada el 4 de diciembre de 2023 en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, los uruguayos evidenciaron tener un alto nivel de moral tributaria, incluso superiores a los registrados en 2019. Los datos mostraron que un 87 por ciento de los consultados consideró que pagar impuestos es una obligación, en tanto un ochenta por ciento opinó que evadir el pago de impuestos es algo incorrecto.
Entonces, ¿cuál es el problema?
El peso del Estado y su consecuente presión fiscal provoca que cada año cierren innumerables pequeñas y medianas empresas de diversos rubros que van desde lo rural a lo comercial e industrial, con su consecuente pérdida de puestos de trabajo. Entonces el gran dilema es cómo se piensa seguir creciendo sin brindarle al sector privado garantías que permitan su progreso, sin descuidar a los sectores vulnerables. Y, por otra parte, cómo puede renovarse el pacto del contrato social sin terminar con algunas prácticas como la usura estatal, en referencia a lo que opinaba el director en representación de las empresas en BPS, José Pereyra, en dialogo con La Mañana, un par de ediciones atrás.
Al punto que queremos llegar es que no se trata de eliminar al Estado, sino de mejorarlo. Tal como Pedro Manini Ríos lo expresó en la primera editorial del primer número de La Mañana en 1917:
“Esta tendencia que sustancialmente aspira a asegurar los intereses financieros del Estado, pero en armonía con los de la producción nacional, que mira por la situación económica de las clases menos dotadas, pero evitando perjudicar a la industria y al comercio, que es indispensable proteger, lejos de perseguir en un país que está en pleno desenvolvimiento de sus medios de riqueza, es la que patrocinará nuestro diario”.
En definitiva, más allá de las cuestiones de si el Estado de bienestar es más un obstáculo para la iniciativa privada que un beneficio, sobre todo en la relación gasto público-recaudación, no se puede obviar el papel fundamental que tiene el Estado para establecer equilibrios entre los distintos actores y sectores de la sociedad. Y así, no sería utópico ni descabellado volver a considerar aquello que Kelsen suponía esencial en un Estado de derecho, cuando advertía que la relación entre el Estado y el contribuyente desde lo jurídico es una relación entre iguales. En conclusión, la existencia del Estado no está bajo ningún modo en cuestión, sino más bien lo preocupante es el desequilibrio existente entre los derechos de Estado y los derechos del contribuyente.
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