En diciembre de 2023 el gobierno nacional anunciaba la adquisición de dos embarcaciones para la Armada Nacional, las famosas OPV para el patrullaje oceánico. Se ponía así fin a un proceso que había durado casi una década para la incorporación a nuestra Fuerza de Mar de las plataformas necesarias que le permitan cumplir su rol de vigilancia y control de nuestra jurisdicción marítima. En ese extenso lapso, demasiado largo, desfilaron por distintos astilleros del planeta delegaciones de la Armada Nacional que veían in situ las características y prestaciones de las patrulleras oceánicas que se ofrecían. En 2022 finalmente se abrió una licitación que quedó desierta por precio inconveniente y, finalmente, en un proceso no exento de polémicas y renuncias, se adjudica directamente al astillero español Cardama para la construcción de las dos embarcaciones.
Parecía que al fin nuestra Armada iba a contar con los medios para cumplir con su misión. De una vez por todas íbamos a poder impedir que buques extranjeros no autorizados extraigan nuestra riqueza pesquera provocando cuantiosas pérdidas económicas a nuestro país. Porque lo cierto, algo que todos sabemos desde hace mucho tiempo, es que nuestro sector pesquero no solo debe superar la irracional actitud de su sindicato, capaz de impedir que los buques zarpen en plena zafra, sino que también debe sufrir la depredación de barcos extranjeros que aprovechan esa poco común realidad de un país que no puede cuidar su jurisdicción marítima.
Se estima que las pérdidas por la incapacidad de controlar nuestro mar superan los 100 millones de dólares anuales y según algunos estudios podría hasta triplicarse ese monto. Compárese con el costo de las embarcaciones necesarias para evitar esas pérdidas, y cuesta creer que llevemos tantos años de idas y venidas sin poder alcanzar la solución necesaria. Pero, además, existen consideraciones de seguridad nacional que hacen impostergable dotar a nuestra Armada de los instrumentos necesarios para cumplir su misión fundamental dispuesta en la Constitución de la República, Ley Marco de Defensa y Leyes Orgánicas.
Hemos propuesto una y mil veces el blindaje de fronteras como una de las medidas a adoptar para combatir la inseguridad que tanto preocupa a los uruguayos. ¿Como pensamos blindar la frontera si somos incapaces de controlar nuestro mar?
Cuando se anunció la compra a Cardama se informó que a más tardar en este año 2025 nuestra Armada Nacional contaría con las famosas patrulleras oceánicas. Ya en ese momento sospechábamos que tal vez era un cálculo muy optimista y que seguramente se retrasaría en unos meses la entrega de los buques. ¡Pero no! En forma imprevista el proceso se corta. En conferencia de prensa encabezada por el propio presidente de la República, el gobierno anuncia la rescisión del contrato con el astillero español, del que ya nuestro país abonó un tercio del costo total. La razón: uno de los avales presentados para habilitar el contrato no existe, responde a una empresa fantasma…
No vamos a restar importancia al hecho de que, previo a firmar el contrato, no se haya verificado la solvencia de quien otorgaba el aval. También entendemos que es poco serio, y probablemente delictivo, que una empresa que pretende vendernos por 90 millones de dólares presente un aval de 4 millones inexistente. Es grave y debe denunciarse como corresponde. Se deberán determinar responsabilidades y castigar a quienes actuaron con negligencia o dolo. De eso no tenemos dudas.
Ahora, de ahí a rescindir el contrato, es decir a arriesgar perder los casi 30 millones de dólares que ya pagamos, además de exponernos a un eventual juicio internacional de resultado incierto, ahí sí tenemos dudas de que sea conveniente para el país. El aval o garantía es para ejecutar en caso de incumplimiento en los términos del contrato. Y no nos consta, al menos con la información a la que tenemos acceso, que ese incumplimiento se esté dando. Quiero creer que el gobierno tiene información, que nosotros no tenemos, de que la empresa española nos iba a estafar y no iba a cumplir con sus obligaciones. De no ser así, realmente no se entiende la decisión adoptada.
Lo cierto es que al cortarse el proceso de construcción de las OPV se vuelve a fojas 0 y habrá que reiniciar el camino que, ya vimos, no se caracteriza por su rapidez. Y seguiremos perdiendo cien o más millones de dólares anuales y el control de nuestras aguas quien sabe por cuántos años más.
En definitiva, la rescisión del contrato con Cardama parece ser una decisión inconveniente para los intereses nacionales, a no ser que exista un plan B para, a la brevedad, dotar a la Armada Nacional de las patrulleras oceánicas que necesita.
En política la necedad puede tener graves consecuencias, máxime tratándose del uso de los dineros públicos. Desandar el camino equivocado, aunque ello implique reconocer un apresuramiento o un error, puede ser lo mejor para todos. De no ser así, ojalá que no se trate de una mezquina operación política y que haya argumentos sólidos que justifiquen lo actuado por el gobierno…
