Miguel Sierra, gerente de Innovación y Comunicación del INIA: cambiar el presupuesto del INIA “tiene incidencia en la agenda y los sectores”, pero también podría tenerlo en el equilibrio en materia de gobernanza.
Luego de ser aprobada por los diputados, la Ley de Presupuesto ingresó en el Senado con una seria modificación en la financiación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) que condicionaría su funcionamiento. Miguel Sierra, gerente de Innovación y Comunicación del INIA dijo a La Mañana que cuando todo indica que “la salida de la crisis va a ser dura, precisamos un sector que aporte, que genere riqueza, y es el agro el que está llamado a ser un actor principal. Pero para eso, necesariamente, tiene que incorporar ciencia, tecnología e innovación de forma sostenible, y nos parece que tocar este motor que va a ser palanca de desarrollo para salir de esta situación no es lo más adecuado”. Agregó que el INIA entiende “la situación que está atravesando el país, por lo tanto, estamos en negociaciones buscando el punto más razonable para todos”, y en caso de ser necesario introducir modificaciones, que no sea a través de la Ley de Presupuesto, sino de una norma más específica y con una discusión sobre el INIA que precisa el país.
El artículo 586 de la Ley de Presupuesto introduce una modificación en el financiamiento del INIA. En primer lugar, “hasta ahora se financiaba a través del sector privado por una tasa adicional del Imeba (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios) del 4 por mil y el Poder Ejecutivo debía aportar lo mismo como mínimo. La modificación plantea que el Ejecutivo aportará ese monto como máximo, quedando a discreción del Ejecutivo aportar desde 0 hasta la cifra que corresponda al sector privado”. Y segundo, “en este período se estableció un monto fijo de $ 600 millones y este es el segundo aspecto, que viene congelado desde 2015 que con la inflación y otras variables se ha ido desvalorizando en el tiempo”, explicó.
En relación a lo primero, Sierra dijo que en el Ministerio de Economía hay “preocupación” y se busca “no estar en falta con la ley”. Los gobiernos anteriores tuvieron “un retraso en el aporte al INIA y en este momento estamos con una deuda de US$ 35 millones”, por lo tanto, “entendemos la actitud del Ministerio” por cambiar eso y no continuar en falta, “pero no nos parece que sea una manera adecuada hacerlo con un artículo en una ley presupuestal”. Lo adecuado sería tener “un tiempo para la discusión sobre ley de INIA, los aportes, etc., y que no sea en el marco de una ley presupuestal, sino en una discusión específica sobre el tema”.
Las tres agendas de investigación del INIA
Explicó que INIA desarrolla “tres agendas de investigación”. “Una es la agenda competitiva sobre los temas que tienen incidencia en la competitividad del sector privado, vinculada a tecnología agropecuaria. Otra la agenda de los bienes públicos que incluyen temas vinculados a la sostenibilidad, la agroecología, la contribución a políticas públicas como la ley de uso y manejo de suelos. Así como atender a sectores que quizás no aporten dinero o aporten muy poco al instituto, pero son relevantes en términos sociales, alimentarios, de salud y desarrollo territorial equilibrado del país”.
Y tercero, “la agenda de anticipación, porque un instituto de investigación como INIA se tiene que anticipar a los problemas, debe tener ‘antenas tecnológicas’ y estar muy conectado al mundo para ver las cosas que se nos vienen desde la investigación, desde el mundo privado, proveniente de la normativa de los mercados a los que queremos exportar, detectando esto con anticipación tenemos que generar las condiciones para que el sector uruguayo esté en condiciones de darles respuesta y competir”, explicó.
En su dinámica de trabajo y en su agenda de investigación el instituto combina las tres agendas: una agenda competitiva con el sector privado, una agenda de bien público sobre todo con el Poder Ejecutivo del momento y con sectores que se considera contribuyen al bien público, y una agenda de anticipación”, resumió Sierra.
No hay una correlación entre los aportes y lo destinado a cada sector
Consultado sobre cuánto aporta cada sector, dijo que eso depende de la actividad económica de cada uno, aunque “no necesariamente” hay una correlación entre lo que se aporta y lo que se destina a trabajar en cada sector. “O sea, que se recibe un monto de dinero de cada sector, se trata de respetar a todos los sectores y que los investigadores contemplen los problemas fundamentales de cada uno, pero no necesariamente es lineal, no se aporta a cada sector el grado de investigación según su aporte económico. Acá hay un proceso de planificación estratégica institucional donde se valoran los problemas más relevantes en los diferentes sistemas de producción de país (agrícola-ganadero, ganadero extensivo, vegetal intensivo, vegetal extensivo, arroz, forestal, lechero). Igualmente, se abordan temas transversales tales como: agroecología, las tecnologías de la información y la comunicación vinculadas al agro (ciencia de datos, Big data, agricultura y ganadería de precisión), la transferencia de tecnología (INIA tienen por mandato legal articular una efectiva transferencia de tecnología con el sector público y privado) y la contribución a las políticas públicas.
Miguel Sierra: “La salida de la crisis va a ser dura, precisamos un sector que aporte, que genere riqueza, y el agro está llamado a ser un actor principal”
“Por tanto, la agenda de investigación del INIA es una síntesis de ese proceso social, complejo y plural que analiza los problemas de los diferentes sistemas de producción y los temas relevantes. Contemplando problemas vinculados a la competitividad, problemas vinculados a los bienes públicos y problemas u oportunidades que hay que anticiparse”.
En el siguiente cuadro se detalla lo aportado por cada sector productivo en los últimos 5 años.
Respecto a los salarios, estos van desde los 35.000 que es el ingreso más bajo, hasta los 283.000 del actual director Nacional interino.
Plan Estratégico Institucional
Cada 5 años el INIA elabora el Plan Estratégico Institucional, el último fue para el período 2016 a 2020, en el cual participaron unos 350 actores externos a INIA.
“Se realiza a través de talleres por sistemas y se fija la agenda de investigación que pasa por Junta Directiva y se aprueba con el Ministerio. Hasta ahora esa agenda se ha validado con alta participación de privados, públicos y actores científicos. Esa agenda contempla todos los sectores, sus prioridades y queda consensuado entre todos”, destacó. Ese es el funcionamiento que INIA siempre ha tenido para establecer su accionar.
El INIA ha de ser “el instituto con la mayor participación de gente en la definición de su estrategia, con participantes externos e internos que superan las 500 personas”.
Menores ingresos afecta la investigación y la gobernanza del INIA
Consultado sobre cómo un menor aporte del Poder Ejecutivo puede afectar el funcionamiento de INIA, Sierra dijo que el presupuesto de la institución es de unos US$ 40 millones, de los cuales y por ley el 10 % se tiene que destinar a las FPTA (Fondos de Promoción de Tecnología Agropecuaria) y lo que queda se distribuye un 60 % en capital humano, lo cual “es una cifra razonable comparativamente con otros institutos similares en la región; el 10 % se dedica a las inversiones y el 30 % a proyectos de investigación y gastos operativos.
Dentro del 10 % de los FPTA, el 30 % se destina a los fondos Innovagro en los que participan otras instituciones como ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) sobre distintas temáticas: inocuidad alimentaria, innovación, salud animal, etc., de donde también participa en los diversos proyectos la comunidad de investigación que trasciende al INIA.
“Por lo tanto, este recorte afectaría todas estas dimensiones” y como se tratará de mantener el staff, “se va a afectar la inversión y la capacidad de destinar dinero a la investigación y el trabajo en red con otros actores que son una palanca de desarrollo para el país”, subrayó.
“La salida de la crisis va a ser dura, precisamos un sector que aporte, que genere riqueza, y el agro está llamado a ser un actor principal, pero tiene que ser necesariamente incorporando ciencia, tecnología e innovación de forma sostenible, y nos parece que tocar esta palanca de desarrollo para salir de esta situación no es lo más adecuado. Entendemos la situación que está atravesando el país, por tanto, estamos en negociaciones y buscando el punto más razonable para todos”, reflexionó.
Respecto a qué sectores se verán afectados en caso de reducir las investigaciones, Sierra dijo que “dependerá de cuando se elabore el nuevo Plan Estratégico”.
Sin embargo, podría haber cambios en la gobernanza del INIA. “La Federación Rural emitió un comunicado dando a entender que si cambia la financiación y el sector privado aporta más que el Estado, querrían tener más peso en la toma de decisiones”. Es un tema en el que tampoco es adecuado adelantarse porque todo “está en proceso de discusión”, sin embargo, advirtió que “es uno de los riesgos y cambiar el peso de los privados, con más protagonismo en la gobernanza, pueden desbalancear los tres componentes de trabajo del INIA y, tal vez, dar prioridad a lo competitivo” por encima del bien público y la anticipación que “podrían perder peso”.
Recuadro
El INIA tiene una sede central en el LATU, pero también cinco estaciones experimentales en Treinta y Tres, Tacuarembó, Salto, Colonia y Canelones.
Además de su agenda de investigación propia tiene un activo trabajo en redes, consorcios y alianzas. Esas plataformas de trabajo y alianza buscan capturar fondos competitivos, por ejemplo de ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) o ANDE (Agencia de Desarrollo) y en esas redes también realiza investigación con el sector privado, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la Universidad de la República, y con el LATU.
El INIA es un actor de investigación, contribuye a articular la transferencia de tecnología y es promotor de redes y alianzas que trabajan con el sector privado para superar los cuellos de botella competitivos, tiene una fuerte descentralización con el 90 % de su personal distribuido en las cinco estaciones experimentales (Canelones, Colonia, Salto, Treinta y Tres y Tacuarembó).
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