¿Cuánto sabemos en Uruguay sobre lo que ocurre en uno de los puntos estratégicos más importantes como es el puerto de Montevideo? El cumplimiento de las normas legales y la transparencia son repetidos como latiguillos permanentes en los discursos oficiales al punto de convertirlos en un valor agregado con el cual nos presentamos al mundo, sin embargo ¿cuán respetuosos somos de la normativa y qué grado de transparencia tienen algunas decisiones que se toman en el principal puerto de nuestro país?
El puerto de Montevideo se divide básicamente en tres áreas: la Terminal Granelera Montevideo (TGM) que se especializa en el movimiento de graneles, la Terminal Cuenca del Plata (TCP) especializada en contenedores; y las áreas públicas administradas por la Administración Nacional de Puertos (ANP).
La página web de la ANP destaca que la TCP está “ubicada próxima a la bocana del puerto”, y que “ha estado en funcionamiento desde 2002, siendo actualmente la terminal de contenedores más avanzada de la región”.
En diciembre de 2001 TCP se hizo cargo de la playa de contenedores luego de ganar una subasta que se realizó en la Bolsa de Valores de Montevideo. Su composición es del 80 % del grupo belga Katoen Natie y el 20 % estatal a través de la ANP.
Por otra parte se encuentra la empresa Montecon que se presenta a sí misma como “el principal operador de las áreas públicas” del puerto, “tanto para contenedores, como para carga general y carga proyectos”; y Nodus (propietaria de Montecon) expresa en su página web que “Montecon es una de las dos terminales de contenedores del puerto de Montevideo” y que “moviliza más de 360.000 teus anuales”.
Hace algunas semanas trascendió que Katoen Natie informó al gobierno saliente y al actual de la situación desventajosa que sufre por parte de la ANP que desde hace más de 12 años beneficiaría a Montecon, empresa que por la vía de los hechos se habría instalado como una segunda terminal de contenedores, sin que para ello exista la autorización del Poder Ejecutivo tal como establecen las normas legales.
Esas normas legales son la Ley 16.246, artículo 11 y el Decreto 412/992, artículo 39. Asimismo, también se incumpliría con el Decreto 183/994 que refiere a las operaciones portuarias y establece que el movimiento de “contenedores en los muelles de carga general será autorizada solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas”.
Según opiniones recogidas por La Mañana, dichas normas no serían aplicadas ni cumplidas, respaldándose el uso que Montecon hace de los espacios públicos en un decreto (Nº 482/008) que no está destinado al uso de contenedores, y sin que exista una resolución de una autoridad competente.
Además se incumpliría con la resolución de que el uso de las áreas se debe renovar cada 90 días ya que los espacios utilizados por Montecon en régimen de almacenaje superarían ese período de tiempo y en algunos casos por varios años.
La licitación “frustrada” que habría beneficiado a un operador descalificado
El 15 de octubre de 2008 la ANP realizó la primera licitación de la historia por tres espacios públicos portuarios, participando las empresas Katoen Natie, Talfir SA (Ictsi), Montecon y Adantir. Según operadores portuarios consultados, la jornada es recordada por la doble propuesta de Montecon y su descalificación.
La propuesta de esta última habría llegado sobre la hora límite del cierre, siendo la última empresa en presentar su oferta. Los sobres se empezaron a abrir por orden de llegada y los representantes de Montecon habrían solicitado a la escribana que necesitaban sacar una carpeta que habían colocado por error. El abogado de Talfir SA exigió ver el contenido del sobre que se pretendía retirar, constatándose que había dos propuestas y el sobre que se intentaba retirar era el que dejaba peor posicionada a la empresa. El tema pasó a jurídica, Montecon fue descalificada y se otorgó la licitación a Adantir.
Posteriormente se supo que Adantir pertenece a los socios de Montecon y por lo tanto también fue descalificada. Finalmente y dadas ambas irregularidades, en 2008 se recomendó uno de los espacios licitados a Katoen Natie y los otros dos a Ictsi.
Sin embargo, en diciembre 2009 la ANP declaró frustrada la licitación con lo cual Montecon volvió a operar, como si no hubiera existido ninguna irregularidad y a pesar de que las tarifas que pagaban Katoen Natie e Ictsi eran claramente superiores a las de Montecon.
El grupo responsable de Montecon parecería haber sido el único que salió beneficiado. No sólo por la declaración de licitación frustrada, también por los confuso de los manejos en las instalaciones del puerto. El ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi dijo al Parlamento en aquel entonces que “de hecho el puerto de Montevideo tiene dos terminales de contenedores”, aceptando la situación.
Algunas opiniones expertas consideran que si se continúa permitiendo el uso sin licitación de los espacios públicos, el puerto de Montevideo se alejaría del ideal de seguridad jurídica y transparencia del cual los uruguayos nos hacemos gala. Peor aún, cuando al final del día la empresa beneficiada es la misma que en el pasado fue descalificada por presentarse irregularmente en un proceso licitatorio.
