El sindicato penitenciario denunció que las recientes muertes en cárceles son consecuencia del “abandono” estatal, situación a la que se suma el hacinamiento, la insalubridad y un modelo “punitivista”. Sandra Pereira, secretaria general de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), y Julio Boffano, presidente del núcleo sindical de la Unidad Penitenciaria 5, en entrevista con La Mañana cuestionaron el accionar de las actuales autoridades y reclamaron por la insuficiencia de personal y presupuesto.
El sindicato plantea que las muertes ocurridas días atrás en diversas unidades carcelarias son consecuencia de la “inacción y el abandono del Estado”. ¿De qué manera podrían haberse evitado?
El Estado siempre es responsable por las personas que tiene en custodia, por acción u omisión. El hacinamiento, la falta de atención, la insalubridad e incluso la concepción punitivista centrada en el castigo y el modelo custodial que hay en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y que se ha afianzado en los últimos tiempos, llevan a estos resultados, que también repercuten en la salud de nuestros trabajadores. Estos escenarios de muerte y sufrimiento están lejos del discurso oficial del INR y de los principios para los que se creó.
¿A qué atribuyen que, a pesar de los recurrentes reclamos a las autoridades, sigan ocurriendo episodios de este tipo y no se vean soluciones?
No hay una política penitenciaria seria, integral ni sostenida que trascienda los intereses partidarios. El dinero que se destina al INR es insuficiente. Los ministerios no articulan ni coordinan entre sí. Acá hay un claro problema de gestión, pero, además, el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo ignora el trabajo de los operadores civiles penitenciarios, el único escalafón que se implementó junto al INR para intervenir y estar en primera línea con las personas privadas de libertad, para ejecutar tareas de tratamiento, seguridad y reinserción. Si el presupuesto nos excluye porque prioriza otros ítems del sistema como crear algunos cargos de confianza y estructuras que están lejos de la realidad, esto va a seguir empeorando. La falta de recursos, de compensaciones, de una política de gestión humana de acompañamiento a los trabajadores y no de castigo, incide en la crisis penitenciaria.
¿Creen que el nuevo gobierno es consciente de la “emergencia carcelaria” sobre la que ustedes han advertido?
Eso es lo que se dijo en campaña electoral y se comprometió a que el sistema penitenciario sería una prioridad. Sin embargo, los discursos oficiales maquillan la realidad. Los trabajadores esperamos un mayor compromiso por parte de los políticos, especialmente de aquellos que han mostrado interés en la problemática. Invitamos a que se acerquen, que nos pregunten. No es lo mismo que cuando van de visita oficialmente y les muestran una parte de la realidad que ya está preparada como una “puesta en escena” que no tiene nada que ver con lo que se vive las 24 horas, todos los días del año. Nadie que no vive lo que implica ese trabajo a diario puede tener una idea de lo que significa y conlleva verdaderamente.
Hace muchos años que luchamos por las mejoras de las condiciones laborales y con todos los gobiernos. La frustración tiene una implicancia negativa para la salud laboral y también para la democracia porque muchos funcionarios empiezan a sentir que “nada va a cambiar porque todos los políticos son iguales” y eso no lo podemos permitir, no es sano y no creemos que sea así. Por ahora presentamos solo el informe técnico de la Unidad 5 de mujeres. Trabajadores y personas privadas de libertad comparten la cotidianeidad en esas condiciones denigrantes e inhumanas. No va a ser muy diferente cuando presentemos las otras unidades. Entonces, las opciones son claras: mirar para otro lado, creerse o fingir que no está tan mal, o ponerse a gestionar en serio y que pase lo que tenga que pasar. De lo contrario, se pierde también la autoridad moral de la política para hablar de infancia, violencia o lo que sea, y eso es de lo más peligroso para nuestra democracia republicana.
En un comunicado difundido la semana pasada, expresaron que han sido dejados de lado en el proyecto de Ley de Presupuesto. ¿Cuáles son los principales reclamos en este apartado? ¿Qué carencias enfrentan en el día a día y cómo impacta ello en las tareas que deben realizar?
Falta de personal en todo el país. En la Unidad 5 es claro, después de las 17 horas, todos los días, generalmente queda solo un operador civil con algunos policías para atender toda la cárcel. No hay incentivos, se quita la carrera administrativa, ya que no está previsto que haya concursos de ascensos en los próximos cinco años y eso es inadmisible. No tenemos seguro de vida, no nos pagan las horas extras, pero lo fundamental es que se declare la insalubridad del trabajo, algo de lo que ya nadie tiene dudas: el sindicato tiene evidencias científicas gracias a que contratamos una ingeniera prevencionista que junto a una psicóloga con metodología reconocida para estos estudios, identificaron riesgos de agresión física, exposición a agentes biológicos, químicos, físicos (ruido, iluminación deficiente, estrés térmico), ergonómicos y psicosociales, concluyendo con recomendaciones de medidas preventivas.
¿Cuál es el objetivo de la instalación de la carpa frente al Palacio Legislativo?
Visibilizar lo que vivimos cada día los trabajadores, que la opinión pública lo sepa, que la gente se acerque a conversar con nosotros y que quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar esta situación (diputados y senadores) sepan que allí estamos. Basta cruzar la calle y seguir dialogando porque ya nos hemos reunido con muchos, aunque nuestros planteos no se vean reflejados en soluciones reales.
¿Hay otras medidas previstas para tomar si el gobierno no responde a sus reclamos?
No descartamos nada. Las luchas y las transformaciones sociales se conquistan con medidas, con diálogo, trabajo y negociación. Acá estamos exigiendo medidas inmediatas, compromiso real y voluntad política.
En otro orden, ¿qué opinión tienen de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en qué está ese proyecto?
Hay que recordar que todos los partidos políticos en sus programas coincidían en la importancia de la creación de este Ministerio. Nosotros participamos en un seminario internacional organizado por Presidencia de la República en el mes de junio con representantes de varios países. Quedó evidente la necesidad de concretarlo y que para nada afecta la independencia del Poder Judicial. Nuestra Constitución es clara en esto y hasta ahora hemos demostrado que no hay interferencias entre los diferentes poderes del Estado.
Yo (Boffano) estuve en Roma el pasado mes de julio y me reuní con varios sindicatos penitenciarios (policiales y civiles). No podían entender cómo es que estamos en el Ministerio del Interior y que no tenemos Ministerio de Justicia. Fue un interesante ejercicio mental para mí, tener que explicar eso. Otra cuestión interesante es que en Italia también hay hacinamiento, pero en cuanto a las medidas alternativas a la prisión, casi no tienen reincidencia y ese es un dato que nos afirma que sí se puede, con un pienso diferente, una gestión acorde a estos lineamientos y obviamente también con presupuesto.
Necesitamos problematizar muchas cosas como esta y que nos involucren a los operadores civiles, que tenemos mucho para aportar desde nuestra práctica profesional. Por ejemplo, casi nadie piensa en las consecuencias que tiene que la nueva cárcel de mujeres sea de participación público-privada (PPP). No estamos preparando a las privadas de libertad para este cambio y no es que no hayamos presentado ideas y proyectos, es que nos ignoran. Independientemente de eso, ¿estamos problematizando lo que implica la PPP en el sistema penitenciario? ¿A nadie le preocupa?
