Conflictos de intereses, entre el derecho a una vivienda digna y el derecho a la propiedad privada, complejizan situación de los ocupantes de tierras. En muchos casos se involucran también individuos y organizaciones delictivas que aprovechan para especular con los predios, afectando a población en situación muy vulnerable.
En la mayoría de los casos las ocupaciones se desarrollan en predios que se suponen están abandonados por sus propietarios. La legislación uruguaya contempla la prescripción adquisitiva de inmuebles (Ley 19.661) luego de 5 años sin ser reclamado, en beneficio de las personas cuyo núcleo familiar se encuentre en una situación de “precariedad habitacional”. Empero, el nuevo art. 354 del Código Penal, prevé una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría para quienes cometan el delito de usurpación, con el agravante en el caso de usurpaciones cometidas en inmuebles ubicados en zonas balnearias.
Cuando se discutía la Ley de Urgente Consideración, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, dirigida por la diputada frenteamplista Verónica Mato, plantearon la contradicción entre lo que prevé el Código Penal en su artículo sobre usurpación y lo que establece en la ley de Ordenamiento Territorial.
La dicotomía jurídica alimenta el debate político entre los que defienden a ultranza la propiedad privada como derecho inviolable (art. 32 de la Constitución de la República) y aquellos que interponen el derecho que tiene todo habitante a gozar de una vivienda decorosa, según reza el art. 45 de la Carta Magna uruguaya.
Ocupación en Santa Catalina y acuerdo entre la IM y el MVOT para realojo
Según constataron desde el Municipio A -lo que llevó posteriormente a una denuncia penal de la Intendencia de Montevideo (IM)-, a mediados de enero, un centenar de familias ocupó un predio privado de 72 hectáreas en Santa Catalina para construir viviendas en el barrio bautizado como Nuevo Comienzo. En noviembre de 2020 ya eran 750 las familias que se detectaron en ese terreno, las que corren riesgo porque por debajo corren las cañerías del saneamiento.
La Asesoría Letrada de la Intendencia, advirtió a la Justicia que la ocupación se inició vertiginosamente con la presencia de vehículos de alta gama y una disponibilidad de materiales de construcción que llamó la atención de la comuna capitalina. Por tal motivo, la Fiscalía de Estupefacientes investiga, en paralelo, la participación de organizaciones delictivas de la zona, relacionadas con el narcotráfico.
En lo que va del año, la Fiscalía formalizó a treinta y ocho personas (las siete últimas el pasado 12 de noviembre). La mayoría de ellas por la usurpación de esos terrenos y robo de energía. Mientras que otras cinco personas fueron formalizadas por el fiscal Diego Pérez, por delitos de asociación para delinquir.
Semanas atrás, la diputada Cecilia Cairo del Frente Amplio informó, en una rueda de prensa, que la Intendencia y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) llegaron a un acuerdo para dar una solución habitacional a las veinte familias que fueron desalojadas de ese asentamiento irregular.
Cairo explicó que es necesario desalojar los terrenos porque «los servicios son muy difíciles de llevar y, además, es un terreno privado», que «tiene un costo muy importante», aseguró. La diputada detalló en ese momento que el trabajo en conjunto con el MVOT consta de una serie de terrenos para realojos, que la IM puso a disposición, y de una canasta de materiales que el ministerio brindará para construir las viviendas.
Ocupaciones violentas en el barrio 19 de abril y otros antecedentes
La Dirección de Investigación de la Policía Nacional comunicó el 4 de noviembre que, tras una investigación que comenzó en setiembre por la Policía de Montevideo y la fiscal Mónica Ferrero, se realizaron trece allanamientos en el barrio 19 de abril a partir de una denuncia de ocupación forzosa de viviendas del Plan Juntos. En el operativo fueron detenidos cinco jóvenes señalados como integrantes de grupos delictivos de esa zona del noroeste de la capital.
Para llevar a cabo esas usurpaciones, la banda delictiva reclutó a otras personas dispuestas a sacar violentamente a las familias que moraban en esas viviendas. Al mismo tiempo, Ferrero investiga la vinculación de estas bandas con otros delitos, como en otra causa que actuó la fiscal entre 2017 y 2018, cuando dos bandas criminales de Casavalle se disputaban violentamente el dominio de viviendas.
Situaciones similares fueron denunciadas años atrás por el Banco de Previsión Social (BPS). Araceli Desiderio, directora del BPS, dijo a La Mañana que “la mayoría de los núcleos básicos evolutivos están con ocupas, gente que se ha metido cuando fallece el pensionista o el jubilado. Por ejemplo, en el complejo Talca 1 de las Piedras (ahora a disposición del MVOT), a partir de denuncias de usurpación de apartamentos en ese complejo habitacional, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, el Ministerio del Interior desplegó el Operativo Mirador, en el que se recuperaron decenas de viviendas del BPS destinadas a los jubilados que habían sido ocupadas de manera ilegal, y en algunos casos funcionaban bocas de venta de drogas.
Ocupaciones en zonas costeras
A pesar de ser considerada como agravante en la ley que tipifica el delito de usurpación, crece la ocupación de terrenos en balnearios canarios y rochenses.
En el caso de la costa canaria no son nuevas las ocupaciones irregulares que ya superan los 700 terrenos entre El Fortín, Marindia, Pinamar y Neptunia. En el kilómetro 34.500 de la Ruta Interbalnearia, delimitado entre la ruta 34, y el arroyo Tropa Vieja, se encuentra el barrio La Cumbre de Neptunia, originado, en gran parte, por la ocupación de la mitad de los terrenos que son propiedad de la empresa Neptunia S.A., que hasta hace tres años debe alrededor de US$ 2 millones a la Intendencia de Canelones por contribución impaga durante décadas.
En un comunicado, los ocupantes de ese barrio señalaron que cuando llegaron al predio (algunos hacen más de diez años) no encontraron ninguna señal que el terreno fuera propiedad privada. “Se encontraba en situación de abandono” y no contaban con ningún tipo de alambrado perimetral que delimite, sostuvieron.
La primera denuncia por la empresa para reclamar esos terrenos fue en el año 2000, pero la primera tanda de desalojos fue recién en 2015 y las últimas fueron en enero, aunque hay en proceso varias instancias judiciales en ese mismo sentido.
Si bien la intervención del Estado ha sido irregular para no alentar la ocupación, en los últimos años OSE y UTE regularizaron sus servicios para al menos la mitad de las 750 familias que residen en esos terrenos de las Cumbres de Neptunia.
En agosto de 2018 la jueza de paz de Canelones sentenció que la Intendencia no cumplió con el cometido estatal de “policía territorial” al ser omisa ante ocupaciones ilegales que perjudicaban a vecinos y, por ese motivo, un año después multó a la comuna canaria con 50 UR por día, hasta que se regularice.
Algo similar, pero aún incipiente es lo que sucede en terrenos de balnearios rochenses de la zona del Valle de la Luna, Punta Rubia y Santa Isabel. Entre el 12 y 13 noviembre se llevó a cabo en ese lugar un importante operativo policial en los balnearios, con participación de la Fuerza Aérea, Prefectura, Migraciones, la Guardia Republicana y todas las unidades de Jefatura de Rocha.
Según indicó la policía, el objetivo de la Operación Ballena fue “identificar a todas las personas que se instalaron en la zona” en los últimos tiempos, además de corroborar si los extranjeros que están allí tenían toda la documentación legal. El jefe del operativo, el comisario mayor Ricardo González, dijo que “a lo largo de la costa suele suceder ese tipo de problemas con los terrenos, así como campamentos ilegales. Mucha gente viene para la zona de la costa y se ocupan lugares sin autorización. Esta es una medida para identificar con quién tratamos”.
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