Varias gremiales consideran que «una necesidad imperiosa» la sustentabilidad del sistema de seguridad social hacia el futuro. Consideran que el BPS es un instituto a fortalecer, pero aumentando la cantidad de contribuyentes y no la presión fiscal. Advierten sobre falta de protección de empresas unipersonales.
La elección de representantes sociales para el directorio del Banco de Previsión Social se estará realizando el 28 de noviembre. Este directorio está conformado por cuatro miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y tres directores sociales electos por cada uno de los órdenes: jubilados y pensionistas, trabajadores activos y empresas contribuyentes. El último domingo de noviembre se eligen a los representantes sociales.
La Corte Electoral informó que los pasivos que deberán sufragar son 572.385, los trabajadores 1.037.381 y las empresas 162.829. Se exceptúa de la obligatoriedad a los afiliados con 75 años de edad cumplidos a la fecha de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el Banco de Previsión Social. En el caso de los trabajadores, deberán votar tanto públicos como privados mayores de 18 años al 28 de febrero de 2021.
Los trabajadores extranjeros que no cuenten con credencial cívica deberán sufragar presentando su cédula de identidad. La Corte Electoral publicará los lugares de votación y circuitos correspondientes en la segunda quincena de noviembre. Las personas pueden consultar si están en el padrón electoral en la página web www.corteelectoral.gub.uy.
Una novedad este año es que el Movimiento «Un solo Uruguay» presentará candidatos en cada orden. En el caso del sector trabajadores, el PIT-CNT concurre con la lista 11 que lleva como candidato a Ramón Ruíz, actual integrante del directorio del BPS. Por el movimiento «Un Solo Uruguay» se presenta Luis Lisboa, encabezando la lista 16. Ambos ya se habían enfrentado en 2016, ocasión en la que Ruíz obtuvo 270 mil votos y Lisboa 130 mil.
Por el orden empresarial hay tres listas. La 22 encabezada por Marcelo Ríos y que cuenta con el apoyo de la mayoría de las gremiales empresariales, la 26 impulsada por «Un Solo Uruguay» y que lleva a José Pereira, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, y una tercera lista de la Cámara de Comercio y Servicios, cuyo candidato es su expresidente, Julio César Lestido. En el caso de este sector, es importante destacar que se vota por empresa, la cual debe designar un delegado.
En el orden de jubilados y pasivos se presentan dos listas. Sixto Amaro, actual representante de los pasivos en el BPS, va por la reelección con el apoyo de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas de Uruguay (Onajpu), mientras que «Un Solo Uruguay» presenta la candidatura de Virginia Vaz.
Se han establecido una serie de sanciones para quienes no concurran a votar. Para los jubilados y pensionistas que no voten serán de una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales. En el caso de los trabajadores se le aplicará una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales y en caso de no pagarla, su empleador será responsable solidariamente. A las empresas que no designen un mandatario o habiéndolo designado, no concurran a votar, se les aplicará una sanción de 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de trabajadores dependientes, sin importar su naturaleza jurídica.
Buscando la unidad
Desde principios de 2020 se comenzaron a realizar reuniones entre las gremiales empresariales buscando una lista de unidad. De estos encuentros surgió la lista 22, donde están representadas 45 gremiales del agro, el comercio, la industria y las pequeñas y medianas empresas. Esta lista cuenta con el respaldo de la actual representante de los empresarios, Elvira Domínguez.
Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype) dijo que durante las conversaciones con otras gremiales para la construcción de una plataforma en común, su sector planteó como una necesidad imperiosa la sustentabilidad del sistema de seguridad social hacia el futuro.
«El Banco de Previsión Social es un instituto a fortalecer, pero esta consolidación no debería hacerse aumentando la presión fiscal y sí la cantidad de contribuyentes a la vez de disminuir la informalidad que no solo impacta en la competencia desleal, sino también en las arcas de la seguridad social», dijo en declaraciones a La Mañana.
Otro aspecto en la plataforma de la lista 22 es impulsar los derechos de las empresarias mujeres, por ejemplo, los referidos a la licencia durante la maternidad, o sea un beneficio similar al de las trabajadoras.
Villar dijo que la pandemia dejó al desnudo «ciertas injusticias que viven las empresas unipersonales», ya que no tienen ninguna protección de la seguridad social como puede ser el seguro de desempleo. Este punto fue planteado por Anmype a la comisión que se encuentra estudiando la reforma de la seguridad social. El objetivo es que este tipo de derechos (como ser un seguro de desempleo) abarque a monotributistas o microempresarios con hasta cuatro trabajadores.
El presidente de la gremial de pequeños y medianos empresarios sostuvo que otro punto que se piensa impulsar dentro del BPS es la compatibilización de los derechos jubilatorios con el trabajo. «Creemos que es algo que se puede implementar, o sea que un empresario tenga causal jubilatoria, se pueda jubilar y mantenga cierto grado de actividad, aunque sea parcial. De esta manera podrá cobrar el 100% de su jubilación, porque es un derecho adquirido, y a la vez seguir trabajando y realizando sus aportes, lo que le vendría muy bien al BPS, ya que aumentaría su recaudación», manifestó Villar.
Dentro de los problemas que los empresarios han observado en los últimos años, y que se refleja en las finanzas del BPS, se encuentra «un aumento importante en las certificaciones médicas». Al respecto nuestro entrevistado sostuvo que esto impacta «no solo en la empresa, sino en el propio trabajador y en las arcas del BPS».
Asimismo, preocupa el monto anual de las exoneraciones de aportes patronales que no ingresan al BPS. Las mismas se estiman en US$ 200 millones por año. Para Villar se debe realizar «un análisis tranquilo y desapasionado sobre las actividades que tienen este tipo de exoneraciones y ver si realmente mantienen una justificación para la aplicación de las mismas».
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