La sigla PCU que abrevia las mayúsculas del Primer Cártel Uruguayo se identificó por primera vez en 2019, pero la organización se empezó a formar muchos años antes en la cárcel, donde traficantes locales se aliaron con narcos de la región. La Mañana consultó a especialistas sobre el rol de Uruguay en el actual esquema del narcotráfico internacional y qué aspectos debe corregir el Estado.
En agosto de 2019, tras la incautación de 872 kilos de cocaína en el garaje de una casa de Parque del Plata y en el marco de la Operación Varsovia –por la que fueron procesadas tres personas–, los investigadores identificaron por primera vez la denominación de la organización criminal identificada con la sigla PCU, en referencia al Primer Cártel Uruguayo, que siguió apareciendo en distintos cargamentos confiscados los meses posteriores mediante los operativos Zagreb y Bagdad-Bagui. A su vez, el fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, señala a esta organización como la responsable del atentado perpetuado a la Brigada Antidrogas y a la amenaza recibida por parte de la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, en mayo de 2020.
Para entender el surgimiento de este grupo, es necesario comprender el ascenso de Sebastián Marset en el esquema del narcotráfico internacional y recordar la primera gran investigación de drogas en la que estuvo involucrado el joven narcotraficante uruguayo. En 2012, Marset estuvo vinculado a un cargamento de marihuana procedente de Paraguay, aterrizado en un campo de Lavalleja en un avión privado que era piloteado por Juan Domingo “Papacho” Viveros Cartes (tío del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes) quien fue encarcelado por su participación en el traslado. En tanto Marset fue arrestado en octubre de 2013 por organizar un envío similar.
Durante los cinco años que permaneció en el penal La Libertad, se sospecha que Marset hizo contactos internacionales que le permitieron expandir sus negocios. Entre ellos, se cree que desde allí consiguió estrechar lazos con miembros del Primer Comando Capital (PCC), una de las principales organizaciones criminales de la región que surgió en 1993 en las cárceles de San Pablo (Brasil) pero su dominio territorial luego se expandió a diferentes zonas estratégicas de Bolivia, Paraguay y en la triple frontera.
Tras salir de prisión en 2018, Marset estuvo entre Bolivia y Paraguay. En este último estableció su centro de operaciones para el tráfico de cocaína boliviana, a partir de conexiones que afianzó con organizaciones paraguayas y miembros del PCC, que fueron identificadas, primero en Operación Smart y luego en Operación A Ultranza.
Este último operativo (el más grande que se ha realizado en Paraguay) confirmó el rol relevante de Marset en esta nueva estructura montada para el narcotráfico internacional, responsable de al menos cinco grandes cargamentos de drogas provenientes de Bolivia, que se trasladaban a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, para luego viajar por vía marítima hasta el otro lado del océano Atlántico.
En marzo de este año, cuando se emitió la alerta internacional para la captura de Sebastián Marset, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) remarcó que “a diferencia de otras facciones o carteles de la droga, los integrantes de la mencionada asociación se consideran una élite criminal”. Asimismo, la organización antidrogas paraguaya detalló que el PCU es una organización criminal de tráfico de drogas “de alto nivel”, que está conformada por “grandes empresarios de Uruguay”.
Caso como el de Marset evidencian estas cosas que están sucediendo, advirtió Edward Holfaman en diálogo con La Mañana. “Nosotros y gran parte de la región tenemos el problema que los centros de operaciones son las cárceles. Entonces ahí es donde empieza el relacionamiento de los narcos domésticos uruguayos con narcos internacionales”, explicó el experto en seguridad, “ahí es donde se empiezan a generar esos vínculos”. Por eso Holfman hizo hincapié en la clasificación de los presos y en la necesidad de mantener a los narcotraficantes separados, y “más cuando son de países productores” de cocaína como Bolivia, Perú y Colombia, de marihuana (Paraguay).
“Si ponés a un delincuente nuestro que recién se inicia y este ve la posibilidad de contactarse con alguien que puede vincularlo al nivel del tráfico internacional, se va a anexar”, explicó. Agregó que, a cambio, “los delincuentes uruguayos que tienen determinado poder dentro de la cárcel le brindan seguridad durante su estadía”.
Los tentáculos del PCC
No es un dato menor que la tercera parte de los presos extranjeros sean brasileños. El ingreso del PCC a Uruguay es algo que tiene al Estado en alerta desde hace años.
“El PCC lo que hace es aliarse con determinadas personas que pueden colaborar con el envío de cocaína hacia Europa y el PCC necesitaba una línea Uruguay”, explicó Holfman. “La plaza nuestra es chica, pero es funcional al tránsito y acopio de cocaína”.
Según entiende el especialista, “el PCU es un aliado en ese gran vínculo que tiene el PCC con varias organizaciones criminales, que saca la droga a través de la hidrovía, y Marset está inmerso, o está facilitando ese negocio al PCC, con contactos y conocimiento de todo tipo en Uruguay, a nivel empresarial, productivo”, que son los que “le facilitan que el PCU que las avionetas lleguen y salgan”, explicó Holfman.
“Marset montó un gran negocio y el PCC es como un fondo de inversión, y después tiene una cantidad de empresas asociadas. (…) Marset es una de las tantas alianzas que tiene el PCC, y es funcional a la logística del PCC y de la mafia calabresa”, aseveró.
Si bien Marset “conoce mucho la logística de Uruguay y la hidrovía”, el experto cree que este es “un eslabón más de esa cadena” entre el PCC y la ‘Ndrangheta italiana. Mientras el primero es el dueño de la mayoría de la droga producida en Bolivia, el segundo se encarga del envío final hacia los diferentes puertos europeos y africanos.
¿Cómo combatir al gran narcotráfico desde Uruguay?
“Estamos teniendo un problema” pero “tenemos un velo que no nos permite verlo”, expresó Hoffman. El experto en seguridad sostiene que no se puede atacar al narcotráfico si solo se tiene el 45% del cielo radarizado, mientras que en el otro 55% no se sabe “lo que pasa”, porque hay unas 800 pistas irregulares que la Fuerza Aérea detectó en 2018, detalló. Además, “tenés el km cero de la hidrovía que es el puerto de Nueva Palmira, sin escáner; y en el puerto de Montevideo, el escáner cada dos por tres se rompe”, dijo.
Como Estado “tenemos que estar con todas las alertas y la inteligencia adecuada para prevenir esto”, porque “no estamos vacunados para este tipo de cosas”, advirtió Hoffman.
Consultada por La Mañana, la Dra. Martha Valfre, manifestó que Uruguay debería reforzar los controles de salida y entrada del Uruguay, además de adquirir “más escáneres en puertos y aduanas”. “Uruguay tiene fronteras permeables, pero esto no puede ser excusa para no ajustar mecanismos de control”, indicó la abogada.
“Si bien el ingreso de bienes de consumo de países vecinos por beneficios en costos puede ser de interés de los comerciantes, entiendo que el control del ingreso de estupefacientes debe ser prioritario”, expresó la especialista en criminalística.
Por su parte, el sociólogo Rafael Paternain concordó en que hay que empezar por “controles efectivos de fronteras y puntos de ingresos”, pero sobre todo “los mecanismos de evitación para el lavado de activos”. “El problema más grueso está allí”, advirtió. No obstante, explicó que “el partido más importante se juega a nivel global”.
“Hasta que no haya un cambio radical y estratégico en las políticas de drogas, los países serán rehenes de sus principales consecuencias”, alertó Paternain. Añadió que “la agenda internacional del país en ese sentido es poco arriesgada y afín al modelo prohibicionista, que ha sido una catástrofe para el continente”.
Extradición y suicidio
El 26 de agosto, Brasil aprobó la extradición a Uruguay de Rodrigo Fontana Ferreira, narcotraficante argentino, sospechoso de formar parte del PCU, y requerido en nuestro país por tráfico de drogas, armas y explosivos entre Uruguay, Brasil y Paraguay, así como por amenazas a la fiscal Ferrero y el ataque a la Brigada Antidrogas en 2020. Fontana Ferreira es indicado como hombre de confianza de Marset en la triple frontera. La indagatoria de la Justicia brasileña determinó que el argentino había viajado desde Paraguay a Punta del Este con documentación falsa, antes de trasladarse a Brasil, donde fue finalmente detenido en una finca de Santana do Livramento.
Por otro lado, en la cárcel de Punta Rieles fue hallado muerto el narcotraficante Pablo Pedro Invernizzi (presuntamente un suicidio). Invernizzi había sido detenido días atrás cuando intentó ingresar al país, desde Argentina, un cargamento de 85 kilos de pasta base de origen boliviano, que pretendía acopiar y distribuir en el territorio. Él había sido socio de Marset en el fallido traslado de 172 kilos de marihuana en octubre de 2013, delito por el que ambos estuvieron presos durante varios años.
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