En junio la OIT incluyó a Uruguay en la “lista negra” para analizar su situación en la Comisión de Aplicación de las Normas. ¿Cuánto afecta al país esta decisión?
Esta decisión más que una sanción económica o punitiva es más bien moral. Creo que Uruguay no debió haber estado en la lista porque en esa lista hay una cantidad de países que realmente no cumplen ninguna norma jurídica laboral. También creo que Uruguay no ha hecho los esfuerzos necesarios, y particularmente me refiero al gobierno, para poder atender los cuestionamientos de las cámaras empresariales en relación a la ley de negociación colectiva.
Por tanto, creo difícil que antes de diciembre se pueda presentar un proyecto de ley modificativo de la Ley 18.566 que prevé la negociación colectiva en el ámbito privado, pero creo que hay deberes indispensables que se van a tener que realizar en el próximo gobierno.
¿Por ejemplo?
Hablo de la defensa y protección de los trabajadores que no están afiliados, de darle mayor fundamento a la confidencialidad de las empresas en su apertura de negocios hacia los trabajadores para determinar y explicar por qué se puede producir una reestructura y que la explicación de la empresa o cadena productiva sea racional, objetiva y sea mantenido en el ámbito de reserva de la negociación colectiva.
Hay una circunstancia que no es menor que es el lenguaje inadecuado que muchas veces el movimiento sindical hoy tiene y la falta de respeto en ciertas expresiones cuando hay una negociación colectiva. Esto implica un cambio de idioma y de paradigma, dejar el nivel de negociación confrontativo por uno con mayor respeto que logre comprender que si no hay una empresa, no hay trabajo. Partiendo de esa base se deben respetar los derechos fundamentales de cada una de las partes.
También hay que analizar aspectos que tienen que ver con la regulación de la ocupación, es decir, cuándo es que se llega a una ocupación. Porque lo que más preocupa hoy al empresariado uruguayo es la falta de garantías jurídicas cuando acontece una ocupación y se va a un sistema de judicialización de los conflictos colectivos de trabajo, que no es lo que conviene. Tradicionalmente en el Uruguay no se judicializó nunca un conflicto colectivo y los jueces en la acción de amparo, que es civil, no conocen lo que es el Derecho Colectivo.
Un elemento importante es la forma en que hoy se produce una ocupación. En el pensamiento laboral cuando se agota una medida sindical se va desde la proporcionalidad a la gradualidad y paulatinamente las decisiones de los colectivos van aumentando en cuanto no hay respuesta a las reivindicaciones. ¿Qué es lo que se está viendo hoy? La patología, se va primero a la ocupación y posteriormente no queda ninguna otra medida.
La ocupación de la planta de Friopan en mayo desató un debate sobre estas situaciones. Desde el PIT CNT han manifestado su preocupación por fallos en la justicia civil que limitan la ocupación. ¿Cuál es su opinión?
Uno cuando ve un conflicto colectivo en la prensa es difícil que pueda opinar sin conocer la causa. Sí parece, por lo que ha surgido, que la actuación sindical no fue la más adecuada. Incluso, uno de los elementos principales que se establece en los convenios colectivos es la protección de la materia prima y en este caso no fue motivo de protección. Parece ser también que o el empleador no supo expresar qué era lo que iba a pasar o el sindicato decodificó mal la información adoptando como primera medida la ocupación y no cuidando la materia prima. Estas situaciones son justamente las que hay que proteger en el ámbito del Derecho Colectivo. Esto le hace mal al empleador y al movimiento sindical. Muchas veces las decisiones de los trabajadores no protegen el trabajo, atentan contra el trabajo.
Según el Informe de Conflictividad Laboral que elabora la Universidad Católica, luego del mes de junio que fue el de mayor conflictividad de 2019 se percibe una tendencia a la baja en la intensidad. Sin embargo, este miércoles 28 habrá paro general convocado por el PIT CNT. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la conflictividad?
Hoy lo que sucede en el ámbito sindical o de las relaciones laborales es la desconfianza. El movimiento sindical tiene una profunda desconfianza de qué va a suceder con el próximo gobierno, si van a haber Consejos de Salarios, si se van a derogar normas y conquistas sindicales, entonces están tomando medidas “por las dudas”. El paro es “a favor del trabajo y de la negociación colectiva”, por tanto ya están presumiendo lo que los actores políticos pensarían hacer. Es un ejercicio del derecho de huelga yo diría que un poco abusivo.
Los Consejos de Salarios vinieron para quedarse porque es una ley y hay que cumplirla. Y además la diferencia con los de 1943 es que en aquel régimen era optativo y aquí se instauró la obligatoriedad, por tanto habría que modificar la ley, si bien está el Consejo Superior Tripartito que es un órgano político que puede determinar el tipo de normas.
¿Qué opina de la negociación con UPM2 en materia laboral y el acuerdo marco firmado?
De la negociación con UPM2 poco sabemos. Sí sabemos que hubo un decreto del 15 de julio que dictó el Poder Ejecutivo estableciendo algunos lineamientos en materia de prevención de conflictos y cláusulas de paz. Creo que es totalmente absurdo e inapropiado su dictado porque lleva a descreer de la utilidad de las cláusulas de paz que tienen los convenios colectivos hoy vigentes de las ramas tanto del SUNCA como de la UNTMRA. Era totalmente innecesario, salvo que hubiese una condición que desconozco en el ámbito del contrato que suscribió el Estado uruguayo con UPM. Pero parece desafortunado porque entonces todas las empresas deberían tener el mismo derecho.
Recientemente se conoció que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) acumuló entre 2017 y 2018 pérdidas por casi 20 millones de dólares. ¿Cuán dañado queda este instrumento?
Esa investigación de ser cierta realmente preocupa mucho porque uno de los elementos fundamentales en el desarrollo del trabajo a futuro es la capacitación. Si esos números son verdaderos, así como los salarios que perciben sus directores, se daña al sistema de capacitación y de formación profesional. Lo que implica, si además hubo préstamos mal dados, que debería hacerse una auditoría a la brevedad, es decir, ya mismo. INEFOP es un instrumento valiosísimo para determinar por dónde viene ese futuro del trabajo que todavía no sabemos si va a ser con máquinas, con plataformas digitales, etc.
Estamos en año electoral, ¿cómo ve el debate sobre el trabajo en los candidatos y en los programas?
Sinceramente yo no he visto debates. Es un tema que se trata de soslayar el tema de las relaciones laborales. Se ha instalado que o se mantienen todas las normas de este gobierno o volvemos al año 1990, cuando no había negociación colectiva. Y eso es falso, porque aquel era otro sistema, otra economía, otra la apertura comercial respecto al sistema laboral que ahora habrá que reconstruir. La aplicación del convenio 98 de la OIT habla de que todas las resoluciones adoptadas por los actores del trabajo en una negociación colectiva deben ser tomadas con el criterio de la legalidad. Hay que profundizar en ello. Quizás también habría que analizar las elecciones internas en los sindicatos, pensar cómo hacer los desalojos ante una ocupación con mayor rapidez, normas más claras sobre la rescisión de convenios colectivos que está previsto en la ley y no se ha hecho remitiéndose a la justicia laboral.
Y el otro gran tema es la seguridad social, que es de lo único que he visto hablar a los candidatos, de su reforma y ponen como variable solo la edad. Efectivamente el próximo gobierno va a tener que analizar el futuro de la seguridad social en el Uruguay sobre todo porque hoy se vive más cantidad de años y el otro aspecto es que hoy un trabajador joven va a pasar por 15 o 20 trabajos antes de llegar a la edad jubilatoria y eso implica que el sistema tenga que ser más abierto.
