Desde hace tres años, las pensiones de Montevideo han alcanzado un pico de clausuras pocas veces visto, según indicó a La Mañana, Daniela Mussetti, jefa de Espectáculos Públicos y Alojamientos de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). Informó que existen 173 pensiones abiertas, 60 cerradas y 26 clausuradas. Por su parte, Facundo Pérez, responsable del Servicio de Convivencia Departamental de la IMM, sostuvo que se espera aumentar la oferta de estos recintos para descomprimir la situación y evitar que el pico de clausuras aumente.
Pero las circunstancias del mercado y situaciones edilicias no son el único problema, sino también la discriminación y abuso de autoridad que sufren, en muchos casos, quienes se hospedan. Leonardo Fossatti, integrante de la Fundación de amigos de migrantes Idas y Vueltas, y del núcleo de estudios migratorios de la Facultad de Humanidades del departamento de Antropología Social, detalló a La Mañana la visión de las pensiones desde dentro, y qué expresan quienes viven la situación en primera persona.
Recientemente se realizó el noveno encuentro de migraciones y ciudadanía, donde por tercera vez consecutiva se dialogó sobre el tema de la vivienda. Desde hace tres años, el Núcleo de Estudios Migratorios y de Movimientos de Población se encuentra trabajando con las autoridades planteándoles las dificultades que tiene la población migrante en materia habitacional y de acceso.
En entrevistado explicó que para ingresar a una pensión solo se necesita el dinero, entonces los migrantes que están vulnerables y no tienen documentación para poder garantizarse otra forma de vivienda, acuden a una pensión. “Las pensiones hoy son un negocio muy rentable, porque la demanda crece, además la regulación es nebulosa y no le permite a las autoridades competentes tomar medidas fuertes contra el abuso sistemático”, explicó.
Añadió que no solo existen irregularidades a nivel económico, sino que también situaciones de hacinamiento, de mala higiene, sin servicios sanitarios acorde, edificios en peligro de derrumbe o que no se conoce la situación jurídica de las fincas. “Operan al margen de la legalidad muchas veces, a la mayoría con las que Idas y Vueltas ha trabajado, les hemos hecho seguimientos y denuncias. Además se dan también situaciones de violencia, racismo y xenofobia. Hay mujeres con hijos que no pueden acceder porque no los aceptan, ya que no podrían echarlas si tienen un menor a cargo”, detalló.
Fossatti dijo que es necesario pensar en el enfoque de las pensiones, ya que fueron creadas para personas en situación de calle, pero hoy eso ha cambiado porque los principales destinatarios ya no son las personas indigentes. “Nosotros no les damos soluciones únicamente a los migrantes, pero la situación de ellos es la que hace más complicada la vulnerabilidad. Hay que pensar en toda la población, pero de cara a que este negocio está destinado mayoritariamente al usufructo de los migrantes”, subrayó.
“La solución debería ser colectiva”
El nuevo reglamento de pensiones aún se encuentra en estudio, y en referencia a esto, el integrante de Idas y Vueltas, fue crítico al referirse al tratamiento y elaboración del mismo. “No podés pensar solo, no es la solución. Ninguna de las autoridades vivió en una pensión, entonces no tienen idea de lo que es”, sentenció. “Yo hablo todos los días con personas que viven en pensiones y han manifestado querer participar y aportar a las soluciones, son ellos quienes tienen claros los problemas. La solución debería ser colectiva, porque es raro gobernar para alguien que no tiene representatividad en el proceso”.
Fossatti dijo que a veces las competencias de la IMM son muy pocas, “solo intiman pero no se encargan de controlar el abuso de las tarifas, de la violencia, y no hay manera de hacerlo actualmente”. La IMM observa las condiciones edilicias necesarias para funcionar, controla los baños, las habitaciones y demás. “A veces ven otras situaciones y quieren actuar pero tienen que adecuarse a sus limitaciones y no pueden ir más allá de la ordenanza municipal”, relató.
El entrevistado aseguró que muchas veces los migrantes optan por vivir en pensiones porque llegan a un país nuevo, con una sociedad “estructuralmente racista” y vienen de países racializados, “es lógico que quieran ir a vivir con personas de un contexto similar al de ellos. Es la misma lógica de los uruguayos cuando se van a otro país”. Enfatizó en el hecho de que “no se puede condenar esa forma vida por ser la que ellos eligen, porque muchas otras veces es la única forma de acceder a una vivienda”.
La cédula en nuestro país, es un común denominador a toda la población. Una persona que no tiene documento, no puede vincularse con el Estado y esto implica que teniendo el dinero para una garantía no pueda iniciar el trámite. “Cuando se plantean este tipo de cuestiones es cuando empezamos a ver problemáticas que tenían un velo, hay problemas que fueron tapados, como la vivienda, el racismo y el nivel de desigualdad”, aseguró Fossatti.
Ampliar la oferta de pensiones
En lo que refiere al nuevo proyecto de regulación de pensiones, Facundo Pérez explicó que está elaborado, y se encuentra en estudio en la División de Edificaciones, luego irá al sector de jurídica para ser enviado a la Junta Departamental, “pero hay acuerdo en general de que las modificaciones propuestas son adecuadas”, sostuvo.
Según el responsable, el plan de esta reforma es ampliar la oferta, para que haya más disponibilidad de vivienda que sean transformadas en pensiones, ya que muchas están en mal estado. El mínimo de habitaciones que debe tener por ley una pensión son 10, y las casas más antiguas de la ciudad son las que cumplen con este requisito.
El mantenimiento de las fincas es caro, e incluso algunas no tienen soluciones posibles a sus problemas edilicios. “Entonces la idea es bajar las exigencias y que ingresen al mercado casas más modernas”, dijo Pérez. En resumen, la idea es aumentar la oferta para descomprimir y que las personas puedan acceder a mejores viviendas.
“Permitir el alquiler por cama empeora el hacinamiento”
Mussetti explicó que el pico de clausuras se debe a las condiciones habitacionales. “Las pensiones siempre fueron un lugar complejo. El tema vivienda en Uruguay es complicado, acceder a una garantía también y ahora se sumó la situación migratoria. Los migrantes no acceden a garantías y terminan en pensiones, por eso están sobrepobladas, y todo lleva a que el lugar se deteriore”, detalló.
Este tipo de establecimientos reciben a un gran número de gente, dejando de lado, muchas veces, las reparaciones de los problemas. También ingresan más personas de las que tiene capacidad el local, por ejemplo, dentro de una misma habitación no está prohibido el alquiler por cama, y si bien hay un metraje a respetar, eso no sucede siempre. “El hecho de que esté permitido el alquiler por cama empeora aún más el hacinamiento”, dijo la entrevistada.
Explicó que se trata de evitar la clausura, ya que, por un tema social, no se puede clausurar y desalojar a todas las personas. Si se va a clausurar, se hace un registro de la población flotante de ese momento, y se prohíbe el ingreso de personas nuevas. “Solo podemos desalojar en casos de emergencia, por temas edilicios. Pero la idea es ir intimando hasta llevarlo a la regularización”, detalló.
A nivel nacional existe la ley 18.283 de registro y funcionamiento de pensiones, que implica, dentro de la Intendencia, que el servicio de Convivencia Departamental fiscalice y ordene el cumplimiento de la documentación, conservación, mantenimiento e higiene de las pensiones, así como también dar la habilitación comercial.
La IMM posee un cuerpo de inspectores que cada 30 días se presentan en las pensiones, y señalen las reparaciones o gestiones que se deban hacer, para ello se les da un plazo de 30 días más. Luego se vuelve al lugar y si eso no se subsanó, se sanciona. “Primero se intima, si no cumple, se sanciona con una multa, y llegando a un límite en que no cumple lo establecido, se llega a la clausura”, explicó Mussetti.
