Ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, presentó el presupuesto quinquenal 2025-2029.
En su exposición, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, destacó el delicado equilibrio que Uruguay, como pequeño país abierto al mundo, debe mantener entre la soberanía macroeconómica y las reglas del comercio internacional. Subrayó la singularidad del marco fiscal uruguayo, afirmando: “Uruguay es un país curioso a nivel fiscal; no existen casos en el mundo, que yo conozca, por lo menos, de presupuestos quinquenales.” A diferencia de los presupuestos anuales comunes a nivel global, el ciclo presupuestal de cinco años de Uruguay permite una visión de mediano plazo. Aunque inicialmente lo consideraba un resabio de economías planificadas, Oddone cambió de perspectiva y ahora lo ve como “un excelente ejercicio, porque permite tener una mirada de mediano plazo, permite ordenar expectativas, permite generar un debate como el que estamos iniciando hoy”.
Este enfoque “facilita alinear la política fiscal con objetivos económicos de largo plazo, pero exige un manejo cuidadoso para evitar sanciones internacionales o inclusiones en listas restrictivas”. A este respecto, señala: “Tenemos que jugar en un delicadísimo equilibrio en la gestión de la política económica que pretende, por un lado, mantener aspectos sustanciales de los temas soberanos, de la soberanía de la política macroeconómica y de la política económica y, por otro, combinarlos con el hecho de que vivimos integrados a una comunidad”.
Antes de explicar cuáles eran las bases del Presupuesto, el ministro se refirió a la presión fiscal. Se consideraba por el gobierno anterior que el déficit para este año sería del 2,8% del PIB y llegó a 4,1%. “Yo dije en campaña que los ingresos tributarios, que la presión fiscal no iba a aumentar, y la presión fiscal está aumentando. Eso está ocurriendo. Yo me hago cargo de eso. Yo dije que no iba a ocurrir y está ocurriendo”. Justificó esta decisión como necesaria para evitar problemas mayores, priorizando la credibilidad del plan fiscal: “El ser incoherente con lo que dije era lo que menos me preocupaba. Porque si, pretendiendo ser coherente con lo que dije, yo no hacía lo que tengo que hacer, estamos en un gran problema, todos los uruguayos están en un gran problema”.
La exposición global
Uruguay, como economía pequeña y abierta, depende significativamente de las relaciones internacionales, dijo el ministro. Para ejemplificar, destacó: “Uruguay tiene como principal socio comercial en bienes a China; como principal socio comercial en servicios a Estados Unidos, y pertenece a una región donde hay dos economías muy grandes como Argentina y Brasil. Además, el principal origen de las inversiones extranjeras es la Unión Europea”. Esa combinación “da una riqueza extraordinaria de diversificación de riesgos, pero al mismo tiempo muestra que Uruguay tiene una alta exposición a las relaciones internacionales y, por lo tanto, es muy sensible a las cosas que estén ocurriendo a nivel global”.
En este contexto, el equipo económico proyecta un dólar débil a nivel mundial, lo que implica “un escenario de dólar barato” y precios de commodities no tan altos como durante el boom de la década pasada. Además, el entorno financiero es más restrictivo debido a mayores costos de financiamiento en comparación con las primeras dos décadas del siglo XXI. Sobre los vecinos, Oddone señaló: “Brasil está registrando una tasa de crecimiento moderado” del orden del 2%, mientras que Argentina enfrenta “una consolidación de una situación de virtual estancamiento”, con alta inflación y baja confianza para inversiones de mediano y largo plazo.
La estrategia fiscal
El ministro sostuvo ante los legisladores: “Vamos a incorporar metas explícitas sobre la estabilización de la deuda. Nosotros queremos poner la atención en la deuda. La deuda es la variable más relevante sobre la cual podemos evaluar la política fiscal”. Esto es debido a que “si la deuda no tiene una trayectoria estable, tiene alta probabilidad de ingresar a una trayectoria default” y lo sintetizó indicando que “la deuda es el faro que va a guiar a toda la política fiscal”. Por eso se va a introducir un concepto denominado “límite de deuda” y “ancla de deuda”. “La política fiscal tiene que estar mirando todo el tiempo el ancla, que es el ancla de deuda”, dijo Oddone. Para este período de gobierno toda la política fiscal va a girar a que un ancla de deuda del gobierno central más BPS no puede superar el 65 % del PIB. “Ese es el ancla de decisión de toda la programación financiera y de toda la programación fiscal que nosotros tenemos”, señaló. La deuda se encuentra aproximadamente en un 61% del PIB.
El conductor de la economía uruguaya dijo que “este gobierno no fue electo para hacer un corte del gasto público… la gente votó en Uruguay la agenda de un gobierno de izquierda que no suele hacer un ajuste fiscal por el lado del gasto”, agregando que el equilibrio fiscal vendrá por los ingresos.
El Presupuesto plantea una “convergencia moderada” hacia un equilibrio presupuestal primario, con un déficit proyectado para 2029 del 2,6% del PIB, equivalente a lo que se debe pagar por intereses de la deuda. Esto implica una mejora de 1,5 puntos del PIB desde un déficit inicial del 4,1%. Para 2025, las necesidades de financiamiento ascienden a US$ 6300 millones, con un endeudamiento neto de US$ 3414 millones. Un detalle es que el déficit primario (o sea antes del pago de intereses de deuda) es de US$ 1345 millones para este año y el gobierno anuncia que será de solamente 3 millones de dólares para 2029, pasando de un déficit fiscal gobierno central más BPS del 4,1% del PIB al 2,6% al final del período (que son los intereses).
Para lograr esta convergencia, el gobierno propone dos vertientes: aumentar la eficiencia de la Dirección General Impositiva (DGI) y nuevas iniciativas tributarias.
Los nuevos tributos incluyen el impuesto global a las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros, con lo cual se podrían recaudar US$ 360 millones a partir de 2027, y un impuesto a los dividendos para empresas uruguayas de accionistas o socios del exterior que aportarían US$ 120 millones desde 2027.
Eso totaliza los US$ 480 millones, que son el 80% de los impuestos que de no pagarse en Uruguay se pagarían en otro país. Por otro lado, hay impuestos a ganancias por acciones que uruguayos compran en el exterior, con lo cual se recaudaría US$ 55 millones por año. El denominado “Impuesto Temu-IVA” a compras por internet está previsto que recaude US$ 40 millones anuales y otros ingresos de US$ 25 millones por “cambios menores”. Todos estos nuevos impuestos totalizan una recaudación de US$ 600 millones anuales, que representan el 0,75 % del PIB.
Oddone también comentó que la inversión pública total para el período de gobierno es de aproximadamente US$ 14.840 millones, incrementándose en US$ 7449 millones con respecto al anterior período. Dentro de ellas, en transporte y logística, por US$ 2000 millones; desarrollo territorial y movilidad urbana, por US$ 380 millones; agua, riego y saneamiento, por US$ 540 millones; infraestructura en salud, por US$ 150 millones; y seguridad US$ 100 millones.
El Presupuesto asume un crecimiento económico promedio del 2,4% para el quinquenio, una estimación que el ministro defendió como robusta. “Tomamos la mediana de las expectativas a cinco años de crecimiento económico que reporta el Banco Central, y eso da en el orden que estamos diciendo nosotros: 2,4%.” Esta proyección, según sus comentarios, se alinea con el crecimiento potencial de Uruguay, estimado en 2,3%, y es más conservadora que el 2,8% proyectado por la administración anterior para 2023-2028.
Respondiendo a críticas sobre el optimismo de estas proyecciones, Oddone aclaró “la economía uruguaya estuvo efectivamente estancada entre 2015 y 2019… pero el período 2020-2024 está caracterizado por un crecimiento mayor, pero con dos eventos agudos en el medio que no permiten extraer un crecimiento promedio robusto: un efecto pandemia y un efecto sequía”. Por ello, considera que el 2,4% es una estimación plausible y no ilusoria.
Cuestión de soberanía
Uno de los puntos que más se ha cuestionado es un artículo que permitirá a la DGI poder acceder a información bancaría y de transacciones de las personas o empresas. Sobre este punto dijo que se trataba de un planteo de la OCDE, o sea autorizar a la DGI a acceder a información financiera para responder requerimientos internacionales. Uruguay enfrenta un “mundo de resignación de soberanía”, según Oddone, donde debe cumplir con reglas internacionales, ya que “no podemos convertirnos en un país autárquico porque hay reglas globales en las que somos parte de cómo se definen, pero no las definimos”. Aclaró que la DGI “solo va a poder hacer una solicitud cuando presuma, de manera fundada y por objetivos claros, que hay una presunción de evasión” y se deberá contar con la autorización del Banco Central. No obstante, aclaró a los legisladores que la palabra final sobre si este controvertido artículo será aprobado o no, la tendrá el Parlamento.
