El Ministerio de Educación y Cultura presentó dos anteproyectos clave: la creación de la Universidad de la Educación y la ampliación de la participación en la ANEP. Ambos textos buscan transformar la gobernanza educativa, jerarquizar la formación docente con un enfoque en la autonomía, el cogobierno y el vínculo con el mundo del trabajo. Las propuestas apuntan a democratizar y profesionalizar la educación uruguaya. El desafío ahora será lograr los consensos parlamentarios necesarios para su aprobación.
El MEC presentó dos anteproyectos clave: la creación de la Universidad de la Educación (UNED) y la ampliación de la participación en Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La apuesta es fortalecer el sistema educativo con más democracia, formación y vínculo con el mundo del trabajo.
Apenas cinco meses después de asumir, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, presentó públicamente dos de los proyectos más relevantes de la agenda educativa del actual gobierno: la creación de la UNED y el anteproyecto de ley para la ampliación de la participación en la ANEP. Según sostuvo el propio ministro, estas iniciativas “materializan dos proyectos fundamentales” comprometidos al inicio de la gestión y se proponen responder a desafíos estructurales del sistema educativo uruguayo.
La presentación contó con la participación de parlamentarios, autoridades del MEC, representantes gremiales, expertos en formación docente, así como de la exministra María Simón. Se trató de una apuesta política y técnica que apunta a recuperar el prestigio del rol docente, fortalecer los mecanismos de gobernanza democrática y vincular de forma más eficiente la educación con las necesidades del país.
Una universidad para fortalecer la profesión docente
El proyecto de creación de la UNED establece un nuevo marco institucional para la formación terciaria docente, con el objetivo de consolidar un sistema universitario robusto, autónomo y de calidad. Según el texto, esta nueva universidad adquiere “una especial relevancia frente a los desafíos actuales que enfrenta la formación educativa en el país” y se posiciona como pieza clave dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema Nacional de Educación Terciaria.
La propuesta define una estructura académica y de gobernanza compuesta por un Consejo Directivo Central, un Rectorado y una Asamblea General integrada por docentes, estudiantes y egresados electos por sus pares, promoviendo así el principio de cogobierno. El anteproyecto también establece que la UNED otorgará títulos universitarios de grado (licenciaturas), de posgrado y pregrado, promoviendo una formación capaz de generar conocimiento crítico e innovador.
Uno de los aspectos más destacados es que la UNED no solo se enfocará en la formación inicial de maestros y profesores, sino que también podrá brindar formación continua y actividades de investigación, ampliando significativamente el rol de las instituciones de formación docente en el país. Asimismo, se prevé una activa articulación con otras instituciones del sistema, integrando propuestas académicas y colaboraciones tanto a nivel nacional como internacional.
Participación y democracia educativa: el eje de la reforma en ANEP
El segundo anteproyecto presentado busca ampliar y fortalecer la participación en los órganos de conducción de la ANEP. Retoma principios fundamentales de la Ley General de Educación N.º 18.437, especialmente en su reconocimiento del derecho a la educación como un derecho humano fundamental, y lo traduce en mecanismos de gobernanza más democráticos y abiertos a la comunidad.
Según el texto, en los últimos años la participación de docentes, estudiantes y familias fue debilitada bajo el argumento de ganar en eficiencia de gestión, lo que implicó un funcionamiento más vertical y limitado en instancias de consulta. El nuevo proyecto propone cambiar esa lógica: jerarquiza la voz de los actores educativos, busca crear instancias de cogobierno y refuerza el compromiso con una educación pública participativa.
Uno de los elementos centrales del anteproyecto es la restitución de los Consejos de Educación (Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico-Profesional), reemplazando la figura de las Direcciones Generales. Estos consejos estarán integrados por tres miembros: dos designados por el Consejo Directivo Central (Codicen) y uno electo por el cuerpo docente, asegurando representación directa de los trabajadores de la educación. La Corte Electoral estará a cargo del proceso electoral, asegurando transparencia.
El proyecto también contempla la creación de comisiones consultivas con participación de estudiantes, familias y funcionarios, adecuadas a cada nivel educativo. En el caso de la UTU, se propone incorporar representantes de sectores productivos, instituciones públicas y privadas, trabajadores y empresarios, generando un vínculo estrecho entre la formación técnica y el mundo del trabajo.
Un sistema más articulado y con mayor desconcentración
Ambos anteproyectos coinciden en un punto clave: la necesidad de articular mejor las estructuras educativas y descentralizar decisiones, preservando al mismo tiempo la coherencia del sistema. En el caso de la ANEP, se definen claramente los cometidos del Codicen, que se enfocará en las líneas generales, la planificación presupuestal y la supervisión, mientras que los Consejos de Educación tendrán mayor margen para decidir sobre planes de estudio, organización y gestión del personal.
Este rediseño apunta a respetar las peculiaridades de cada subsistema, evitando rigideces y mejorando la pertinencia de las decisiones. El artículo 5 del anteproyecto de participación en ANEP, por ejemplo, especifica que los consejos podrán aprobar sus propios planes de estudio y programas, los cuales serán luego homologados por el Codicen. También podrán proponer normas estatutarias, realizar designaciones y tomar decisiones de gestión.
El proyecto enfatiza que “cualquier reforma, transformación –curricular, institucional u organizativa– debe contar con el involucramiento de quienes intervienen en el proceso de enseñar y de aprender”, una concepción ampliamente respaldada por la literatura pedagógica y por organismos internacionales como Unesco, que ha llamado a “valorar la voz docente hacia un nuevo contrato social por la educación”.
Un desafío político y parlamentario
Ambas iniciativas requieren una mayoría especial de dos tercios en el Parlamento para su aprobación. Sin embargo, el ministro Mahía se mostró optimista y reafirmó la voluntad del gobierno de dialogar ampliamente. “Vamos con el espíritu más amplio a la hora de lograr acuerdos”, dijo durante la presentación.
El camino parlamentario no será sencillo, especialmente en un contexto de debate sobre la autonomía de la educación, el rol del Estado y la participación social. Pero el respaldo técnico, el consenso entre actores del sistema educativo y el cumplimiento del compromiso de campaña otorgan una base sólida para el debate.
Hacia un nuevo pacto educativo
La creación de la UNED y la ampliación de la participación en la ANEP constituyen pasos concretos hacia un nuevo modelo educativo, más democrático, profesionalizado y vinculado a los desafíos contemporáneos. Ambos proyectos reconocen que la mejora de la educación pública no puede lograrse únicamente con más recursos o nuevas normas, sino que requiere construir confianza, empoderar a los actores del sistema y generar mecanismos efectivos de escucha y diálogo.
En un momento en que el país discute el futuro de su matriz productiva, el rol de la ciencia, la inclusión y la equidad, la educación vuelve a ocupar un lugar central. Estas propuestas reflejan una visión que entiende que formar docentes es tan estratégico como formar médicos o ingenieros, y que una educación de calidad solo puede sostenerse si se construye desde la base, con participación, autonomía y compromiso.
