Finalmente, el Ministerio del Interior presentó las líneas generales de lo que será el Plan Nacional de Seguridad Pública. Se busca así enfrentar el principal problema que afecta hoy a los uruguayos, según lo confirman todas las encuestas.
El referido plan surge a partir del denominado Diálogo por la Seguridad Pública, convocado hace unos meses por el gobierno, en el que Cabildo Abierto participó activamente. Y participamos a pesar de que siempre lo más cómodo es hacer lo que hacen muchos: cruzar a la vereda de enfrente y ponerse a tirar piedras, criticar duramente cada acción del gobierno y tratar de capitalizar políticamente cada triste episodio de violencia con los que día a día se alimenta la crónica policial. Es la más fácil, aunque las políticas que se emplean sean las mismas que se aplicaron en el período de gobierno anterior, que tampoco difieren mucho de los períodos anteriores. Nosotros hemos preferido ayudar a enfrentar este problema, es decir, ayudar a los uruguayos, particularmente a aquellos que no tienen recursos y que dependen totalmente de lo que el Estado haga para protegerlos.
Una y otra vez hemos dicho que haciendo más de lo mismo los resultados serán los mismos. Solo variarán por la mayor o menor virulencia del accionar criminal, pero en el fondo no habrá mayores cambios. En este semestre o en el próximo las estadísticas dirán que tal delito bajó un 10%, y que tal otro aumentó un 3%, pero en esencia la realidad no cambia. Seguimos viviendo en una sociedad violenta con guarismos alarmantes que poco a poco nos van colocando entre los países más inseguros de la región. El único delito en el que no puede haber diferencia entre la realidad y lo que se denuncia es, por razones obvias, el de homicidio. La tasa de 11 homicidios por año cada 100 mil habitantes que tiene el Uruguay es casi el doble de la de Perú o Chile y el triple de la de Argentina. Más allá de estadísticas, es evidente que Uruguay dejó de ser aquella isla de seguridad en una región violenta que constituía nuestro mayor atractivo para visitantes, turistas, inversores o jubilados de otras latitudes que buscan tierras tranquilas para pasar el último tramo de sus vidas.
Hemos participado del Diálogo por la Seguridad Pública y hemos aportado ideas. Algunas de ellas, con variantes y parcialmente, fueron tenidas en cuenta, como la propuesta de comisarías de alto impacto para atender la realidad que se vive en determinadas zonas del área metropolitana. Otras, como la del trabajo obligatorio para todos los privados de libertad, siguen sin implementarse.
Y pensamos que ese es un punto sumamente importante. Si no hay rehabilitación efectiva de los presos nunca habrá solución al problema de la inseguridad. Según los números del propio Ministerio del Interior, por lo menos 2 de cada 3 liberados de la cárcel, al haber cumplido su condena, reinciden al poco tiempo. Si consideramos que por mes son unos 900 los que son liberados tenemos que, al no haberse rehabilitado, se están volcando a las calles de nuestro país unos 600 delincuentes, que se suman a los nuevos. Todos los meses. No se necesita mucho análisis para concluir que así el problema del delito no tendrá fin, seguirá imperando el miedo en la sociedad honesta, cada vez tendremos más presos y el sistema carcelario estará cada vez más colapsado.
Tal vez haya mejores formas de rehabilitar a un delincuente, pero nadie puede negarnos que el trabajo es una de ellas. Los presos, en su gran mayoría jóvenes menores de 35 años, generalmente no han tenido oportunidades laborales en su vida y no tienen habilidades para poder salir adelante con el fruto de su trabajo. La mejor oportunidad para generarles hábitos de trabajo y darles la oportunidad de adquirir una habilidad, es sin dudas hacerlos trabajar todo el tiempo que dure la condena. Hábito y habilidad, algo que la vida les ha negado, y tal vez, además, algún dinero producto de su trabajo son imprescindibles para que exista al menos la probabilidad de que no vayan a reincidir en el delito.
En vez de seguir construyendo cárceles, más allá de las necesarias para apartar a los pesos pesados del delito, lo que hay que crear es la infraestructura para que todos los privados de libertad tengan un lugar para trabajar. Talleres que les permitan adquirir un conocimiento que les sea útil una vez que terminen su condena: carpintería, herrería, panadería, talabartería, peluquería, huerta, oficios necesarios en el medio rural, sanitaria, mecánica, etcétera. Puede resultar caro, sí, sin duda, pero mucho más caro es la no rehabilitación. Y no solo por la construcción de nuevas cárceles y todo el presupuesto necesario para su funcionamiento, sino también por el daño que se le infringe a la sociedad en su conjunto.
Enfrentar con políticas serias el problema de la droga en nuestra sociedad y rehabilitar a los presos bajando drásticamente los índices de reincidencia son condiciones sine qua non para recuperar el grado de seguridad que hasta hace no mucho tiempo tuvimos.
Mientras tanto, seguiremos tratando con aspirinas al cáncer que nos está matando…
