exclusivamente desde dentro de la corporación. Casos como el que hemos estudiado plantean ciertos cuestionamientos a la forma en que las sociedades latinoamericanas estamos construyendo actualmente un modelo político, económico y social de relacionamiento entre las grandes empresas y los gobiernos nacionales. Un relacionamiento que tiene derivaciones inquietantes que transcienden al proceso directo de las compras estatales y se relaciona con procesos de lavado de activos. Cuando en la región se comenzaron a delinear estrategias políticas, económicas y sociales afines a una forma de convivencia democrática y republicana, que de cierta forma no ha encontrado todavía formas apropiadas de administrar los equilibrios ente los gobiernos nacionales y las grandes corporaciones, para proteger mejor los intereses públicos, del poder y accionar de esas organizaciones.
El caso Odebrecht, que salió a la luz pública hace casi diez años, reveló una de las tramas de corrupción transnacional más grandes de la historia reciente, centrada en el pago sistemático de sobornos por parte de la constructora brasileña a funcionarios públicos, políticos y partidos de más de una docena de países, principalmente en América Latina, a cambio de obtener contratos de obras públicas. Las compras públicas en Uruguay no muestran señales de corrupción del nivel que maneja Odebrecht, pero hay algunos indicios de que empresas uruguayas desarrollaron operaciones para que los dineros de los sobornos pudiesen canalizarse a los funcionarios que manipularon resultados para favorecer a la empresa. El sistema montado por Odebrecht requiere algo más que la compra de voluntades de los evaluadores. Es necesario canalizar enormes cantidades de dinero para “convencer” a los administradores.
Funcionarios gubernamentales de alto nivel, políticos, y sus intermediarios en más de diez países, utilizaban su influencia para favorecer a Odebrecht. Para que la gigantesca red de sobornos funcionara y el dinero sucio (el soborno pagado por Odebrecht y el beneficio ilegal de la constructora) pareciera legítimo, Odebrecht y los beneficiarios recurrieron a complejos esquemas de lavado de activos. La constructora utilizaba una red de empresas offshore (sociedades creadas en jurisdicciones con baja o nula tributación y secreto bancario, como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, o Uruguay) para canalizar el dinero. Los fondos destinados a los sobornos eran transferidos a estas cuentas offshore bajo el concepto de supuestos contratos ficticios de consultoría, asesoría o servicios, que aparentemente nunca se realizaban. Esto disfrazaba el origen y el propósito real del dinero. La compra de voluntades de los administradores para obtener contratos estatales ventajosos.
Rol diferenciado de Uruguay en el desarrollo de la trama Odebrecht
¿Se puede decir que Uruguay está libre de culpa en estos procesos de compras fraudulentas orquestados por Odebrecht? Hasta la fecha, las revelaciones e investigaciones conocidas y citadas en los medios públicos no apuntan a que Odebrecht haya ganado y ejecutado grandes proyectos de obra pública directamente con el gobierno uruguayo a través de licitaciones corruptas, como ocurrió en otros países. El registro de operaciones en Uruguay se relaciona más con la estructura financiera y legal de la trama de corrupción, facilitando los pagos ilícitos que aseguraron contratos en otros países. Los registros específicos de licitaciones públicas en Uruguay se encuentran en portales como el de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) no muestran procesos manipulados de obras públicas en Uruguay, pero ello no debería generar tranquilidad. La relevancia de las operaciones de Odebrecht en el país está marcada por su rol como guarida fiscal o plataforma de lavado.
Lo primero es entender de las notas precedentes es que Uruguay no es totalmente ajeno a la trama corrupta con las compras públicas desarrolladas por Odebrecht ya que hay indicios de que el país fue utilizado para la creación de sociedades anónimas offshore y el uso de cuentas bancarias que facilitaron el movimiento y blanqueo del dinero de los sobornos de Odebrecht a funcionarios, políticos y empresarios en otros países (como Argentina, Perú, Panamá, entre otros). Varias sociedades instrumentales (“de papel”) utilizadas por Odebrecht para canalizar los pagos ilícitos, estaban registradas o tenían su sede operativa en Uruguay (a menudo en escritorios ficticios en Montevideo). Así aparece otra parte de la trama desarrollada por Odebrecht para hacer posibles sus operaciones. Nos referimos a la forma de canalizar importantes sumas de dinero a operadores ocultos para favorecer adjudicaciones de obras públicas en varios países a la empresa.
Uruguay no fue un destino de los sobornos, sino una plataforma de tránsito y blanqueo que le dio apariencia de legalidad a los fondos ilegales de Odebrecht, especialmente para pagos a políticos y funcionarios de otros países, como Argentina, Brasil o Ecuador. No obstante, se puede sostener que el papel de Uruguay en la trama corrupta de Odebrecht fue crucial, aunque el país no fue un receptor directo de grandes proyectos de infraestructura financiados con sobornos como otros de la región. En cambio, Uruguay funcionó como un centro de operaciones clave para el lavado de activos, proveyendo de agentes para desarrollar la ramificación financiera necesaria para el esquema de corrupción. Los sobornos eran canalizados mediante la creación de una compleja red de sociedades instrumentales y empresas de fachada, a menudo gestionadas desde estudios jurídicos y contables uruguayos.
Las actuaciones de ciertas organizaciones colaterales aparentemente accesorias no se pueden minimizar. Sin ellas el circuito de limpieza para usar los activos generados en compras estatales en que se vio beneficiada Odebrecht en actividades legales se vería interrumpido. Las actuaciones mencionadas para reintegrar recursos al circuito financiero han requerido asesoramientos profesionales para poder desarrollarse. Hay indicios de la participación de profesionales uruguayos (abogados, contadores, exdirectivos de bancos) que habrían actuado como piezas clave en la creación de estos entramados societarios y en las transferencias de los sobornos. Aparentemente Odebrecht pagó sobornos que se canalizaron a través de Uruguay para beneficiar a personas y funcionarios de otros países. Por ejemplo, el país apareció en la investigación sobre sobornos pagados en Argentina.
El caso fue destapado por la Operación Lava Jato en Brasil y se amplificó gracias al acuerdo de colaboración y delación compensada que Odebrecht firmó con el Departamento de Justicia de EE. UU. y las autoridades de Brasil y Suiza en el año 2016. En este acuerdo, la empresa admitió haber pagado aproximadamente $788 millones de dólares en sobornos entre los años 2001 y 2016. Las consecuencias han sido la investigación y el enjuiciamiento de decenas de políticos y funcionarios de alto rango, incluidos expresidentes y exministros, en países como Perú, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Colombia, México y Venezuela. Los procesos principales han ocurrido en otros países, pero eso no implica que no pudiesen existir operadores nacionales que hayan favorecido el desarrollo de operaciones de manipulación de compras estatales y derivaciones del dinero para los sobornos.
Gran parte de las compras públicas amañadas por Odebrecht ocurrieron en países como Argentina, Brasil y Ecuador. Pero es importante tener presente que la ramificación de Odebrecht en Uruguay no se centró en sobornos directos por obras en el país, sino en la facilitación profesional y financiera del delito, ofreciendo el andamiaje legal, bancario y societario para limpiar y mover los sobornos millonarios a nivel transnacional.
* Carlos Petrella y Carlos Tessore son ingenieros de la Universidad de la República, Uruguay, y doctorados en España y Estados Unidos, respectivamente. Codirigen un equipo de investigación en Gestión de Crisis Antrópicas.
