136 países, entre ellos Uruguay, acordaron modificar la manera de gravar a las empresas multinacionales, con el propósito de que las grandes compañías mundiales paguen impuestos por los beneficios que generan en cada país donde tienen sede. El diputado blanco Pablo Viana considera que esto consagra la “cartelización” de los países de alta tributación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció el viernes pasado que se llegó un acuerdo para que las multinacionales paguen un impuesto de sociedades del 15% a partir de 2023.
El “histórico” pacto “redistribuirá a países de todo el mundo más de 125 mil millones de dólares en beneficios de unas 100 multinacionales más grandes y rentables del mundo, que pagarán su justa parte de impuestos”, aseveró la OCDE en un comunicado.
A su vez, el acuerdo también permite a cada Estado gravar los beneficios obtenidos en su territorio por empresas con más de 20 mil millones de euros de facturación anual y cuya rentabilidad sea superior al 10%. Tras el anuncio, su secretario general, Mathias Cormann, indicó que el acuerdo “hará que las disposiciones fiscales internacionales sean más justas y funcionen mejor”. “Esta es una gran victoria para un multilateralismo eficaz y equilibrado”, aseguró.
Luego de cuatro años de negociaciones, el acuerdo impulsado por la OCDE fue firmado por 136 países y se basa en dos pilares:
El primero fija el volumen del beneficio residual (25%) de las empresas que queda en cada uno de los Estados en los que opera la multinacional, luego de que el país donde está ubicada la sede de la empresa haya recaudado el impuesto correspondiente al 10% de la rentabilidad. Aplica para grandes empresas con una facturación mundial superior a los 20 mil millones de euros y una rentabilidad superior al 10%, mientras que el reparto se distribuirá entre los países donde cada compañía tiene ingresos superiores a un millón de euros (250 mil en pequeños).
El segundo pilar estipula un impuesto de sociedades del 15%, un ítem que fue flexibilizado, dado que en la anterior formulación preveía “como mínimo” 15%. Esta modificación incidió para que los tres países europeos (Estonia, Hungría e Irlanda) que no se habían sumado al acuerdo, lo hicieran a partir del nuevo parámetro. Siguen sin sumarse otros tres países: Nigeria, Kenia y Sri Lanka.
¿Justicia tributaria o cartelización?
El acuerdo pretende dejar atrás políticas de varios países que decidieron gravar levemente a las multinacionales que se instalen en su territorio con el objetivo de atraer nuevas inversiones y generar puestos de trabajo. Por ejemplo, desde 1998, Uruguay cuenta con la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) que estableció un régimen promocional de inversiones que otorga beneficios fiscales a las empresas que deciden instalarse en el país.
Sobre este aspecto, consultado por La Mañana, el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti, expresó: “Es un buen acuerdo, porque sobre todo en países como el nuestro, necesitado de inversiones privadas, terminamos teniendo exoneraciones que a veces las empresas que vienen tributan menos que las empresas medianas y pequeñas nacionales”. El diputado frenteamplista sostuvo que es un tema de “justicia tributaria”, debido a que “ayuda a los países más débiles y más pequeños desde el punto de vista económico”. “Nos vamos arrimando a un mundo más justo desde el punto de vista tributario”, aseguró.
“Hay una transferencia de recursos de los países más pobres hacia el núcleo más rico de la OCDE”,
Diputado Pablo Viana, Partido Nacional
Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Pablo Viana, opinó que el acuerdo alcanzado en la OCDE “consagra la cartelización de los países de alta tributación, que así logran acorralar a sus grandes contribuyentes corporativos impidiéndoles beneficiarse de tratamientos fiscales menos expoliativos”.
Viana entiende que “es malo” el acuerdo al que suscribió Uruguay: “En primer lugar, para los países que lo promueven, ya que permite a gobiernos que descansan en la alta tributación y el alto endeudamiento persistir en sus inconductas fiscales”, y “en segundo lugar, para los países de tributación más baja, ya que los priva de incentivos mediante los cuales atraer inversión, y generar crecimiento y empleo”. “En este último sentido es que el acuerdo se vuelve una transferencia de recursos de los países más pobres hacia el núcleo más rico de la OCDE”, agregó.
El diputado indicó además que “debilita la institucionalidad de los países adherentes en lo que constituye una resignación de soberanía tributaria por parte de los distintos Estados suscriptores, en beneficio de reglas de tributación sancionadas por organismos multilaterales y sus autoridades burocráticamente designadas”.
En su cuenta de Twitter agregó: “Necesariamente Uruguay debe valorar cuál es el rumbo que quiere tomar: el sometimiento o la libertad responsable y soberana”.
Repercusiones internacionales
El presidente estadounidense Joe Biden fue uno de los grandes promotores del acuerdo. “Durante décadas, los trabajadores y contribuyentes estadounidenses han pagado el precio de un sistema fiscal que ha recompensado a las corporaciones multinacionales por enviar empleos y ganancias al extranjero. Esta carrera hacia abajo no solo ha perjudicado a los trabajadores estadounidenses, ha puesto a muchos de nuestros aliados en desventaja competitiva también”, señaló. La secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, agregó: “Hemos convertido incansables negociaciones en décadas de mayor prosperidad, tanto para Estados Unidos como para el mundo. El acuerdo de hoy representa un logro único en una generación para la diplomacia económica”.
En esa línea, el ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, destacó que el acuerdo “aborda los desafíos fiscales globales de la digitalización y proporcionará la certeza y estabilidad que las grandes empresas y gobiernos necesitan”.
Por su parte, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, consideró que este acuerdo “representa el inicio de una auténtica revolución fiscal del siglo XXI” y subrayó que “finalmente, los gigantes digitales pagarán y compartirán los impuestos en los países, donde obtienen ganancias”, manifestó Le Maire, en referencia a las grandes empresas tecnológicas como Google y Facebook que reportan millonarias ganancias en países que tienen una baja fiscalidad. También remarcó que el nuevo marco fiscal “permite gravar las actividades inmateriales, que son las que van a generar más actividad y beneficios en los años venideros”.
Otra visión crítica sobre el acuerdo
Oxfam Internacional, una ONG que proclama la promoción de la igualdad entre los países, en un comunicado publicado se refirió al acuerdo alcanzado por los países de la OCDE:
“Lo que podría haber sido un acuerdo histórico para acabar con la era de paraísos fiscales se está convirtiendo rápidamente en un apaño de los países ricos”, señalaron.
La organización calculó que, para los 52 países en desarrollo, el acuerdo en el pilar uno “solo supondrá un aumento del 0,02% de su PIB en ingresos tributarios adicionales”. Además, recordó que el 15% acordado en el pilar dos “está muy lejos del 25-30% mínimo recomendado por el panel de Naciones Unidas sobre Responsabilidad Financiera, Transparencia e Integridad (FACTI) y “beneficiará ampliamente a los países ricos, aumentando la desigualdad”, advirtió Oxfam.
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