La discusión sobre el presupuesto en la Cámara de Diputados está mostrando dos visiones de país, según coincidieron legisladores de la oposición y la coalición de gobierno. En maratónicas sesiones se está aprobando un presupuesto para el quinquenio y la aprobación, en general, fue de 57 votos en 98 legisladores presentes en el comienzo del tratamiento del proyecto de ley, el pasado domingo.
El presupuesto, en general, se aprobó con los votos de los integrantes de la coalición de gobierno, más el PERI. Ahora la discusión se espera se extienda hasta el fin de semana con el tratamiento de cada uno de los artículos. Una vez finalizada esta etapa pasa al senado, analizándose primero en Comisión y, posteriormente, pasando al plenario, teniendo este un plazo total de 45 días.
De la totalidad de los 723 artículos, se espera que unos 300 sean votados también por la oposición (Frente Amplio).
Uno de los temas centrales que provocó mayor enfrentamiento entre los integrantes de la coalición y el Frente Amplio, fue el referido al incremento salarial para los empleados públicos. En el texto del proyecto se señala que la recuperación del salario debe estar culminada al 1 de enero de 2024.
El diputado colorado, Conrado Rodríguez, dijo que al comienzo del artículo en cuestión se señala que los aumentos salariales, propuestos por el Poder Ejecutivo, incluirán un componente del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos. «Aquí hay un compromiso concreto», consideró Rodríguez. El legislador dijo que se habla de que hay una posibilidad de rebaja salarial por variantes que se pueden dar en el déficit del sector público, pero acotó que la ley establece que si no se cumple con lo previsto en el presupuesto, el Poder Ejecutivo quedará facultado a realizar un ajuste extraordinario en materia salarial al sector público.
En tanto, el diputado Ope Pasquet manifestó al referirse al tema que en Uruguay los funcionarios públicos no están expuestos a que ningún gobierno pueda prescindir de varios miles de los mismos para que las cuentas cierren. «Esto no sucede, pero tampoco podemos decir que los funcionarios públicos deben estar al cubierto de cualquier vicisitud del país. Pase lo que pase, en este país no se va a afectar nada de la remuneración de los funcionarios públicos, jamás, en ninguna circunstancia. Esto no puede decir este gobierno, ni ningún otro gobierno», dijo Pasquet.
Por otro lado, el diputado frenteamplista, Alejandro Sánchez, sostuvo que lo que hay es un compromiso de que esa pérdida se recupere, pero eso no está en el artículo. «Los compromisos se los lleva el aire. El artículo dice que se va a tratar de recuperar esa pérdida, pero no dice de qué manera», explicó. Sánchez advirtió que el artículo en cuestión dice «podrá» y no «deberá», lo cual en la última aseveración debería ser un mandato. El diputado del MPP se ha convertido en la voz principal de la oposición en esta discusión parlamentaria. Cuando se trataron los informes, tanto en mayoría como en minoría (antes de pasarse a votar artículo por artículo), había indicado que «la coalición prendió la motosierra y no valora los esfuerzos y fortalezas económicas y financieras del país, que incluso nos han permitido atender la pandemia».
El problema de los abusos en las certificaciones médicas
Las certificaciones médicas de los funcionarios públicos también fueron centro de cruces entre oficialismo y oposición. En el proyecto del Poder Ejecutivo se realizan cambios en este sentido. El diputado por Alianza Nacional (PN), Álvaro Viviano, dijo que en los últimos tiempos se ha visto en el Estado «una verdadera estafa» en «el uso abusivo» de lo que son las certificaciones médicas. «Le han costado al Estado cifras que a esta altura son millonarias en dólares, que no tienen que ver con ninguna gestión y que son patologías propias del Estado y que este gobierno con discusión y, particularmente, con los funcionarios se ha propuesto resolver», indicó Viviano.
Sobre este punto la diputada frenteamplista, Lucía Etcheverry, manifestó que valoraba «el camino del medio» que se logró en el tema certificaciones (se cambió en Comisión de los tres primeros días que no se pagaba a dos, lo cuales pueden ser acumulables), admitiendo que «hay abusos» con el sistema y que la propia COFE lo plantea. No obstante, se preguntó si se logrará una mejora «por esta vía de meterlos a todos los empleados públicos en la misma bolsa y reforzar el estigma» o si es por «vía de generar protocolos efectivos de control de los procedimientos y de auditorías de estos, para corregir». «Se toma un camino más fácil que es fortalecer el estigma sobre los funcionarios públicos», consideró Etcheverry.
Denuncian «superestructura» en Inisa
Un tema que llamó la atención durante el análisis presupuestal fue el de los conceptos vertidos por una legisladora opositora sobre la alimentación por parte del Inisa. La diputada Bettina Díaz del Frente Amplio dijo en la sesión: «Qué es lo que pasa cuando viene, por ejemplo, Rosanna de Olivera, presidenta del Inisa, y nos dice que los gurises del Inisa tienen que comer bondiola de cerdo, porque no hay plata para comprar carne roja».
Ante estas consideraciones de la diputada, el representante por Cabildo Abierto, Alvaro Perrone, solicitó la palabra para contestar a las afirmaciones realizadas. «Se nombró a Rosanna de Olivera, presidenta de Inisa, perteneciente a nuestro partido, y me alegra que la discusión esté es si es entre carne vacuna o carne de cerdo. Significa que la carne no falta y la comida no falta. Miramos el presupuesto de Inisa y cada interno nos cuesta entre US$ 7.000 y 8.000 por mes, y vemos una superestructura armada para cuidar a unos 500 adolescentes. Hagan los números en el presupuesto», respondió Perrone. El legislador acotó que parte del presupuesto del Inisa se cubrirá con el remate de una serie de camionetas Mercedes Benz, propiedad de ese organismo, que costaron US$ 900 mil y que no se pueden usar porque al ser demasiado grandes no entran en los garajes de juzgados donde hay que llevar a los menores. Sostuvo que en vez de haber comprado las camionetas se pudo adquirir un edificio, ya que las oficinas de Inisa están en un local alquilado «dónde los funcionarios tienen TV cable que pagamos todos».
El combustible para UPM
El diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, destacó durante el tratamiento de la ley presupuestal lo que consideró una «broma o una burla» del Frente Amplio. Todo surgió porque se permitiría que UPM traiga su propio combustible. «Ya me quedé asombrado que el partido que le entregó, la República a UPM… ahora se preocupen porque puedan traer gasoil para la planta», sostuvo en sala, mientras que en Twitter dijo: «La bancada del Frente Amplió expresó su rechazo a un artículo del Presupuesto porque permitiría a UPM beneficiarse comprando el combustible a proveedores extranjeros, ¿es una broma o es una burla?».
La libre importación de combustibles para puertos permitiría que UPM trajera su propio combustible para abastecer sus barcos de carga. La argumentación del Poder Ejecutivo para plantear la libre importación de fueloil para barcos, el cual no es producido en forma masiva por Ancap, es que en muchas ocasiones los buques deben abastecerse de combustible en otros puertos antes de llegar a Montevideo. Las modificaciones a las normas, establecidas en el presupuesto, permitirán que privados puedan importar fueloil para vender a los buques.
«Debería haber 20.300 presos»
El diputado colorado Gustavo Zubía dijo en la discusión parlamentaria que apoyaba las medidas propuestas en el presupuesto para el Ministerio del Interior, aunque fue muy crítico en cuanto al tema de la cantidad de detenidos por crímenes cometidos. «Las cárceles uruguayas deben de incluir más presos, muchos más. El inspector Guarteche hablaba de que hay operativos 60.000 delincuentes y en las cárceles tenemos solamente 12.800», sostuvo Zubía. En su opinión, en base a los datos de delitos y detenidos de 2002 debería haber en la actualidad (por el incremento de delitos) 20.300 presos.
Acotó que la captura de delincuentes sobre delitos denunciados es de 3% a 4%. «Hay realismo mágico con los muchachos, hagámosle hacer canto gregoriano que así se van a recuperar y los muchachos se nos ríen en nuestra cara y hacemos el papel del pavo» ironizó el legislador. «Me congratuló con el Presupuesto que plantea que el Ministerio del Interior quiere crear nuevas cárceles en Uruguay» dijo el diputado colorado, aunque sostuvo que «delinquir en Uruguay es un negocio. Y si no pregúntenle a Balcedo (sindicalista argentino detenido en Uruguay por lavado de dinero) que recibió de presión siete meses y logró que el Estado uruguayo le lavara 2,5 millones de dólares, qué fue lo que se le devolvió de lo que se le incautó».
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