Los socios de la coalición coinciden en la importancia de desarrollar la inversión y solucionar un desorden que llevó a la pérdida de cargas y de eficiencia portuaria. En ese sentido, el respaldo al ministro de Transporte en la interpelación no evitó algunas objeciones que fueron contempladas y abren la posibilidad de que se realicen algunas adendas al contrato.
En una interminable sesión de veinte horas que comenzó el miércoles y terminó el jueves, el Senado cumplió, conforme al artículo 119 de la Constitución, con la interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas para brindar explicaciones sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para la extensión de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata.
En lugar del ministro José Luis Falero, que a las pocas semanas de asumir en dicha cartera sufrió una convulsión y debió ser intervenido quirúrgicamente, quien asistió a la Cámara de Senadores fue en forma interina el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En la delegación lo acompañaron el subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, el presidente de ANP, Juan Curbelo y el capitán del Puerto de Montevideo, Ricardo Della Santa.
El miembro interpelante fue el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, que durante su alocución aseguró que el acuerdo «se trata de la mayor entrega de la soberanía nacional de la historia reciente». Dijo también que la demanda anunciada por la empresa belga era «infundada» y que «no había ninguna explicación razonable para llegar al monto de US$ 1.500 millones».
A su turno, el ministro Heber sorprendió con la información de que el ex secretario de Presidencia durante la administración del Frente Amplio, Miguel Ángel Toma, recomendó negociar con la empresa para evitar el juicio porque existían «altas probabilidades de perder» y le permitió citar esa comunicación durante la interpelación, contradiciendo uno de los principales argumentos de la oposición.
Heber también se refirió a las acusaciones de dolo que realizó el miembro interpelante en una conferencia de prensa en los días previos. El ministro rechazó esas declaraciones e invitó a que se presente la denuncia y probarla en un juzgado. «Veo que quien grita en la pulpería calla en la comisaría», dijo visiblemente ofendido. Si bien durante la sesión de la interpelación no se insistió con este asunto, al día siguiente el senador Mario Bergara no descartó la posibilidad de recurrir a la órbita judicial, entendiendo que se habría actuado «de manera abusiva».
A su turno, el senador blanco Jorge Gandini afirmó que en el año 2008 comenzó «un largo proceso de ilegalidades dirigidas a beneficiar a Montecon en perjuicio de la ANP», permitiéndosele operar con una tarifa fuera del tarifario y tener lo que consideró un monopolio dentro de los muelles públicos. «Montecon tenía la vaca atada, estaba acomodado con el Frente Amplio, vendía contratos a varios años y tenía permisos por tres meses”, sostuvo Gandini.
Las primeras horas de la interpelación transcurrieron con fuertes cruces entre legisladores del Partido Nacional y el Frente Amplio. Los primeros haciendo varias alusiones a las negociaciones llevadas adelante por la izquierda con la empresa UPM y recordando el rechazo de los frenteamplistas cuando se sancionó la Ley de Puertos de 1992, que hoy es reivindicada por todo el espectro político partidario. Mientras tanto, los senadores de oposición insistían durante la sesión en los aspectos referidos al secretismo, al plazo y al monopolio, así como en la cuestión del reglamento de atraque contenidos en el acuerdo.
Una moción con compromisos
Paralelamente, la expectativa estaba en conocer la opinión y la postura de los principales socios de la coalición, del Partido Colorado pero sobre todo de Cabildo Abierto, que en lo previo había manifestado algunas objeciones. El senador Guillermo Domenech durante su intervención dijo que no es enemigo de las multinacionales sino amigo del interés nacional y mencionó ejemplos en los que a su juicio se contravino esa idea, por ejemplo, con la bancarización obligatoria.
Respecto al acuerdo portuario, Domenech subrayó que Cabildo Abierto no tuvo ninguna participación en el contrato, aun teniendo un director en la ANP. Heber reconoció el «error» y lo atribuyó a «ansiedades gubernamentales».
Un dato importante dio Domenech cuando manifestó su preocupación por la posibilidad de que la empresa Katoen Natie en un futuro pueda vender su participación a otra empresa, sin la posibilidad de que el Estado pueda participar de la decisión. Este ítem fue incorporado a la moción aprobada por el Senado y se convirtió en la principal noticia en la mayoría de los portales informativos.
Por otra parte, se confirmó durante la sesión la propuesta del Partido Colorado de solicitar al Poder Ejecutivo el envío del proyecto de Ley para la creación de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios (URSEP), que también ingresó como uno de los cuatro puntos de la moción, que en el primero de ellos ratificó las explicaciones del ministro Heber.
Estas situaciones llevaron al senador Guido Manini Ríos, el último orador de la larga jornada, a considerar que la interpelación no era una más «para el olvido» ni era «estéril» sino que iba a «determinar en la aprobación de la moción final el compromiso de hacer cambios en esa negociación que se hizo». Mientras tanto, la bancada del Frente Amplio expresó su disconformidad con las explicaciones del ministro, exigieron su responsabilidad política y promovieron la censura de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución.
¿Y ahora qué?
Este lunes el diario El Observador informó que desde la empresa Katoen Natie consideran que, si bien el acuerdo está cerrado, la propuesta presentada por Cabildo Abierto y aceptada por la coalición «es de sentido común» y que están dispuestos a dialogar sobre el tema. También el presidente Luis Lacalle Pou declaró que entendía como «oportuna» la iniciativa sobre incluir la autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de la empresa en sociedad TCP.
El 20 de julio pasado, el senador Guido Manini Ríos se reunió con el presidente Lacalle Pou y le presentó una propuesta para mejorar el acuerdo con Katoen Natie. Desde filas cabildantes consideran que tanto al gobierno de coalición como a la propia empresa les conviene llegar a un nivel satisfactorio para todas las partes, que redunde en un acuerdo con amplio respaldo político y de la comunidad portuaria.
Si bien aún no se han conocido detalles de las propuestas alternativas que presentó Cabildo Abierto, el senador Domenech en la interpelación mencionó también su inquietud por las obligaciones del Estado en hacerse cargo del dragado y canal de acceso, que según sus estimaciones podrían representar erogaciones de US$ 250 millones, más otros US$ 40 millones de mantenimiento periódico, reduciendo el impacto de la inversión de US$ 450 millones anunciada por la empresa.
También existen fundadas dudas sobre la posibilidad de que la concesión se pueda extender hasta 2081, en base a consideraciones de orden jurídico que ha manejado uno de los principales referente en esta materia, el Dr. Edison González Lapeyre.
Otra situación que deberá contemplarse por parte del presidente Lacalle Pou, es qué sucederá con los recursos administrativos interpuestos por la empresa Montecon por los decretos 114 y 115, ya que la empresa estaría dispuesta a llevar el caso hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese caso, el desenlace podría conocerse atendiendo a los plazos recién a principios de 2023, generando una incertidumbre difícil de manejar en el puerto, con consecuencias políticas imprevisibles ya sobre la recta final de esta administración.
La creación de la URSEP también está sujeta a ciertos cuestionamientos. Algunos expertos consultados por La Mañana señalan que hoy ya existen institutos que permiten ese control, como el Instituto Nacional de Logística (Inalog) y la propia ANP. Cuestionan además que se trataría de una «píldora envenenada» que mataría la Ley de Puertos e incluso sostienen que el proyecto de Ley podría ser inconstitucional por el artículo 86 de la Constitución, que establece el requisito de hacerse a través de una Ley de presupuesto.
Luego de pasar por el Parlamento, ahora la «pelota» vuelve a Torre Ejecutiva, a la espera de que se avance en lo que coinciden los socios de la coalición apunte a ser una solución integral, que permita una renovación e impulso del puerto en su desarrollo futuro.
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