El proyecto de ley presentado por los senadores de Cabildo Abierto está sustentado en recomendaciones realizadas por organismos como BID, ONU y el Comisionado Parlamentario Carcelario. Los legisladores cabildantes confían en lograr el voto de los socios de la coalición, mientras que el ex presidente Mujica manifestó su apoyo a la iniciativa.
Con la firma de los senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley de artículo único por el cual se prevé la prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad al momento de su aprobación.
Los impulsores de la iniciativa parlamentaria aclaran que “no se trata de suspender o dejar sin efecto la privación de libertad dispuesta”, sino establecer “un régimen alternativo al cumplimiento de la pena de privación de libertad”.
Lo que se busca es “la protección de la salud, integridad física y psicológica de personas de edad avanzada, catalogadas como de mayor riesgo por los organismos nacionales e internacionales”, se explica en la exposición de motivos.
Además, se indica que la pandemia implica un riesgo mayor para las personas de avanzada edad, sean éstos los privados de libertad como quienes los visitan, y se amparan en un reciente informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario al respecto.
El proyecto de ley señala que quedarán excluidos aquellos procesados por violación, salvo los casos en que haya transcurrido desde los hechos, un plazo equivalente a los dos tercios de la pena máxima establecida para este delito, en los que regirá el régimen de prisión domiciliaria establecido en la ley. Lo mismo regirá para los presos condenados por homicidio.
También quedarán excluidos los mayores de 65 años procesados por crímenes o delitos contenidos en la ley 18.026, que se hubieren cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la misma, o sea el año 2006. La citada ley 18.026 hace referencia a la asociación para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Además se establece que el beneficio será revocado en caso de que se violen las condicionantes que impone la prisión domiciliaria.
Se estima que entre 100 y 200 personas serían alcanzadas por esta medida.
Principio de humanidad
El régimen de prisión domiciliaria para aquellos imputados o condenados de edad avanzada “encuentra su justificación en el principio de humanidad o trato humanitario en la ejecución penal ante la situación de superpoblación” del sistema carcelario, agravada por la emergencia sanitaria causada por la pandemia a partir del 13 de marzo de 2020.
En ese sentido, el proyecto de ley “busca proteger a la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de COVID-19”, aseguran los senadores firmantes, y hacen hincapié en el peligro que representan para los establecimientos de reclusión las nuevas cepas.
“Al mismo tiempo se trata de reducir la movilidad de quienes concurren a visitar a esa población privada de libertad, que en la mayoría de los casos se trata de cónyuges, parejas, familiares o amigos, quienes también están comprendidos en esa población de riesgo”, añade.
El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo a la prensa que la prisión para las personas mayores genera situaciones «bastante inhumanas», no solo para el preso sino también para la familia. «Hay veces en que la esposa (del preso) es una persona octogenaria y no tiene quien la cuide», sostuvo. Manini acotó que en esta época de pandemia y debido a los traslados por las visitas, las personas mayores pueden contagiarse de coronavirus.
Podrían alcanzarse los votos en el Parlamento
El proyecto ingresó al Senado y se espera desde Cabildo Abierto que tenga un rápido tratamiento, ya que para estas personas de edad el tiempo es precisamente algo vital. Los legisladores cabildantes piensan que es probable que los partidos de la coalición estén apoyando esta iniciativa.
Tampoco pueden descartarse los votos del Frente Amplio, al menos de algún sector. En las últimas horas el ex presidente José Mujica se mostró afín al proyecto de prisión domiciliaria. “Siempre pensé que, excepto casos rematadamente patológicos, en general (a la) gente anciana no convenía tenerla presa. Lo dije en su momento. Pero no creo que mi sociedad esté madura para semejante decisión. Salvo cuando hay informes médicos de patologías psicológicas, ahí capaz que no, pero me parece que tener a ancianos presos, en el fondo no contribuye a nada, porque se castiga a la familia. Es una manera filosófica de ver las cosas”, dijo Mujica en entrevista con 970 Universal.
En el año 2010, el entonces presidente Mujica impulsó la idea de que los mayores de 70 años cumplieran prisión domiciliaria. En ese grupo se incluía a militares detenidos acusados de violar los derechos humanos durante el gobierno militar (1973 – 1985).
Mujica decía hace once años: “Me van a plantear que a los violadores de los derechos humanos no, pero para mí son todos lo mismo. Se tiene todo el derecho a pensar que los militares no pueden tener privilegios. Para mí, si están arriba de los 70 años entran en la categoría y punto. No me pongo en (posición de) juez y menos juez de mis verdugos”.
La idea era que fueran los jueces los que determinaran, el otorgar la prisión domiciliaria estudiando caso por caso. Pero el planteo del entonces presidente quedaría en la nada. En abril de 2010 se reunió con legisladores del Frente Amplio a quienes sugirió que desde el Ejecutivo saliera un proyecto de ley al respecto. Pero diputados y senadores del Frente Amplio se opusieron y para no generar enfrentamientos internos, la idea fue desechada.
Recomendaciones de organismos nacionales y regionales
Un informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Manuel Petit, remitido al Poder Legislativo en el año 2020, sugirió la consideración de la prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años. «Una particular vulnerabilidad tienen las personas de edad avanzada, en particular y como límite tentativo los que superan los 65 años», indicó el documento. «Muchas de ellas tienen enfermedades crónicas de alto riesgo, a las cuales la eventual llegada del virus a sus lugares de internación las coloca en una situación de angustiante y añadida desventaja para evitar un contagio que, para ellos, sería muy grave», agregó.
El Comisionado Parlamentario subrayó que «en el actual contexto es importante que los diversos actores penitenciarios y de administración de justicia adopten medidas para atender a los grupos de riesgo penitenciario, incluyendo entre estas medidas por ejemplo las prisiones domiciliarias. Esto implica también los recursos destinados a su asistencia y seguimiento».
El tema se encuentra en el tapete a nivel regional. Desde el comienzo de la pandemia en 2020, varios países resolvieron la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años o en algunos casos de 60 años. Tal el caso de Chile, Colombia, El Salvador o Argentina. A nivel mundial también se intentó liberar presos porque las cárceles se habían convertido, antes de las vacunas, en centros de propagación del coronavirus.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomendaba el año pasado descongestionar lo más posible las prisiones, prestando especial atención a los mayores de 60 años, los enfermos crónicos, o las mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años, entre otros.
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en declaración del 14 de abril, señaló que «dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.
También al respecto se ha pronunciado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien instó a los gobiernos a reducir en lo posible la cantidad de personas que están en la cárcel. La Alta Comisionada señaló en un documento que “las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al COVID-19, entre otros a los presos de más edad y los enfermos, así como a los detenidos menos peligrosos».
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