Tras la desaprobación de fideicomisos en las Juntas Departamentales de Canelones, Rocha y Río Negro, actores políticos procuran encontrar otras herramientas para financiar las obras previstas por estas intendencias. Un fondo creado por ley en 2009 y la mediación del Congreso de Intendentes, podrían destrabar la situación.
Luego del conflicto generado por la no aprobación de un fideicomiso para que la comuna canaria obtenga un crédito de US$ 80 millones, la polémica continuó, debido que desde filas de la coalición gobernante aseguran que el Frente Amplio (FA) propició la misma situación en los departamentos de Rocha y Río Negro.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, había acusado al gobierno nacional de “presionar” a ediles blancos y colorados para que no voten el plan de financiación de distintas obras que tenía previsto su comuna, advirtiendo de que “se les quiere privar a los más de 550.000 habitantes del departamento de las mejoras previstas”.
En respuesta a Orsi, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, del Partido Nacional (PN), en una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo –en la que también participó, de forma virtual, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf–, aseveró que “no hubo presiones de ningún tipo” y que “siempre se estuvo dispuesto a acompañar el fideicomiso de Canelones en tanto y en cuanto se levantara el bloqueo que había ejercido el FA respecto de los fideicomisos de Río Negro y de Rocha. Lamentablemente, el intendente Orsi fracasó en sus negociaciones y no pudo torcer el rumbo a las dirigencias departamentales, más allá de sus buenos oficios y sus buenas intenciones”.
En tanto, el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, en su audición de Radio Oriental, consideró que se estaba incurriendo en una actitud “mezquina” al no votarse los fideicomisos solicitados. “No se puede tener de rehén a la población, del departamento que sea”, opinó Manini y agregó que los ciudadanos quedan “rehenes del enfrentamiento de las rencillas políticas-electorales; de cálculos que se hacen para el futuro y del palo en la rueda que se le pone a quien está ejerciendo la administración para evitar que pueda sacar rédito en un futuro”.
Además, el senador Manini anunció que su partido está conversando con las autoridades económicas para implementar el Fondo de Inversión Departamental como alternativa para poder llevar a cabo las obras previstas por las intendencias.
¿De qué se trata el Fondo de Inversión Departamental?
La Ley 18.565, aprobada en 2009 por el Parlamento, creó el Fondo de Inversión Departamental, como un patrimonio de afectación separado e independiente, con destino a asistir financieramente a los gobiernos departamentales en: las actividades destinadas a la mejora de las infraestructuras departamentales; la reestructuración de deudas con el Banco de la República Oriental del Uruguay, entes autónomos y servicios descentralizados; y la cancelación de obligaciones que fueran contraídas por el Fondo para atender los objetivos anteriores.
La citada norma previó que dicho Fondo sea integrado con inversiones que se realicen y los recursos que vuelquen en el mismo los gobiernos departamentales; los aportes provenientes de Rentas Generales que se dispongan por ley; además de otros ingresos de cualquier naturaleza que se deriven de su administración.
A su vez, establece que este Fondo de Inversión será administrado por un fiduciario financiero profesional autorizado por el Banco Central del Uruguay. En este caso el Comité Interinstitucional de Seguimiento del Fondo, integrado por dos representantes del Congreso de Intendentes, un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y otro del Ministerio de Economía y Finanzas.
Por otra parte, el acceso a los recursos del Fondo por parte de los gobiernos departamentales está sujeto a: las disponibilidades del Fondo; la suscripción por parte de los intendentes municipales de compromisos de inversión en el Fondo, equivalentes a los recursos solicitados; estar al día en el cumplimiento de los compromisos de inversión anteriormente suscritos; y la constitución de garantías suficientes de cumplimiento de las responsabilidades asumidas.
En cuanto a los recursos económicos volcados al Fondo por parte de Rentas Generales, la ley estableció un aporte de 62.526.000 UI (Unidades Indexadas) anuales, durante un plazo de diez años (hasta 2019).
Además, estipuló que cada Gobierno Departamental tenga derecho a suscribir compromisos de inversión en el Fondo por un monto derivado de los porcentajes que prevé la norma: Montevideo 25%, Canelones 7,57%, Maldonado 5,94%, Salto 5,11%, Paysandú 4,83%, Tacuarembó 4,72%, Cerro Largo 4,37%, Artigas 4,26%, Soriano 4,01, Rivera 3,99%, Durazno 3,85%, Rocha 3,77%, Colonia 3,67%, Río Negro 3,56%, Treinta y Tres 3,44%, Florida 3,39%, Lavalleja 3,32%, San José 3,14% y Flores 2,09%.
La ley prevé que los gobiernos departamentales puedan ceder, total o parcialmente, sus derechos a suscribir compromisos de inversión con el Fondo en beneficio de otro, comunicándolo debidamente al Comité de Seguimiento.
Lima apela a Congreso de Intendentes para mediar y hacer acuerdos
El intendente de Salto, Andrés Lima, propuso que el Congreso de Intendentes (CI) actúe como mediador en cada departamento donde haya desacuerdo sobre los fideicomisos para obras. Una iniciativa que será presentada formalmente en la próxima reunión del organismo, prevista para el próximo jueves 5 de agosto, anunció la semana pasada en una entrevista con el programa En Perspectiva.
«Es un tema que involucra a todos los partidos políticos y requiere de altura, pensando en nuestra población y más allá de los actuales períodos de gobierno», consideró Lima. Para el intendente salteño los fideicomisos para obras son un «instrumento muy importante» porque tienen el objetivo de favorecer el desarrollo local, haciendo posibles obras públicas en «un volumen importante», lo que «a su vez genera o significa inversión» y promoción de empleo, subrayó.
«Muchas veces este tipo de herramientas requieren mayorías especiales en las Juntas Departamentales y son pocos los gobiernos departamentales que tiene por sí solos los ediles suficientes para sacarlos adelante»; por lo que Lima considera que «el CI puede ser una herramienta valedera para destrabar”, pero “no la única». Advirtió que el espaldarazo del CI no sería la solución definitiva, debido a que, luego, “cada intendente deberá lidiar con su propia Junta”. No obstante, dijo que «es importante como señal que el congreso marque su postura sobre este tema».
El planteo de mediación del CI tiene sentido, según el salteño, especialmente «en un momento en donde todo indica que estaríamos poco a poco saliendo de una situación sanitaria compleja», y en el que también «surgen e irán surgiendo otras demandas y exigencias, sobre todo vinculadas al empleo y temas sociales». Motivo por el cual se hace imperioso «generar propuestas que tengan que ver con el desarrollo local, la búsqueda de inversiones y la generación de empleo», aseguró.
Para ese fin, dijo que los fideicomisos financieros de obra “son un instrumento», pero remarcó, al igual que el senador Manini, la existencia la “Ley de Inversión Departamental, creada en 2009″, además de, «algún otro instrumento que pueda crearse o existir, previsto por nuestra legislación», indicó el intendente de Salto.
Lima informó que ya habló del tema con Orsi y con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, los que “coincidieron” en la necesidad de seguir ese camino. Asimismo, manifestó que se puso en contacto con el intendente de Rivera, Richard Sander y con el de Durazno, Carmelo Vidalín, actual presidente del CI.
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