Es un investigador y consultor uruguayo que trabaja temas de libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e Internet. Actualmente es director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. En diálogo con La Mañana, Gustavo Gómez alertó sobre la fuerte concentración de medios radiales en tres grandes grupos empresariales y dijo que «existen poderosas corporaciones multinacionales con interés de entrar a Uruguay» para el control de los medios de comunicación.
¿Cómo observa la situación actual de los medios de comunicación en Uruguay?
En Uruguay se ha sufrido un problema importante de concentración en la televisión, durante muchas décadas. Existen tres grupos económicos con base en Montevideo que han tenido la capacidad de acumular televisión abierta y de abonados, tanto en la capital como en todo el interior. Lo novedoso es que en los últimos años se han conformado grandes grupos mediáticos en la radio y ahora existen tres que dominan el 75% de la audiencia.
¿Cuáles son esos grupos?
En radio tenemos al grupo Sarandí, del mexicano Ángel González, que es el más antiguo, que incluye Sarandí, Sarandí Sports, Fm Del Plata y Fm Total, entre otros. Es un grupo que tiene unas 10 emisoras. Después tenemos a Magnolio que tiene varias radios, muchos más que lo permitido, con Del Sol, El Espectador, Azul FM y otras más, agregándose ahora Búsqueda, por lo que se transforma en un multimedio. El tercer grupo es el Zorrilla, que se articula en torno a Carve, Nuevo Tiempo, Montecarlo y FM Cero de Montevideo y Punta del Este.
¿Cómo es la influencia de estos grupos en el interior del país?
En general, cuando se compran los medios, en el paquete hay emisoras del interior. En el caso del grupo Sarandí, esos medios se han convertido básicamente en repetidoras. Un caso típico es la radio Real de San Carlos en Colonia. Lo que se hace en otros casos es desprenderse de las radios, ya sea mediante venta o dándole el uso a terceros.
¿Y qué opina usted es el objetivo de estos grupos?
Creo que básicamente se trata de estrategias comerciales de acaparamiento para lograr mejores rendimientos económicos. Diría que ese es el esfuerzo principal; se obtiene escala para negociar paquetes de publicidad más ventajosos que su competencia, diversificando los estilos y públicos de sus radios con programación variada. Quizás el caso más típico es Magnolio. Se tienen programas, radios y periodistas de perfiles muy diferentes, en mi opinión, buscando acumular la mayor cantidad de audiencia y de esta manera mercado publicitario. Y ese es un problema que tiene la concentración. Permitir, sin aplicar la ley vigente, un nivel de concentración alto. Eso es muy rentable para estos tres grupos, pero para quienes compiten es un desastre. O sea, en un sector en el que cada vez hay menos publicidad, solo unos pocos son capaces de captar esa publicidad.
Cuando digo que el objetivo es netamente comercial, no indico que algunas emisoras puedan jugar algún papel. Pero no me consta que exista un vuelco de todas las emisoras de un grupo en función de determinada postura política. Por ejemplo, el grupo Sarandí y el Magnolio ya estaban conformados en las últimas elecciones y tienen una diversidad de programación en la que hay periodistas para todos los gustos.
¿Qué indica la ley con respecto a esta concentración?
La ley establece que hay un límite de acumulación de radios y televisión –tanto por propiedad como por control– que no se debe superar. Y me refiero a propiedad y control porque durante muchos años hemos tenido algún tipo de concentración, basado en la persona física, o sea a nombre de quién estaba ese medio. Ahora lo que ha pasado es que se han utilizado estrategias empresariales engañosas para superar esta limitación, colocando emisoras en nombres de testaferros.
La Ley de Comunicación Audiovisual, comúnmente llamada ley de medios, innovó en eso para dar herramientas a la autoridad para también controlar la formación de grupos económicos. Más allá de que puedan estar a nombre de personas distintas, no se puede acumular más de tres emisoras de radio y televisión en todo el país o no se puede tener más de tres licencias de TV para abonados si una de ellas está en Montevideo. La legislación está, pero lo que pasa es que no se aplica. O sea, se viola la normativa y la URSEC ni siquiera investiga si la ley se cumple o no. Frente a denuncias no se hace la investigación correspondiente, para saber si la denuncia es cierta.
En la Rendición de Cuentas está la derogación de la ley de medios. ¿Cuál es su visión sobre esta iniciativa?
La derogación de la ley de medios nos quita la herramienta para impedir la concentración y sería avalar a estos tres grupos. Se volvería a la situación anterior en que los límites que se imponían eran insuficientes y eran fácilmente engañables; porque se señalaba que lo que importaba era a nombre de quién estaba el medio y no quién estaba detrás. Eso es una limitación formal superada totalmente por la realidad.
¿Cómo influyen las nuevas tecnologías y el avance de lo online en toda esta situación de acumulación?
Hay que diferenciar la lectoría o audiencia radial de estos medios en soportes originales, como por ejemplo Búsqueda en papel o Subrayado en televisión o un programa periodístico en la radio. Eso está cambiando muchísimo, porque escuchamos, vemos o leemos noticias en dispositivos conectados a Internet, lo cual no quiere decir que los medios tradicionales estén muertos. Tienen un problema enorme de monetización, o sea de obtener recursos. Pero no han perdido su peso en instalar temas en la agenda pública. El ejemplo más claro es El Observador, que es casi inexistente en su edición papel y que sale una vez por semana. Pero es un medio muy que con respecto al sitio web y las redes sociales es muy consumido.
Esto no es parejo para todos. Existe menos peso de los medios tradicionales, pero no diría que es total. Lo que cambian son las formas de consumo de esos medios, aunque siguen siendo muy relevantes desde el punto de vista informativo. Los sitios web más visitados para informarse en general son los medios tradicionales analógicos, con alguna excepción como Montevideo Portal. Pero El País, El Observador y los canales de televisión siguen siendo las principales fuentes de información.
Los cambios que se pretenden introducir para que Antel ceda su infraestructura de fibra óptica a privados, ¿cómo termina influyendo en todo el negocio de las comunicaciones?
En primer lugar, hay que aclarar que no existe ninguna obligación de que Antel arriende o preste su fibra óptica. Esa posibilidad, la obligación, está en un proyecto que envió el Gobierno al Parlamento en abril de 2020, pero no creo que tenga andamiento por las diferentes posturas dentro de la coalición. Distinto es que las empresas de TV para abonados tengan licencia para Internet, la cual no obliga a Antel a ceder su infraestructura. Pueden vender servicios de Internet por su infraestructura propia, o sea el cable que llega a cada hogar (que no es fibra óptica), o pueden usar recursos de terceros, en este caso Antel. Pero eso lo determina Antel, o sea si desea o no arrendar su fibra óptica.
En todo esto, la primera lectura que hay que hacer es que hablamos de tres grupos económicos muy fuertes que están en torno a los canales 4, 10 y 12, con TV para abonados tanto en Montevideo como en el interior. Estos tienen un peso político muy importante y si también se les da la posibilidad de que puedan vender Internet, es como demasiado. Justamente el impedimento de la propiedad cruzada lo que busca es que determinado grupo tenga tanto poder que después se haga difícil controlarlo. Las decisiones que ha tomado el Gobierno han sido para consolidar aún más la concentración de medios.
¿Y hacia dónde va la comunicación con estos cambios, ya sea por la creación de grupos económicos o por la posibilidad de que accedan a nuevos instrumentos, como ser la fibra óptica de Antel?
Mi preocupación principal es la extranjerización, porque no es solo la concentración. Existe la posibilidad de que medios internacionales compren medios locales, como ya pasó con El Observador y puede pasar con algunas cableras de TV que ahora tienen Internet. Existen poderosas corporaciones multinacionales con interés de entrar a Uruguay, lo cual también implica un tema de soberanía. Y ese es uno de los mayores desafíos de los próximos años, el cómo evitar la eventual profundización de la extranjerización de la propiedad de medios en Uruguay.
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