En entrevista con La Mañana, el abogado y diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, sostuvo que el Ministerio de Ambiente «asumió» que en materia forestal «hay mucha improvisación». El representante también opinó sobre la campaña de la LUC, la situación del Inisa y los principales debates del 2022.
¿Cómo observó las consecuencias de los incendios forestales y cuáles pueden ser las implicancias para el futuro de este sector?
Los incendios fueron producto de una situación de la naturaleza, la seca y el calor, pero hay que sumar la gran concentración de bosques y plantaciones, que son producto del ser humano. En mi opinión existe una falta de previsión ante incendios de grandes proporciones. Se asumió por parte del Ministerio de Medio Ambiente que en materia forestal hay mucha improvisación. A raíz de la discusión del proyecto de Cabildo Abierto sobre este tema, proyecto que no aprobaron, se emitió el decreto reglamentario de la actividad forestal, que tiene algunas normas retroactivas que pueden ser discutibles.
En el afán de forestar, se terminó forestando sobre los centros poblados. Pero esto es una política de Estado, o sea la forestación está antes que las políticas humanas. El gobierno ya anunció que no hará nada para limitar la forestación, las plantas de celulosa o el trayecto del tren. Trabajan para las empresas forestales y en el gobierno tienen ejecutivos de UPM. El ministro de Ganadería, fue presidente de la Fundación UPM hasta poco antes de asumir y el director forestal es un contratista de UPM. En el senado cuando se discutió el proyecto forestal, el senador colorado Andrés Cianciarullo, dijo que era contratista de UPM y que pedía autorización para hablar en nombre del grupo. Yo no sé si se refirió a su grupo del Partido Colorado o al grupo de los contratistas de UPM. El senado le habilitó a hablar, lo que para mí no podía haber hecho, debía haberse retirado de sala.
El incendio de los bosques es la catástrofe ambiental más grande de nuestra historia. De acá en más y en referencia a Cabildo Abierto se debe señalar que se tiene el Ministerio de Ordenamiento Territorial y la Dirección de Medio Ambiente. Por lo cual a la política de Estado del presidente de la República que es legítima, hay que ser cuidadosos de cómo actúan los representantes de CA.
Se maneja por parte del Ministerio de Medio Ambiente hacer una ley, que sería retroactiva, para el caso de la ubicación de las plantaciones forestales cerca de los poblados. ¿Esto se puede realizar de manera constitucional?
La gente cuando resolvió plantar un árbol en determinadas condiciones y si hubiese sabido que esas condiciones serían otras, no lo hubiera hecho. Ese es el principio de la retroactividad de la ley, o sea no se puede aplicar hacia el pasado. En la parte impositiva, la forestación tiene exoneraciones por doce años. Hace un tiempo se puso una sobretasa del impuesto al patrimonio. Los forestales no pagan impuesto al patrimonio, pero igual le pusieron esa sobretasa. Entonces las empresas forestales le hicieron un juicio al Poder Legislativo, por haber aprobado la ley y lo ganaron, en mi opinión bien. Esto porque se les había dicho que por doce años no pagaban impuestos y a los ocho les colocaron uno. Puede pasar con lo que se plantea ahora, o sea hacer un juicio. Pero creo que las empresas forestales no lo harán porque es tanto lo que el gobierno les dio que sería anti ético presentar un recurso por 500 metros de franja forestada.
Frente a los cambios en el clima y las temperaturas cada vez más altas ¿considera que el país está preparado para enfrentar futuros incendios forestales?
No lo está porque las propias autoridades lo reconocen. Bomberos no tiene equipamiento. Las empresas forestales tienen tres bases para combatir incendios (Treinta y Tres, Tacuarembó y Paysandú) pero por la virulencia del fuego, las bases fueron desbordadas. Debo reconocer que para incendios de cierta magnitud no hay nadie que esté preparado y lo que habrá que hacer es que las fracciones forestadas sean pequeñas y entre estas una franja grande sin forestación.
Uno de los temas principales este año será el referéndum de la LUC. ¿Qué expectativas tiene con respecto al resultado?
Pienso que la ley va a ser confirmada en un porcentaje de 6 a 4. Los que están contra la LUC, están contra el gobierno, por lo cual el porcentaje de apoyo será similar a las elecciones, según mi estimación. La campaña se viene llevando bien, informado el texto de la norma, al porcentaje de la población que votará con respecto al texto, porque otros lo harán por simpatía hacia los partidos políticos. A mediados de febrero y marzo habrá una campaña importante de la coalición. Hoy la campaña la hace la oposición, pero ya está agotada porque los argumentos se han desmentido en muchos casos.
¿El referéndum anula o deroga la ley?
Existe un vacío porque la ley no dice cuál es el efecto del referéndum. La Constitución señala que se deben buscar el fundamento de leyes análogas. Si no hay asunto parecido debe ir a los principios generales del derecho y si tampoco está ahí se consulta la doctrina, o sea la opinión de los especialistas. La ley análoga en Uruguay dice que no existe el instituto de la anulación de la ley, porque la Constitución señala que sí existe la anulación de actos administrativos, pero no de leyes. No obstante, si en el referéndum gana el SI será la Corte Electoral mediante una sentencia, quién dirá si se trata de una anulación o una derogación.
Sobre la situación en el Inisa, ¿cuáles son los cambios que piensa se deben realizar luego de conocer la información sobre los gastos del instituto?
Inisa nos proporcionó documentación en la cual se observa que tienen entre 280 y 300 internados, 1.800 funcionarios y 80 direcciones. Se estima que hay unos 300 funcionarios que por su actividad se alimentan en dependencias del instituto, lo cual es totalmente razonable. Lo que se planteó en la interpelación llevada a cabo en diciembre, es que por cada joven cuando se cocina con carne se destinan 140 gramos por porción y se compraban 6.500 kilos de carne por mes, 80 mil kilos al año.
Esos datos me llevan a la conclusión de que alguien se lleva la carne para su casa. Este es apenas un dato de lo que pasa en Inisa. Sumado a otros factores llegué a la conclusión de que hay que cerrarlo. Con las cifras de internos que se manejan y el presupuesto de 270 millones de dólares por período de gobierno, en cinco años cada joven internado cuesta casi un millón de dólares. Esto es un fracaso financiero.
Lo que se debe hacer es mediante la modalidad de inversión pública- privada construir un edificio único, apropiado para unos 400 internos. Y con el dinero que se ahorra subsidiar a los familiares de los que están detenidos para que los visiten, privatizando a la vez la rehabilitación, la alimentación, la limpieza y dejando en manos públicas el cuidado y la custodia. De esta manera se bajaría el presupuesto a la mitad. Los funcionarios que van a sobrar (unos mil) se pueden redistribuir en otras dependencias estatales tal como se hizo en el pasado cuando por ejemplo pasaron funcionarios del BHU a la Agencia Nacional de Vivienda, o cuando cerró el Soyp, Pluna o cuando AFE redistribuyó funcionarios.
¿Hay suficiente apoyo para llevar adelante esta iniciativa?
Cuando dije me idea, desde el gobierno se opusieron y también dentro de la coalición. Lo que voy a hacer es presentar un proyecto articulado, ya no solo una idea. Me contacté con los abogados que redactaron la iniciativa pública-privado de la cárcel de Punta de Rieles, que van a trabajar conmigo en el proyecto. A Uruguay la cárcel de Punta de Rieles le salió 90 millones de dólares que lo paga en 20 años, con un interés muy bajo. La empresa que la construyó y gestionaba vendió el 85% del paquete accionario a un fondo de pensión de Estados Unidos. Esto demuestra el éxito de estas iniciativas.
También mantuve reuniones con organizaciones sociales y de rehabilitación de menores infractores para trabajar con ellos. A la vez estaré gestionando una reunión con la Corporación para el Desarrollo, quién es la encargada de armar la parte financiera del proyecto. Estos cambios los planteo porque ahora los jóvenes internados están mal alimentados, no se recuperan y los torturan, ya que los tienen 23 horas encerrados en una pieza. Por lo tanto, el Inisa no cumple ninguna de las funciones para lo cual fue creado.
¿Cuáles piensa que serán los principales temas de este año en Uruguay?
Más allá de la LUC, creo que pasará por la reforma de las cajas de jubilaciones, porque se debe resolver este año, ya que constitucionalmente no se puede tratar en 2023, al ser un año previo a las elecciones. Otro asunto será la crisis sanitaria que continúa, porque las medidas se están aflojando. También los tratados de libre comercio con China y Turquía, que deben ser analizados por el parlamento y la situación de los asentamientos. A estos se suma la prisión domiciliaria de los detenidos en Domingo Arenas. Los partidos de la coalición dijeron que tratarán este punto después del referéndum, aunque referentes importantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente ya han adelantado que no votarán el proyecto de Cabildo Abierto.
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