La resolución sobre la recomendación de destitución del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, quién actualmente es fiscal de Gobierno, estará lista antes del 16 de noviembre, fecha límite para que se expida la Oficina Nacional del Servicio Civil, que lleva adelante la investigación.
El subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Ariel Sánchez, dijo a La Mañana que la investigación administrativa continúa, analizándose la prueba documental y los testimonios para elaborar el informe final.
Sánchez manifestó que “hay un plazo de 60 días que a veces en magnitud de la investigación resulta corto y se puede extender por otros 60 días más. Pero yo creo que no se va a extender. En este momento estamos en el proceso del análisis de la prueba”. “El investigador lo que tiene que hacer es entender cada proceso, para formarse una composición del lugar y de esa manera elaborar el informe final”, acotó.
Si bien los testigos principales ya declararon, no se descarta realizar nuevas citaciones en caso de que queden dudas sobre algún aspecto. Los 60 días se cumplen el 16 de noviembre y Sánchez sostuvo que el informe podría estar culminado inclusive antes de esa fecha. El informe lo que hace es recomendar al organismo que solicitó la investigación, la destitución o no del funcionario. Llegado el caso deberá ser Presidencia (Toma es funcionario de esa repartición) la que envíe a la Cámara de Senadores la solicitud de destitución.
Quien fuera secretario de la Presidencia durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, está siendo investigado por abuso de funciones debido a una serie de viajes al exterior en misiones oficiales. La investigación se centra en viajes a Estados Unidos e Italia, realizados durante 2019, y el papel que cumplió una funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que lo acompañó, y que en algunos casos no estaba en la nómina de la delegación oficial. En total fueron cinco viajes: dos a Roma (en relación con el juicio por el denominado Plan Cóndor) y tres a Washington (por el juicio de la minera Aratirí).
Toma fue uno de los primeros en declarar ante el investigador designado por la Oficina del Servicio Civil. Lo hizo durante varias horas y según ha trascendido no convenció su argumentación para llevar a la funcionaria. De acuerdo al indagado, la contadora era especialista en daños civiles, derivados de delitos penales y fue llevada a Roma porque investigaba la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor.
Otro de los citados a declarar fue el director de la Senaclaft, Daniel Espinosa, quien sostuvo que la contadora en cuestión estaba en el organismo con un trabajo de adscripción a la Secretaría de Presidencia. «Tenía sus tareas diarias en la Senaclaft, por las que me rendía cuentas, pero la tarea de las misiones oficiales no dependía de la Senaclaft», señaló Espinosa a la prensa. Acotó que la secretaría necesitaba funcionarios, e ingresaron varios que venían de diferentes dependencias estatales, entre ellos la contadora, quién fuera recomendada por Toma.
Espinosa también dijo que la Senaclaft nunca investigó nada relacionado con dinero cercano al Plan Cóndor. La contadora debió declarar dos veces en la investigación, debido a que existieron contradicciones entre lo que declaró Toma sobre el papel de esta en las misiones oficiales, y lo que declaró ella misma.
Varias investigaciones en trámite
Durante su paso por la Secretaría de Presidencia, el ahora cuestionado realizó 14 misiones oficiales que le costaron al erario público US$ 164 mil.
La denuncia inicial había llegado a fines del año pasado a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), pero había sido archivada, y ahora desarchivada. Al ser funcionario público, el camino elegido por el presidente Lacalle para alejarlo del cargo es solicitar su destitución. El presidente dijo que «si fuera un funcionario de confianza no estaba más en el cargo».
Además de la investigación reabierta por la Jutep y la que lleva adelante la Oficina del Servicio Civil, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió pasar los antecedentes del caso a la Fiscalía de Delitos Económicos. «En materia de función pública hay un conjunto de delitos, pero no corresponde emitir una opinión anticipada sobre si puede haberlo o no», dijo Díaz.
Lo que espera ahora la fiscalía es la resolución final de la ONSC para comenzar su propia indagatoria, solicitando los antecedentes a esta última y citar a quienes consideren pertinente.
También se ha revelado que, durante los años 2014 y 2020, Miguel Ángel Toma tuvo cinco contratos como asesor de la Corporación para el Desarrollo, que en total suman unos US$ 58 mil.
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