A casi cuatro meses de la fecha probable del referéndum, los partidos que integran la Coalición Republicana plantean ciertos criterios o ejes para desarrollar la campaña de defensa de la LUC. En materia de seguridad, el gobierno defiende la gestión y las herramientas que otorga esta ley.
La campaña de cara a un referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración, que se estaría realizando en marzo del año próximo, se lanzó de lleno a medida que se continúa con la validación de las firmas por parte de la Corte Electoral.
El último informe de este organismo señala que de las 797.261 firmas presentadas por quienes desean derogar la ley, se han validado 505.024, o sea el 18% del padrón electoral. Para convocar a la consulta popular se debe alcanzar el 25% del padrón, o sea 671.544 firmas.
Las firmas rechazadas hasta el momento son 43.849, el 5,4% del total de las presentadas. Fueron descartadas por impresión deficiente del pulgar (10.587), por no coincidencia de la impresión (8.320), por no figurar en el padrón electoral (2.353) y por estar inhabilitados (515).
Si bien el referéndum es contra 135 artículos de la ley (tiene 476 artículos), hay algunos capítulos que son más polémicos que otros y es en estos en que parece que se centrará la campaña, tanto de quienes defienden la LUC, como quienes se oponen a ella.
Primero fue el Frente Amplio que el domingo 24 de octubre lanzó formalmente su campaña para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se aprobó en 2020 y recoge varias de las propuestas del Compromiso por el País de la coalición de partidos que integra el gobierno.
Días después, el sector «Todos Hacia Adelante» del Partido Nacional dio a conocer su estrategia a través de material audiovisual y la difusión de un pdf explicativo que circula masivamente por whtasapp y redes sociales.
Según informó El Observador, el pasado jueves el presidente Luis Lacalle Pou reunió a los líderes de los cinco partidos de la Coalición Republicana para «poner en común algunos enfoques para esta etapa incipiente de la campaña». De la instancia participó el publicista y asesor presidencial Roberto Lafluf «quien compartió conclusiones de focus group e insumos generales sobre las principales preocupaciones de la opinión pública». Además, en la reunión se estableció concentrar el discurso «en ciertos ejes» por ejemplo que la LUC contribuye a ampliar las «libertades» y los «derechos» de la ciudadanía.
Pueblo a pueblo y por las redes
Desde hace varios meses los distintos partidos de la coalición están realizando campaña de información y defensa de la LUC. En el caso de Cabildo Abierto, fue en su mesa política reunida el 26 de agosto uno de los que dio el puntapié inicial y anunció que realizaría recorridas «pueblo a pueblo». «No vamos a esperar que la Corte Electoral proclame la validez del referéndum», señaló el senador Guido Manini Ríos.
Asimismo, el diputado cabildante Eduardo Lust había comenzado a difundir una serie de audios explicativos de la LUC. En conversación con el programa radial La Voz de La Mañana, Lust afirmó que acompañaba la LUC «básicamente por el concepto de libertad”. «Los 135 artículos que se están cuestionando, en todos ellos está el concepto de libertad. Acá lo hay que ver es el enfrentamiento, en el buen sentido, de los ciudadanos a favor de la libertad y de los que están a favor de limitar la libertad. Los que están a favor de limitar la libertad deberían apoyar el sí en el referéndum porque lo que se busca es eso, y los que está a favor de defenderla vamos a votar por no”.
La gran interrogante es qué sucede en caso de ganar el sí y se deben derogar los 135 artículos cuestionados. En el caso en que el artículo dice “‘agregase al artículo 30 el siguiente texto’, entonces si gana la derogación (el sí), ese ‘agréguese’ desaparece y queda el artículo 30 sin el agregado”. Otro caso es cuando “dice ‘créase’, por ejemplo ‘créase la Dirección de Género en el Ministerio del Interior’ que es un artículo que también está sujeto a referéndum, y por tanto da ganar el sí, la Dirección de Genero que se creó desaparece”, explicó el diputado.
Lust dijo además que hay artículos que «derogan de forma expresa» normas de la Ley de Inclusión Financiera. «Si el referéndum gana los artículos que derogaban las normas de la inclusión financiera quedarían derogados, pero la inclusión financiera no renacería porque ya fueron derogados por unas leyes ya vigentes. Para que la norma que el referéndum derogó vuelva a tener fuerza se debió colocar en el referéndum una cláusula que estableciera justamente eso, que si operaba el referéndum renacía las normas anteriores, pero sino las normas anteriores ya fueron derogadas”, concluyó.
Seguridad: uno de los centros del debate
Un capítulo importante dentro de la LUC son nuevas normas para protección de la policía y los ciudadanos. Dentro de «seguridad pública», quienes se oponen a la ley pretenden derogar 33 artículos, entre ellos los referentes a legítima defensa, resistencia al arresto, delitos contra la propiedad mueble o inmueble, agravio a la autoridad policial, autoevasión y ocupación indebida de espacios públicos. Así está establecido en un compendio de comentarios que figuran en la web de «Yo firmo», de la comisión pro referéndum de la LUC.
Respecto a la autoevasión (escaparse de prisión), la LUC lo considera un delito penado, pero para quienes están contra de la ley argumentan que «la modificación castiga el intento natural de cualquier sujeto de buscar la libertad, asunto que siempre se entendió que NO debía ser castigado, fundamento que tiene larga tradición en Uruguay».
También resulta llamativo el argumento de la oposición sobre resistencia al arresto: «¿Quién determina que un ciudadano se resistió, el policía? ¿Y se resistió con justa causa, porque la propia autoridad golpeaba a una menor? ¿Qué pasa?».
Respecto a la explicación para el artículo que hace referencia a la obligatoriedad de identificarse a pedido de la policía: «Si la policía reclama documentos en todos los parques o ramblas de los ríos o arroyos del Uruguay a quienes salen a hacer ejercicio o deportes, no alcanzan las comisarías para llevarlos a identificarse. Esto puede llevar a abusos de distinto tipo».
El Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, mostró con cifras cómo la LUC ha reforzado la seguridad pública. De enero a setiembre de 2021 (en comparación con igual período del año anterior), los homicidios descendieron un 16,7%, los hurtos 6,5%, las rapiñas 17,4%, las denuncias por violencia doméstica 5,8% y el abigeato 41,6%. Heber dijo que la baja de la violencia es producto de «el dinamismo, movilidad y respaldo político y jurídico que da la LUC”.
A su vez, el documento de «Todos» a favor de la LUC dice respecto a la seguridad: «Por primera vez en mucho tiempo, el nuevo gobierno logró cortar con la tendencia creciente de los delitos y más importante aún revertir la misma. Esto fue posible entre otras cosas gracias a las reformas introducidas en la LUC. Ya no es gratis cometer un delito y eso los delincuentes lo saben. Hoy contamos con una policía que se siente respaldada para enfrentar el delito y protegida por un marco jurídico que le ha permitido recuperar la autoridad en las calles y la confianza de la sociedad. Es importante mantener los avances que hemos logrado para no cederle nuevamente terreno a la delincuencia».
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