Según el senador Lozano, «este, como otros proyectos que hemos presentado desde Cabildo Abierto, no ha tenido la celeridad que pretendemos”, mientras que las iniciativas que llegan de Torre Ejecutiva se les solicita un máximo de celeridad y “los socios de la coalición les damos un rápido trámite”
Cabildo Abierto (CA) pide celeridad para tratar un proyecto de ley que busca reestructurar las deudas de las personas físicas, ante un contexto en que las tasas de interés en las financieras llegan hasta un 133%, con una inflación anual que no llega a los dos dígitos.
Al 1° de mayo, el BCU señaló que a nivel bancario la tasa media para préstamos en moneda nacional con retención de haberes (o sea descontado del salario) llegaba al 38%, con un tope para la mora de 53%. Sin retención de haberes, la tasa media es de 46%. Pero el tema central son los topes establecidos por la ley. Se podrá cobrar como tope máximo un interés del 55% sobre las tasas medias y hasta un 80% en el caso de la mora.
Las tasas de interés que están cobrando los bancos para tarjetas de crédito están en un promedio del 87% (anual) según el último informe de abril del BCU. Las mismas van desde un 70% hasta un 99%. Por otra parte, cuando nos referimos a financieras los números son más elevados. Los intereses sobre saldos en tarjetas de crédito llegan al 128% en algunos casos, pasando por 100%, 113%, 104%.
Y la situación es más grave si se opta por pagar en cuotas. Dos de las financieras más conocidas alcanzan a cobrar el 132% cuando el saldo se refinancia en 3, 6 o 10 cuotas, mientras que otras se manejan entre un 87% y 101%.
Precisamente esa tasa de 132% es la tasa que utilizan, nuevamente, dos financieras de las más populares para sus préstamos en efectivo, mientras que otra también entre las principales tres financieras más usadas, llega al 133%.
El informe del Área de Defensa del Consumidor de 2020 revela que los reclamos por problemas con refinanciaciones en préstamos fueron de 222 y en el caso de retenciones en los salarios de 111, dentro del sector bancario.
En tarjetas de crédito, los reclamos por cálculo de intereses moratorios, multas y otros gastos llegaron a 57 y por no cumplirse con la solicitud de baja de la tarjeta se ubicó en 51.
Quedarse fuera del Clearing es como una “muerte civil”
Estos niveles de tasas de interés, más la situación económica general causada por la pandemia, han llevado a que muchos uruguayos no puedan pagar sus créditos. Por esta razón, Cabildo Abierto tomó la iniciativa de proponer un proyecto de ley que busque una solución frente a esta situación.
El proyecto busca refinanciar mediante un mecanismo legal las deudas de las personas físicas que no están contempladas por la ley concursal, siendo similar a un sistema de refinanciación utilizado en Nueva Zelanda.
El senador por Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dijo a La Mañana que en estos últimos años muchas personas tomaron créditos que no logran pagar «y viven una situación de angustia». «Cuando estas personas declaran que no pueden seguir pagando una deuda tienen una especie de muerte civil, ya que no pueden arrendar un bien, los inscriben en el Clearing, los pasan al registro de deudores del Banco Central, o sea, quedan sin poder hacer nada», sostuvo el legislador.
«Muchas personas han llegado a nosotros con la intención de querer pagar sus deudas, pero no lo pueden hacer en las condiciones actuales. Entonces vemos una doble responsabilidad: por un lado, el de las propias personas que tomaron los créditos, pero también por las entidades financieras que les dan préstamos a quienes no pueden cumplir con sus obligaciones», acotó.
El proyecto crea un procedimiento judicial que siempre debe ser procedido de una parte conciliatoria entre el deudor y los acreedores. Para acceder al mismo, la persona no deberá tener como bienes más que una vivienda, o ingresos anuales que no superen las 120 mil Unidades Indexadas (unos 49 mil pesos por mes). El procedimiento extrajudicial se llevaría a cabo en el área de Defensa del Consumidor del MEF, donde cualquiera de las partes se puede presentar, o sea el acreedor o el deudor.
En esta primera parte del acuerdo se contemplan algunas pautas como ser que el deudor podrá destinar como máximo el 30% de su ingreso nominal para el pago de las deudas (con un tope de hasta cuatro salarios mínimos) o un 40% si el ingreso es superior a cuatro salarios mínimos.
Si no se llega a un acuerdo extrajudicial, se pasa al procedimiento judicial donde el deudor deberá presentar un plan de pagos, el cual tendrá que ser aceptado por la mayoría de los acreedores. De esta manera se lograría un acuerdo de reestructuración de las deudas, como sucede hoy día en el mundo empresarial.
“Los grandes beneficiados de la denominada inclusión financiera han sido los bancos y no la gente”
Al ser consultado sobre la incidencia de las tasas de interés en el endeudamiento, que muchas veces se vuelve impagable por ser tan elevado, Lozano dijo que «en Uruguay, como está armado el sistema financiero y sumada la bancarización obligatoria, llevó a que se formara este gran problema que es el de la usura. Esto está penado por la Constitución, pero en los hechos se está dando. La inflación no llega a dos cifras, y vemos intereses que se cobran a los deudores que llegan a superar el 100%. De alguna manera hay que cortar con esta usura».
Acotó que «durante varios años el Banco Central ha sido omiso al respecto. En los últimos tiempos hemos visto que han bajado en algo las tasas de interés. Pero no sabemos si es por el proyecto nuestro, o por condiciones del mercado. No obstante, vemos que la respuesta del BCU no es suficiente». Lozano agregó que los grandes beneficiados con la denominada «inclusión financiera» fueron los bancos y no la gente «como lo había señalado el Frente Amplio».
El proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado. El legislador manifestó que «este, como otros proyectos que hemos presentado desde Cabildo Abierto, no ha tenido la celeridad que pretendemos que tenga. Esta iniciativa atañe a muchas personas que están desprotegidas y angustiadas, y hay otros proyectos de nuestro partido que también apuntan a lo mismo. En la Comisión se votan las iniciativas y de ahí pasan al plenario. Insistimos que a este proyecto se le dé la celeridad que tiene, pero no hemos tenido en la propia coalición la voluntad para un tratamiento más rápido. La realidad es que a las iniciativas que llegan de Torre Ejecutiva se solicita un máximo de celeridad y los socios de la coalición les damos un rápido trámite. Pero los proyectos de Cabildo Abierto no han tenido la misma celeridad».
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