La inseguridad que vive el país es la principal preocupación de los uruguayos. Lo dicen las encuestas desde hace muchos años, con excepción de cuando la pandemia golpeó con más fuerza.
En las últimas semanas el Ministerio del Interior convocó a los partidos políticos para participar de un intercambio de ideas y propuestas que cristalicen en un Plan Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto que participaremos y vemos con buenos ojos que también los otros partidos de la oposición esta vez sí se sumen al diálogo.
En el año 2023 también participamos en un diálogo político en el Ministerio del Interior para encontrar soluciones al tema de la inseguridad. Y aportamos nuestras propuestas, que ya habíamos incluido en un documento que fuera entregado mano propia a los ministros de la administración anterior. Lamentablemente, nuestras principales propuestas no fueron implementadas hasta ahora, por lo que vemos con expectativa la actual convocatoria. Tal vez ahora sí se entienda que si seguimos haciendo lo mismo los resultados no variarán y el problema se irá agravando conforme pase el tiempo.
Para empezar, hay que asumir que las políticas de seguridad son parte de un conjunto de políticas que deben integrarse hacia un fin superior.
Nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que si no se encaran medidas serias que logren bajar el consumo de drogas en nuestra sociedad difícilmente podremos reducir el delito que está relacionado directamente con esa problemática. Lo hemos hablado en la anterior administración con los responsables de las políticas de drogas. ¿Para cuándo una campaña seria y agresiva que busque alejar a la juventud de la droga? Una campaña que muestre el daño irreversible que ocasiona a nivel neurológico el consumo de cannabis, por ejemplo. Una campaña que replique la que se hizo contra el tabaco hace 20 años y que se implemente en los centros de enseñanza y en los medios de comunicación. Una suerte de derrotismo en esta materia ha ganado a quienes deben mostrar determinación para enfrentar este flagelo. No lo compartimos. Pensamos que Uruguay, dadas sus características y dimensiones, puede a diferencia de otros países ser exitoso en la batalla contra la droga. Pero si el objetivo del gobierno es competir con los narcos en calidad de droga e incluso aumentar las sustancias legalmente autorizadas e impulsar el turismo cannábico, ahí sí estamos condenados…
Otro aspecto esencial si queremos que el plan de seguridad dé resultado es el tema carcelario. Cada mes salen en libertad, en promedio, entre 800 y 900 reclusos que cumplieron sus condenas. Más del 70% de ellos al poco tiempo reinciden en la comisión de delitos. Son centenares de delincuentes, más los que recién comienzan, que agreden a la sociedad honesta, en una historia sin fin que solo hace aumentar continuamente el número de privados de libertad.
Si no se cambia la realidad carcelaria y se cumple con lo que determina la Constitución de la República (artículo 26) en cuanto a la rehabilitación de los privados de libertad, no habrá solución al problema de la inseguridad.
Hace tiempo que venimos proponiendo el trabajo obligatorio para los presos. Sí, obligatorio. Reconocemos que existen líneas de trabajo en ese sentido, pero sus limitaciones y el hecho de ser voluntario hace que alcance a menos del 30% de la población carcelaria. Se nos dice que no podemos obligar a alguien a hacer lo que no quiere, y respondemos que si la sociedad ha sido agredida por los delincuentes tiene derecho a obligarles a hacer lo que no quieren. El trabajo obligatorio 8 horas diarias, 6 días a la semana, es la única forma de crear en el preso un hábito de trabajo y darle una habilidad. Quien durante dos, tres, cuatro años o más trabaja en una panadería, herrería, carpintería, talabartería, huerta, etc., seguramente aprenderá a hacer pan, trabajar el hierro, la madera o el cuero, o lo que sea. Lamentablemente quienes incurren en el delito en su inmensa mayoría carecen de hábito de trabajo y de habilidades, y su tiempo en prisión es una oportunidad inmejorable para que los incorporen.
Tal vez estemos lejos de que se acepte nuestra propuesta, pero tarde o temprano habrá de implementarse, aunque más no sea para cumplir con el mandato constitucional.
Por supuesto que la educación cumple un rol fundamental en el tema seguridad. Debemos restablecer el respeto al derecho de los demás y a la autoridad en todas sus formas. A los padres, a los maestros y profesores, a los policías y militares, a los símbolos patrios. Cuando no se respeta ni a las autoridades ni a las normas existentes, impera la ley de la selva en la que los más fuertes prevalecen y los débiles están condenados a pasar una existencia de angustias y humillaciones.
Educación, políticas de drogas y rehabilitación carcelaria son aspectos indisociables de la problemática de seguridad. De poco va a servir el mejor plan de seguridad que podamos implementar si no se contemplan estos aspectos esenciales. Esperemos que más temprano que tarde todos lo entendamos así…
