Alguien le erró feo en el cálculo político. El 8 de julio vencía el plazo para presentar las firmas a favor del referéndum derogatorio de la LUC. La fecha estaba claramente marcada en todos los calendarios del gobierno y la oposición. Era una regla no escrita en la coalición que no convenía profundizar mucho sobre ALUR, Bella Unión, el cemento y tantos otros negocios perdidosos de ANCAP. Cualquier provocación innecesaria podría ocasionar un cambio de humor en la opinión pública que desencadenara en una aceleración en la recolección de firmas, ayudando a la oposición política y social a alcanzar la meta para un referéndum contra la LUC. Pero evidentemente en algún lugar importante el calendario no había quedado bien marcado, y cuando quisimos acordar el gobierno había decretado dos subas al hilo en el precio de los combustibles. El primero se produjo el 7 de junio y el segundo tuvo lugar el 30 del mismo mes. El 5 de julio, el movimiento proreferendum anunciaba, con tres días de anticipación, que había recabado las adhesiones necesarias con amplio margen. El 31 de julio se terminaría decretando el tercer aumento de combustible en menos de 60 días, en un país habituado a dos aumentos por año como máximo. El tipo de situaciones que se producen en un gobierno poblado de cuarentones con escueta experiencia laboral.
Pero a la impericia política se sumó la incapacidad de presentar ante la población la justificación racional que sin dudas existía para explicar los aumentos, más allá de la conveniencia o la oportunidad política. Después de todo los combustibles están más baratos en dólares que en cualquier momento durante los gobiernos del Frente Amplio, aún con precios del crudo sustancialmente más bajos que los de entonces. De este modo, el aumento en el precio internacional del petróleo hubiera sido el punto de partida lógico para comenzar a articular una explicación mínimamente inteligente. Luego se podría haber continuado argumentando que resultaba inconveniente para el país –especialmente para ciertos sectores de la agropecuaria– discontinuar la producción de biocombustibles en medio de la pandemia, con los efectos que esto hubiera tenido sobre el empleo. Finalmente, se podría haber explicado a la población que la política fiscal es en realidad controlada por las calificadoras de crédito, y que sin su beneplácito, Colonia y Paraguay no se encontraba dispuesta a asumir las ineficiencias de ANCAP, que nada tienen que ver con la refinería de La Teja y que, por ende, no encontrarían su solución mediante los espasmos neopopulistas a favor de la libre importación. Todas razones y explicaciones que hubieran sido muy atendibles si al menos se hubiera intentado enfrentar a la ciudadanía con las realidades fácticas.
Pero esto hubiera sido demasiado directo y transparente para el discreto amante de Aldus Huxley que, desde las alturas, intenta dirigir hasta el más mínimo engranaje político de una de las democracias más antiguas y sólidas del planeta. Este hábil operador de ilusiones sabe que las fantasías no se prenden por sí solas y que es la tiranía de la realidad la que permite a las mismas enraizarse en el terreno y florecer. Es por ello que resultaba apremiante sindicar un culpable para la suba de los combustibles, envolviendo a los inocentes y desprevenidos en una cortina de humo que permitiera a los que están sentados en la rueda-rueda, a mantenerse en sus lugares mientras todo cambia, para que nada cambie. Y de paso enterrar definitivamente cualquier intento de llevar adelante las tan reclamadas auditorías, el gran chasque prometido a la ciudadanía en las elecciones de 2019.
Es así como estos monjes de la comunicación, formados en la Universidad de Netflix, decretaron que la culpa de toda esta confusión la tienen los partidos que no aceptaron la libre importación de combustibles durante las negociaciones por la LUC. Sospechoso No 1: Cabildo Abierto. En este mundo de la posverdad, poco importan los argumentos en contra de lo que hubiera sido una apresurada y poco estudiada liberalización en el mercado de los combustibles. Peor aún, esta medida no hubiera evitado los recientes aumentos, pero eso parece no importar a estos productores de comerciales de champú. Lo que sí importa es buscar la forma de asignar las responsabilidades políticas sobre aquellas fuerzas que ganan espacio entre la ciudadanía. Justamente por hablar claro. Es así que en algún momento determinado, reunidos en torno a algún fuego, decidieron lanzar al ruedo una brigada variopinta de operadores y lobistas, en una especie de maniobra de desembarco digna de la Armada de Brancaleone.
Acatando obedientemente los pitos que señalizaban las órdenes de avanzar, partieron raudamente a la carga desde bizarras alianzas, como la de los senadores Sebastián da Silva y Germán Coutinho –el delfín de Bordaberry que terminó por enterrar sus ambiciones políticas– hasta las intemperadas apreciaciones de un intermediario ganadero devenido en lobista de la forestación. Sin dudas no podía faltar el soldado de fortuna que nos divierte todas las semanas en programas televisivos y radiales con sus oportunos descubrimientos, y que últimamente se ha especializado en dar marcha atrás en frente a cámaras. Son muchos más los infantes a bordo de ese buque comandado por el satirista encumbrado en su mástil de merengue.
Lamentablemente para estos profesionales de la ilusión, ni Cabildo Abierto ni el senador Manini Ríos se lanzaron a la política para jugar a las máscaras venecianas. Es así que en el día de ayer Manini puso punto final a la controversia, afirmando que su partido apoyaría la libre importación de combustibles si la medida es sometida a referéndum ante la ciudadanía. Se terminó el recreo.
Antonio Raimondi
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