Fue a partir de los años 90 que el problema de la seguridad ciudadana comenzó a ocupar los titulares de la prensa nacional. Con ello se instaló en la opinión pública la idea que era necesario aplicar políticas públicas adecuadas para revertir una tendencia que venía ganando terreno, no sólo en nuestro país sino también en la región.
Si hacemos un poco de historia podemos ver que el número de homicidios registrados en Uruguay en 1985 era de 4 homicidios cada 100 000 habitantes. Pero ya en 1990 la tasa de este delito creció exponencialmente, alcanzando su pico más alto en 1997 y 1998 con 7,4 homicidios cada 100 000 habitantes.
Durante la primera década del siglo XXI hubo una pequeña baja. Pero en 2012 se produjo un punto de inflexión, que generó un aumento gradual y constante de los homicidios, subiendo de una tasa de 7,8 en el año 2012 hasta alcanzar el récord de 12,1 homicidios cada 100 000 habitantes en 2018. Los años de pandemia redujeron este número, pero ya en el 2021 se mantuvo la tendencia que venía desde la década anterior, hasta alcanzar los valores actuales que son comparables a los de los peores años de Eduardo Bonomi en el 2018.
Más shockeante todavía resulta el paralelismo de nuestro país con la región. Durante muchos años Uruguay ostentaba una de las tasas de homicidios más bajas del continente. Pero si examinamos el número de homicidios actual de Uruguay con el de Argentina, podemos apreciar que la tasa de homicidios en Uruguay por cada 100 000 habitantes fue durante 2021 cerca del doble del de nuestro vecino país.
Esta evidencia demuestra, de alguna manera, que en estos 30 años han pasado varios gobiernos de distinta ideología y el problema de la seguridad ciudadana sigue complejizándose, muy a pesar de los distintos planes de ayuda económica y social que implementó el Frente Amplio durante 15 años, y por más que la coalición republicana hubiese implementado una ley que en materia de seguridad pretendía ser más punitiva, sobre todo con el narcotráfico, como fue la LUC. Pero los resultados de estas políticas han demostrado a las claras que ni el asistencialismo ni el aumento de penas son capaces de resolver por sí solos el problema de la seguridad.
En este contexto, el 28 de junio será interpelado en la Cámara de Diputados el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a pedido de la oposición. Sin embargo, los cuestionamientos hacia Heber y su política en materia de seguridad ciudadana no solo se vienen escuchando desde la oposición, sino también desde la misma coalición de gobierno.
De hecho, meses atrás, Cabildo Abierto presentó una serie de propuestas que pretendían mejorar la gestión del Ministerio del Interior implementando, por ejemplo, la reapertura de las comisarías barriales que fueron cerradas por la administración anterior. Estas no solo permitían establecer lazos más fuertes con la comunidad, sino también realizar un trabajo de inteligencia en la zona. También se propuso, entre otras propuestas presentadas en aquella ocasión, la realización de reformas en el sistema penitenciario, por ejemplo, estableciendo la implementación del trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad.
Pero más allá de cualquier propuesta puntual, hay que asumir que el tema de la seguridad es sumamente complejo y el delito es en definitiva solo la punta del iceberg. Porque el gran problema que tiene este país desde la década de los 90 es la generación de empleo de calidad. Y si observamos los índices de desempleo de la década pasada, podemos apreciar que la situación en este sentido no solo no ha mejorado, sino que, para una gran franja de nuestra población activa, por razones educativas y sociales, ha empeorado.
Por lo tanto, aportarle dinamismo y calidad al mercado laboral, e integrar a los sectores más frágiles y desfavorecidos de nuestra ciudadanía al mismo, no solo permitiría comenzar a restaurar nuestro deteriorado tejido social, sino que posibilitaría la mejora de las condiciones de vida de la sociedad toda en su conjunto. Por ello entendemos que más allá de las políticas que se pretendan implementar para minimizar y revertir esta situación, hay que tener presente que si no hay empleo, no hay seguridad.
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