Mucha polvareda ha levantado la inesperada media sanción que obtuvo la ley forestal, presentada por el Dr. Rafael Menéndez, uno de los once diputados de Cabildo Abierto.
Algunos apresurados políticos profesionales han calificado esta actitud como propia de un partido poco previsible, que además “le abre una herida muy fuerte a la credibilidad del país…”
Es evidente que sí, que actitudes como esta, constituyen una deslealtad a un sistema político que la mayoría de las veces tiene como norma -una vez alcanzados los cargos- olvidar las generosas promesas que se ofrecieron en víspera de cada acto eleccionario. Y no creen que esa descuidada pérdida de las “pilchas del apero en el camino”, al decir de Herrera, erosiona las bases de una democracia bien entendida.
Contra el sabor amargo que forjan estas reiteradas amnesias, generadoras de una desconfianza creciente de los electores, nunca escuchamos la voz de estos verborrágicos catones.
Nadie puede ignorar que una de las principales banderas de Cabildo Abierto fue el tema de la afrentosa debilidad negociadora de nuestro estado con las multinacionales celulósicas, que exhibían un país arrodillado y sin capacidad de respuesta.
Este debut parlamentario de la bancada de CA, poniendo arriba de la mesa desde el vamos una de sus principales promesas convocantes, con esta ley de ordenamiento forestal (que no es otra cosa que exigir el cumplimiento del espíritu de la norma forestal de 1987), proyecto que estuvo durante ocho meses sometido a consideración, no sólo de los 99 legisladores de la Cámara Baja, sino de todos los sectores involucrados en este tan polémico tema, merece elogio.
Lo que sí correspondía decir -que nadie lo ha dicho- que proceder así, constituye una magnífica expresión de lealtad con los mandantes, los que aportaron su voluntad ciudadana (270.000 votos), para frustrar el inexorable continuismo de un gobierno que luego de 15 agobiantes años, tenía previsto seguir de largo, y que no lo logró por muy escaso margen.
Los molestos detractores con este proyecto pretenden ignorar este compromiso sagrado con los votantes. Y muchos, aparentando estupor, lo consideran como una infidelidad (casi adulterio) el que la media sanción se haya logrado con la bancada del FA.
Como si determinado tipo de acuerdo constituyera un privilegio solo reservado para los políticos “muy profesionales”.
Sin entrar a enumerar la frondosa lista de componendas realizadas a partir del año 1985, bástenos recordar la reciente decisión parlamentaria, que creó un sistema nacional de aeropuertos por 50 años, aprobando el proyecto presentado por el presidente Vázquez el último día de su mandato. Lo que al decir del diputado Sebastián Cal “Frente Amplio, Partido Nacional y Batllistas, formaron una coalición del aire”.
Otra de las aristas con que la mayoría de los críticos del proyecto de regulación forestal, abusan del sentido común de nuestra gente, se basa en el supuesto menoscabo que esta ley podría acarrear al goce irrestricto de la libertad empresarial. Dejemos para otra ocasión analizar el obsceno abuso de los dineros públicos, es decir de los contribuyentes -que somos todos- que nos acarreará el generoso y frustrado ferrocarril de UPM.
Vayamos al concepto de la libertad como un derecho inherente al animal hombre, -al que se accede por el solo hecho de nacer-, es un principio que no admite discusión y hoy es aceptado como una de las mayores conquistas de la Civilización.
Aristóteles, en el siglo V a.C. sostenía que la libertad reconoce en la persona la capacidad para decidir libremente y de manera racional frente a una amplia gama de opciones previamente ofrecidas.
Sin embargo, el formidable filósofo clásico, entendía que la libertad no era irrestricta. Un individuo no puede, en ejercicio de sus libertades, tener mayores posibilidades, beneficios o prerrogativas que los demás seres humanos en su misma situación.
En plena época contemporánea, ya llegando a nuestros días, el filósofo norteamericano John Rawls, uno de los principales soportes de las corrientes liberales profundas, desarrolla la teoría que no podría existir libertad sin justicia y trata de demostrar que los principios de la justicia no se pueden basar únicamente en la estructura moral de una persona, sino también en la manera en que el sentido de la moral de la persona se expresa y se preserva en las instituciones.
La quejumbrosa apelación a la libertad irrestricta de estos majaderos dirigentes -políticos y también gremiales – con tonalidades decimonónicas de restaurar un estado “juez y gendarme”, está fuera del contexto de nuestro derecho positivo y no se compadece de nuestra actual Carta Magna.
La Constitución en su sección de Derechos, Deberes y Garantías, en su Art.7 dice que todo ciudadano debe ser amparado en este orden: vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y en su art. 32 dice que la propiedad es un sagrado inviolable, pero sujeto a lo que digan las leyes por razones de interés general.
El concepto de interés general, es el argumento que se utiliza para limitar los derechos individuales. Pero ¿qué es el interés general? Es el predominio o prevalencia de los objetivos generales y públicos sobre los particulares y privados. Desde el punto de vista constitucional es la forma de proteger los valores superiores y colectivos del Estado social y democrático de derecho, en procura del bienestar general o bien común.
Más allá de los atractivos intereses, que han generado ciertos grupos de inversores que aspiran a ser hegemónicos (“el poderoso caballero…” de Quevedo), el preocuparse por la agonía de los magullados sectores agropecuarios, ¿es abrazarse a melancólicas visiones de un pasado de estancamiento?
No sería mejor preguntarse si las descontroladas concesiones -groseros subsidios- que hoy son otorgados a las multinacionales celulósicas, y no estamos para nada cuestionando el apoyo que, en el inicio de la forestación como política de estado, se otorgó a los iniciadores –y luego se les quitó- ¿si se hubieran volcado parte de ellas a apuntalar las tambaleantes «pymes» rurales como tamberos, granjeros, citricultores, etc.? No sería mucho más redituable que dejar languidecer a un sector, víctima por otra parte, de equivocadas políticas económicas.
Es evidente que hoy no estaría tan despojada nuestra campaña de sus pobladores genuinos.
Lo más triste de estos tiempos utilitarios, es que se ha ido avalando un equívoco en la aritmética electoral, al juzgar estas ausencias del medio rural. Y más de un junta-votos obnubilado por alguna macroeconomía de escritorio ciudadano, asume que los trabajadores de campo, con sombrero o boina, son categorías del pasado que ya no merecen atención.
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