Manini: una voz en el desierto
Ante la algarabía de sus propulsores y la tranquilidad de la ONU, Soros (Open Society, Plannet Parenthood, Netflix, Disney, Warner…) que ven el resultado de sus inversiones, el parlamento argentino ha aprobado una ley que despenaliza el aborto. La norma establece que “Toda mujer o persona gestante tiene derecho a que la interrupción voluntaria del embarazo sea realizada o supervisada por un/a profesional o personal de salud”.
El concepto de “persona gestante” dejaría estupefacto a cualquiera no contaminado por esta absurda ideología de género. Hasta hace poco creíamos que las mujeres eran las únicas personas gestantes. Ahora parece que no es así. ¿La voluntad popular ha resuelto que los hombres también? Rousseau debe estar revolviéndose en su tumba. ¡Hasta dónde han llevado su prédica! Pero tranquilo, Juan Jacobo, para gestar hay que tener útero. Si se tiene útero, no importan la barba o la mastectomía. Por más que se decida por número mágico, útero y mujer son inseparables. No importa si me autoapercibo abeja: no fabricaré miel. El Orden Natural no se corrige por decreto.
Entre la insana alegría de algunos y el silencio cómplice de otros, se alza la voz del senador Guido Manini Ríos. En sus declaraciones sobre el tema, recuerda los conceptos del expresidente Vázquez cuando vetó el primer proyecto, que el legislador uruguayo aprobara en nuestro país.
El Dr. Vázquez decía: “Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser”.
Sin ser médica, ni bióloga, ni tampoco botánica, me remito al viejo refrán español: “no se puede pedir peras al olmo”. Las peras las dan los perales, no los olmos. Para recoger peras hay que aguardar que la semilla se transforme en árbol y las produzca. ¿Quién puede negar que la semilla participa de la naturaleza del árbol?
La ley ya fue aprobada. Un acto malo no se vuelve bueno porque sea ley. Otra cosa es callar por convicción o cobardía. Gracias, senador Manini Ríos, por levantar bien alto la bandera de la vida contra la cultura de la muerte.
Ma. Gimena Pérez
Motocarros para la clasificación de residuos de la Intendencia de Montevideo
Tengo una duda: ¿Qué pasó y dónde están los veintitrés motocarros que la intendencia entregó para la clasificación de residuos?
Se entregaron 23 motocarros los cuales sustituirían a la tracción a sangre animal.
Dijeron que fueron entregados luego de una capacitación a clasificadores.
Dijeron que se trataba de la tercera edición del programa de reconversión laboral de clasificadores con énfasis en la sustitución de tracción a sangre animal por motocarros, que brinda la oportunidad a trabajadores de residuos sólidos urbanos de acceder a un trabajo formal.
Dijeron que el objetivo era eliminar paulatinamente de las calles la tracción a sangre animal, yo sigo viendo los carros a tracción a sangre y no vi ningún motocarro circulando.
Dijeron que eran entregados a personas que abrirían empresas monotributo MIDES.
Dijeron que las tareas a realizar estarían vinculadas a la limpieza de la ciudad, calles y entorno de contenedores, levante de residuos domiciliarios de gran tamaño, poda y escombros, entre otras.
Hoy Montevideo está minado de basurales, las calles y los entornos de los contenedores desbordados de residuos y no vi ningún motocarro circulando por la ciudad, recolectando residuos…
Jorge Azar Gómez
Hostigamiento inaceptable
Cuando hace unas semanas nos referimos al claro flechamiento de algunas de las Fiscalías penales, siempre dispuestas a pronunciarse contra los integrantes de la coalición republicana, pusimos como ejemplos dos casos concretos.
En primer lugar, el del general Manini, a quien pretendieron desalojar de la política.
Fue así que se pidió su “formalización”, dejando de lado la de los verdaderos responsables, que fueron el expresidente Tabaré Vázquez y su secretario, el doctor Miguel Toma, que ahora y en forma independiente a otras sanciones deberá ser obligado a devolver los setenta mil dólares que se gastó en sus viajes de turismo “caviar” y que pagamos todos los uruguayos.
En segundo lugar, referimos al caso de la contadora Maya Cikurel, pareja del ministro Dr. Pablo Da Silveira, a quien la justicia absolvió en dos instancias, pero el fiscal general Díaz lamentó ese fallo y propuso incluir en la ley de Presupuesto un artículo especial que no tuvo andamiento.
Pues bien. Ahora sabemos que el fiscal penal actuante en el caso de Cikurel interpuso el recurso de casación, contra la sentencia absolutoria de segunda instancia, con lo que demuestra, más que un celo funcional, un claro hostigamiento contra quien está vinculada afectivamente con un ministro de la coalición.
Veamos. El recurso de casación contra las sentencias de segunda instancia en los procesos de extradición era negado siempre, sistemáticamente, por la jurisprudencia de la Suprema Corte, hasta que desde el ingreso del Dr. Gervasio Guillot a la corporación, se comenzó a admitir, dando así mayores garantías a los justiciables. O sea que, técnicamente, su interposición es viable.
Es el caso de que la Suprema Corte le ha negado la admisibilidad al recurso de casación que interpuso el fiscal en el caso de la contadora Cikurel. Resulta obvio aclarar que se entendió que no había existido ni errónea aplicación o infracción de normas de derecho en el fondo o en la forma, porque no las hubo.
No obstante, la meridiana claridad del fallo confirmado por la alzada, y el lógico rechazo de la Suprema Corte a la admisibilidad del recurso de casación planteado, el señor fiscal interpuso un recurso de queja por denegación de la casación deducida.
Esa perseverancia, esa obstinación persecutoria es lo que consideramos como un hostigamiento inaceptable.
Muy bien pudo el señor fiscal ocupar su valioso tiempo en menesteres más útiles para la colectividad, por ejemplo, la averiguación del faltante de varios cientos de miles de euros del BROU en la ocasión de un recuento, hecho de inusual gravedad del que informó la prensa y nunca se supo más nada. O de los millones de dólares prestados a los emprendimientos, que jamás fueron devueltos por los “autogestionantes”, que se cobraban altos sueldos a fondo perdido, o del software adquirido por el BROU por el cual pagó cien millones de dólares y que nunca funcionó, o de los tantos episodios y corruptelas que han costado fortunas al erario público.
En cambio, se procede más allá de lo razonable, contra quien tenga alguna vinculación en el actual gobierno.
Esto, que constituye un flechamiento de orden político, confirma la necesidad de un cambio en la titularidad de la Fiscalía General, que Cabildo Abierto hace tiempo viene planteando, pues afecta seriamente el funcionamiento del sistema judicial de la República.
Carlos Martel
