La administración Biden ha hecho caso omiso de dos sugerencias radicales que le facilitarían mucho las cosas. La primera es una garantía laboral federal. Expresado sucintamente, el gobierno debería garantizar un empleo a todo aquel que no pueda encontrarlo en el sector privado, a una tarifa fija por hora no inferior al salario mínimo nacional. Un plan así tiene varias ventajas, de las cuales dos son clave. Primero, una garantía laboral federal eliminaría la necesidad de calcular las brechas de producción, ya que apuntaría no a la demanda futura de producción sino a la demanda actual de trabajo. Esto a su vez subraya una definición clara y sin ambigüedades de lo que es el pleno empleo: que todos quienes estén listos, dispuestos y capaces de trabajar tengan un empleo remunerado a una tarifa salarial dada. Según este criterio, en la actualidad existe en Estados Unidos un nivel importante de subempleo, lo que incluye a las personas que se han retirado del mercado laboral o trabajan menos de lo que desean. Segundo, la garantía laboral funciona como un amortiguador del mercado de trabajo que se amplía y contrae automáticamente con el ciclo de negocios. La Ley Humphrey-Hawkins de 1978 –que nunca fue implementada– “autorizaba” al gobierno a crear “reservorios de empleo público” para equilibrar las fluctuaciones en el gasto privado. Estos reservorios se vaciarían y llenarían automáticamente a medida que creciera y disminuyera la economía privada, creando un estabilizador mucho más potente que el seguro de desempleo.
Robert Skidelski, en Project Syndicate
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