Uruguay presentó a fines del año pasado a la ONU su cuarto informe bienal sobre Cambio Climático y el Reporte de Inventario de gases de efecto invernadero. Del mismo surge que en el período 1990–2019 las emisiones brutas se incrementaron 22%. El aumento es explicado por aumentos de 40% en las emisiones de CO₂ en el sector transporte, 16% a las emisiones generadas por el manejo de suelos agrícolas, 14% a la ganadería vacuna y ovina, 10% en la disposición de residuos sólidos, 7% en la quema de combustibles en el sector industrial, 5% por el uso de HFC principalmente en refrigeración y 2% por la producción de cemento. El restante 6% se compone de categorías que individualmente no suman 2%.
Del informe se desprende claramente que la agricultura es la que más contribuye a las emisiones brutas del país con un 73% de las emisiones, seguida por el sector energía con 21%, desechos 4% y los procesos industriales con el 2%.
Teniendo en cuenta esta situación, llama la atención que los representantes de nuestro país en la Conferencia de Glasgow hubieran adherido al compromiso de bajar las emisiones de metano en un 30% para 2030, moción promovida por los Estados Unidos y la Unión Europea, pero a la cual no adhirieron China, India y Rusia, los principales emisores de este gas. Australia tampoco firmó el acuerdo.
Si el 73% de las emisiones del país se explican por la agricultura, el compromiso de reducción de 30% de emisiones en menos de 8 años impone fuertes restricciones a la actividad, justamente en un momento en que desde los Estados Unidos y Europa fuertes grupos de interés promueven la carne sintética. ¿A qué estamos jugando?
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