Lo que se presentaba como consensos, eran miles de millones de dólares. Lo que se exaltaba como gran política, eran negocios… En columnas, editoriales y cartas al director, se repite la pregunta de “¿cuándo se jodió Chile?”. Y ese lamento cuenta esta historia: “Chile vivió una edad de oro desde 1990.
El crecimiento fue alto, la pobreza se desplomó, el acceso a la vivienda y a la educación universitaria se dispararon, e incluso la desigualdad se redujo un poquito (todo lo cual es verdad). Eso fue posible por una generación de líderes virtuosos que priorizaron los acuerdos y las políticas de alta calidad técnica”. Hasta que se acabó, por la acción de algún agente patógeno (el populismo, el chavismo, los alienígenas). Así, de un golpe de imaginación, se exculpa a quienes han dirigido la vida social en las últimas décadas.
Lo que esta fábula omite es que en esa supuesta “edad de oro” estaban todas las semillas de lo que vendría. Cuando la torta crece a un 7% anual, como ocurrió en los noventas, la estrategia predominante dentro de una élite es la colaboración, que permite acuerdos mutuamente beneficiosos.
Chile creció exportando recursos naturales y permitiendo que esas rentas fueran capturadas por privados. Esto funcionó mientras los recursos fueron abundantes; las leyes ambientales, laxas, y las comunidades afectadas, impotentes. Pero fatalmente las leyes del cobre bajarían, la pesca se agotaría, la industria forestal consumiría el agua, y en un país con mayores ingresos las comunidades locales comenzarían a resistir la depredación.
Nunca hubo una estrategia para pasar a una fase 2 usando el impulso de esa fase 1… Eso, usted lo comprende, no fue mera negligencia. La captura de rentas y el monopolio son el estado ideal de las cosas para quienes disfrutan de él, y así se entienden acuerdos como el de 2003: aumentar el IVA y eximir de impuestos la compraventa de acciones…
La torta dejó de crecer y apareció el juego de suma cero. Para agrandar mi trozo tengo que quitarle al de alado. Y si los trozos están repartidos de manera muy desigual, el conflicto se vuelve la estrategia dominante.
Andrés Matamala en La Tercera, Chile.
El rol del FMI en las reestructuras de deuda
La deuda, los problemas de pago y las reestructuraciones son hechos comunes para los individuos, las empresas, las instituciones financieras y, en ocasiones, los estados soberanos. Lo que hace especial a la deuda soberana es que es el único tipo de deuda para el que no existe un marco legislativo que guíe el proceso. De hecho, la historia de los últimos 40 años revela que es el FMI el que suele configurar los procesos de reestructuración soberana.
Un aspecto clave de este proceso es la selección del criterio a utilizar para determinar si es necesaria una reestructuración de deuda y cuándo hacerla. Dado su rol de prestador de última instancia, es normalmente el FMI quien se encuentra en esta situación clave llegado el momento. Esto se debe a que cuando un país empieza a perder acceso a los mercados de financiamiento, normalmente recurre al FMI a efectos de evitar el default.
Frente a una solicitud de ayuda, el FMI tiene dos opciones: 1) proporcionar financiamiento en apoyo de un programa de ajuste, permitiendo que el país siga cumpliendo su servicio de deuda (programas de «rescate»); o 2) condicionar la aprobación de un programa a una reestructuración de las deudas privadas del país. Una reestructura de deuda tiene costos para todas las partes involucradas, pero cuando la deuda se hace insostenible, se hace aún mayor el costo de no reestructurar a tiempo. Pero el concepto de insostenibilidad de deuda soberana es diferente al de insolvencia para empresas. Una empresa es insolvente cuando sus pasivos exceden sus activos, pero para un país los activos son la capacidad de cobrar impuestos. Como la capacidad de generar impuestos tiende a ser proporcional al PIB de un país, el ratio entre deuda y PIB es un indicador primario de sostenibilidad. Si ese ratio traspasa determinados umbrales, un aumento de impuestos pasa a ser contraproducente ya que socava el crecimiento y no hay políticas económicas viables que impidan que la deuda siga aumentando sin algún tipo de alivio de la deuda.
Determinar una reestructura además requiere capacidad política por parte del gobierno, ya que esto implicará emprender un programa de ajuste. Si la deuda es insostenible, recibir financiamiento del FMI sin una reestructura de deuda suele empeorar las cosas para el país, ya que le permite retrasar el inevitable desenlace. Esto se da porque a menudo los funcionarios del gobierno son reacios a iniciar el proceso por temor a las repercusiones económicas y políticas, prefiriendo en su lugar «apostar por una resurrección», adoptando medidas desesperadas que generen las divisas para hacer frente a los pagos más urgentes.
Sean Hagan, ex abogado general del FMI, en publicación del Peterson Institute for Internacional Economics
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