La problemática del transporte de carga en nuestro país ha generado una polémica que va más allá de los trágicos accidentes sobre los que ha informado La Mañana. El SUTCRA (Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines) –que de un número estimado de 70.000 choferes de transporte cuenta con 1.500 afiliados de los que casi la mitad son choferes de autoelevadores del Puerto de Montevideo y otros– ha renovado su interés de que se instale el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (SICTRAC) o similar. Desde hace varios años el sindicato ha expuesto a título de denuncia diferentes y supuestas irregularidades que se fueron acumulando con el paso del tiempo como forma de dar fuerza al reclamo.
Objetivos cuestionados
En el inicio se plantearon como objetivos eliminar una supuesta evasión en el sector que alcanzaría la suma de 500 millones de dólares, que se basaría en la baja de aportes realizados por algunas empresas que “maquillarían” los números pagando sueldos acordes al laudo, hecho que sería en la planilla, pero no en la realidad. Por otra parte, se insistió en la cantidad de horas realizadas por el o los choferes lo que podrían generar los accidentes, algunos de los cuales han sido informados por La Mañana.
En lo referido a la evasión –y ante la negativa de las autoridades tanto del BPS, DGI y los demás organismos de contralor que consideraron que las cifras reales eran mucho menores–, en las últimas horas la Comisión de Transporte y Obras Públicas de Diputados recibió a una Delegación del SUTCRA integrada por Marcos Lombardi, Marcelo Luzardo y Cesar Bernal. El propio Lombardi, de acuerdo a la versión taquigráfica de la Comisión, expresó que «no queremos decir una cifra porque se ha jugado mucho con discutir después cuál es el número y de dónde sale, pero en definitiva nosotros decimos que son más de 100 millones de dólares». En agosto de 2019, La Diaria publica declaraciones del Lombardi en la que expresa: «Según reconocen las propias empresas hay una evasión de pago al Estado que ronda los 400 millones de dólares». Los mismos hicieron saber de su preocupación por la no instalación de un nuevo sistema para suplantar al SICTRAC que fuera dejado en “suspenso” por medio de un Decreto firmado por el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Luis Alberto Heber. En el pasado el Sr. Lombardi nos manifestó que no se involucraron en el tema “porque era un negocio para tres o cuatro vivos”.
Exministro Heber: “Hay que revisar el sistema de adjudicación”
En plena campaña previa a las Elecciones Nacionales pasadas, el Partido Nacional dejó en claro su posición contraria a la instalación del referido sistema. A 48 horas de asumir el nuevo gobierno, el exministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, logró que se firmara el Decreto 71/020 donde se impone la utilización del SICTRAC. A poco de asumir el nuevo gobierno, se dejó sin efecto el mencionado decreto con un argumento esgrimido por el entonces ministro Heber quien expresó: “hay que revisar el sistema de adjudicación. No entendemos por qué todo apuntaba a beneficiar a un mismo empresario. Además, primero tenemos que lograr un consenso entre las partes, tanto empresarios como trabajadores”.
Un “negocio a varias puntas”
Como hemos anunciado en ediciones anteriores, el proyecto del SICTRAC fue impulsado desde la anterior dirección de la ITPC presidida por Mauro Borzacconi en conjunto con el empresario Carlos Baladon Rodríguez, quien era el propietario de 35.000 equipos de procedencia china y titular de las empresas Sit S.A. y Bidafox S.A., ambas inscriptas en el primer llamado de empresas habilitadas para la instalación del sistema. Baladon, además de ser conocido por trabajar en la instalación de precintos en el puerto, era quien financiaba a la ITPC con un pago de 6.500 dólares mensuales, lo que fue reconocido públicamente por el expresidente de la Intergremial.
El MTOP de la época planeaba convertirse en un “superministerio” con la posibilidad a través del sistema en cuestión de brindar información “en tiempo real” a BPS, DGI, MTSS, Banco de Seguros y Aduanas. Por último, se le ofreció la posibilidad al SUTCRA de tener acceso a información de las empresas en caso de que lo solicitara y la posibilidad de negociar junto a la directiva de ITPC de la época los nuevos laudos, que ante la dificultad de abonarlos por parte de pequeñas y medianas empresas obligaría al cierre de las mismas. A poco tiempo de ello, Borzacconi declaró que el sistema era imposible de instalar sin un acuerdo previo dado que los laudos solicitados superaban las posibilidades de la mayoría de las empresas. Pero el SUTCRA había solicitado un plus y era un monto aproximado de 1 dólar por equipo instalado y por mes, lo que para el caso de cubrir la totalidad de la flota significa una cifra aproximada a los US$ 35.000 con un destino: financiar licencias sindicales.
Un sindicato contradictorio
En la postura de defender los derechos de los trabajadores del sector, los principales dirigentes han caído en una serie de actitudes contradictorias más allá de las anteriormente señaladas. En ocasión del cierre de Transportes Cuello, una de las empresas más importantes de la región norte, se acusó a los propietarios de “vaciar” la empresa y trasladarla a territorio brasileño. En la actualidad, esta empresa transita por nuestras rutas con matrícula brasileña, no se conoció ningún tipo de movilización en defensa de los derechos de sus trabajadores, algunos de los cuales aún no perciben haberes.
Por otra parte, la empresa Transportes Viana es hoy la más importante en número de unidades en el departamento y ha tenido históricamente incumplimientos denunciados ante el Ministerio de Trabajo llegando inclusive a no presentarse a audiencias de mediación. Más allá de alguna movilización frente a los portones de la empresa en la ruta 27 y a pesar del reconocimiento público de un sindicalista de que “trabajamos por el viático”, no se conoce ninguna medida en contra de la empresa por parte del SUTCRA. Es bueno destacar que el actual secretario general del sindicato, Ricardo Aloy, es funcionario de la empresa mencionada.
Por último y en ocasión del trágico accidente en ruta 9 y que les costara la vida a dos choferes, el sindicato se mantuvo al margen de tomar medidas a pesar de que el empresario Néstor Gerpe, en declaraciones al informativo de Canal 4, no solo relativizó el hecho, sino que además sugirió irresponsabilidad de parte del chofer de su propia empresa.
Dip. Rodrigo Albernaz (CA): “Hay intención de FA de poner el tema sobre la mesa”
En la última reunión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de Diputados, quedaron varios temas pendientes para su análisis por parte de los integrantes. Al respecto La Mañana entrevistó al diputado de Cabildo Abierto por Salto, Rodrigo Albernaz, quien señaló que “en la última reunión de la Comisión, estuvo nuevamente sobre la mesa el SICTRAC y todo lo referente al transporte de carga que a veces no es importante para la gente, pero que sin lugar a dudas está detrás de cada artículo de consumo”.
Al ser consultado sobre si el sindicato recibido era o no representativo del sector, el legislador expresó: “La naturaleza de las Comisiones es tener un panorama lo más integrador posible. Nuestra agenda es abierta a recibir la mayor cantidad de organizaciones posible sin importar su tamaño. Es evidente que algunas serán más representativas que otras”. El diputado Albernaz se refirió en especial al número de afiliados del sindicato referido expresando que “luego de recibir en comisión al sindicato salí a buscar datos sobre la representatividad del mismo, lo que es muy importante ya que venimos de un año 2020 donde se habló mucho del tema. Y llegamos a la conclusión de que representan a un grupo muy menor de choferes”.
Para finalizar, el diputado Albernaz expresó que “el presidente Lacalle Pou en campaña había anunciado la decisión de suspender la instalación del sistema y esto fue cumplido. Su implementación creaba una serie de dudas ya que generaba conflictos de interés. Esto fue una medida cumplida y estamos en una etapa de reformulación. Lo que vemos es que desde el Frente Amplio hay una intención de poner el tema sobre la mesa y si bien no quiero vincular a ningún sindicato, es clara la intención de la fuerza política de poner nuevamente el asunto en discusión. Se hacen puntualizaciones, se habla de los últimos accidentes en especial con el que ocurrió en la ruta 1 (camión embistió un puente de los accesos) y se pone el sistema como la solución de todo. Es evidente que un sistema de estas características para una empresa que se maneja en la informalidad no soluciona nada”.
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