El domingo pasado la ciudadanía se expresó a favor de una coalición que promete poner nuevamente en pie al trabajo y la empresa nacional, restableciendo su rol histórico como pilar en el desarrollo económico y social de nuestro país.
El Ejecutivo deberá concentrarse en el presente y el futuro. Sin un día que perder, deberá tomar las medidas necesarias que permitan destrabar la producción y el empleo. La realidad actual se encuentra ya sobre-diagnosticada por analistas y comentaristas que debaten todos los días sobre el déficit fiscal, las calificadoras y otros temas, que si bien son importantes, no son la llave para resolver el problema de la empresa nacional.
El tema que requiere urgente consideración es la constante pérdida de empresas y fuentes de empleo, área en la que no abundan propuestas concretas de solución. Claro está que hay que minimizar iniciativas de realismo mágico como la de generar empleo produciendo cine y otras más que surgieron a lo largo de esta larga campaña política. Mientras tanto, la teoría de Schumpeter sobre la creación destructiva no encontró nunca un campo tan fértil de aplicación como el Uruguay de los últimos años; solo que en este caso, la creación quedó relegada por la búsqueda de rentas.
La empresa es una vaca a la que se ha ordeñado demasiado y ya no se le puede pedir más. Primero hay que ayudarla si queremos salir del pantano en el que nos dejó esta conducción económica que confundió otorgar privilegios a empresas extranjeras, con la generación de riqueza genuina.
La tarea de la reconstrucción debe empezar inmediatamente.
Para ello es fundamental ponernos de acuerdo que no se puede subordinar la economía de la empresa a las necesidades fiscales del Estado. Resulta claro que ambos balances han quedado seriamente dañados, pero si pretendemos resolver primero al Estado para luego dar lugar a la empresa, nos quedamos sin economía, y allí le daremos la razón a quienes irresponsablemente agitaron el fantasma de la Argentina. No podemos poner todo en función de las calificadoras, que deberán entender que la reducción del déficit se deberá hacer de forma gradual. Si fueron tolerantes y complacientes con la gestión económica actual, correspondería que le den a las nuevas autoridades el tiempo necesario para que la economía retorne a la senda de crecimiento, no forzando al gobierno a imponer políticas fiscales procíclicas.
Lo primero que debe hacer el Estado es sincerar las tarifas de energía y combustibles para dejarlos en niveles comparables con la región. Ello impondrá una restricción presupuestal a UTE y ANCAP, que deberán buscar la forma de financiar sin asumir deuda. Solo a modo de ejemplo, ambas controlan empresas de derecho privado que podrán poner a la venta, desde parques eólicos a distribuidoras de combustibles. Deberán sujetarse a la misma disciplina financiera que rige a las empresas privadas, las cuales vienen sufriendo por años tarifas muy por encima de las que se pagan en Argentina y Brasil.
En segundo lugar, el Estado debe procurar reducir la burocracia y simplificar los trámites. La complejidad administrativa se encuentra en la base del clientelismo y la corrupción. No resulta razonable que agroindustrias que deben refinanciar créditos con el BROU deban contratar consultorías y pagar asesores para poder acceder a las facilidades; asesoramiento que debería ser parte de la competencia básica del banco estatal. Lo mismo con la Dinama y otros organismos. La lista es larga y no vale la pena ahondar, pero sirve para hacerse una idea de las dificultades y costos adicionales que se imponen al empresario nacional. Mientras tanto la empresa extranjera se comporta como los cónsules europeos en las cortes otomanas en sus últimas décadas de decadencia.
En tercer lugar, promover la competencia en el sistema financiero. Con un sistema bancario privado cada vez más concentrado, y un BROU dedicado a prestar al consumo, el poder de los bancos frente a las empresas es cada vez mayor. Las nuevas tecnologías han permitido introducir competencia al sistema bancario en todo el mundo, salvo en nuestro país. Estas tecnologías permiten aumentar el acceso al crédito y bajar las tasas de interés que pagan las Pymes. Por otra parte se trata de una industria que podría volver a generar empleo si se dieran incentivos a la entrada a nuevos jugadores, cambiando aquellos aspectos de la regulación que de hecho han consagrado un oligopolio en manos de algunos privados.
Finalmente, se deben estudiar mecanismos de consolidación de deudas del sector productivo que permitan extender plazos de pago y suspender amortizaciones por un período lo suficientemente largo como para permitir que las medidas de competitividad surtan efecto. No hay mejor garantía para los bancos que empresas en marcha y campos que se mantienen productivos, en lugar de ser rematados. Esto no es nuevo, forma parte del paquete de medidas aplicadas por el presidente Franklin D. Roosevelt en la década del ´30, soluciones que con variantes fueron aplicadas por varios países y gobiernos para enfrentar circunstancias similares, incluyendo el uruguayo.
La reconstrucción se debe encarar con pragmatismo y disciplina. Pragmatismo para encontrar y consensuar soluciones prácticas y viables. Y disciplina para asegurarse de que las soluciones lleguen en tiempo y forma para mantener al sector productivo vivo. El país ha dado un voto de confianza al gobierno de coalición que liderará el Dr. Lacalle Pou y aguarda esperanzado que el sistema político logre ponerse de acuerdo para que el país esté de pie nuevamente.
