La economía funciona por vasos comunicantes, constituyendo un ámbito donde coexisten actividades formales e informales. Con su poder económico, las redes criminales transnacionales tienen un pie en la economía formal y otro en la informal, tejiendo complejas redes de intereses y lealtades, lo que hace compleja la tarea de detectarlas. Su carácter transnacional y su organización en redes les permite trasladar rápidamente sus actividades, haciéndolas muy flexibles y resistentes.
Como cualquier multinacional, estas redes se comportan como agentes racionales que procuran maximizar sus ganancias y minimizar sus riesgos.
Al momento de seleccionar una ruta, van a buscar aquella que sea más rentable. El hecho de que hayan elegido Uruguay como un punto de recepción, acopio y envió de droga a Europa, evidencia que la ecuación de riesgo-retorno favorece su establecimiento en nuestro país.
Pero dado que el tipo de cambio en Uruguay no es competitivo respecto a Argentina y Brasil (nuestros “competidores” en esta ruta del sur) resulta difícil que, no mediando otra explicación, una red multinacional con posibilidades de operar en la región elija Uruguay. Posiblemente la explicación se encuentre por el lado de los riesgos, y que estas organizaciones encuentren que operar desde Uruguay es menos riesgoso que la alternativa de los países vecinos. Por este motivo, una efectiva política de represión al narcotráfico debe apuntar a aumentarle los riesgos de operación a estas redes criminales, incentivándolas a que abandonen el territorio nacional.
En la búsqueda de controlar sus riesgos, estas redes cuentan con varias herramientas. Si las normas de lavado de dinero les dificultan mover fondos en el sistema financiero, pueden recurrir al trueque por armas, drogas de consumo local, o asistiendo al terrorismo internacional. En este mundo, paradojalmente, las leyes del mercado funcionan sin la interferencia que las regulaciones estatales imponen a sus contrapartes legales. Estas redes necesitan proveedores que, como consecuencia, también deben pasar a la informalidad. Si el Estado es permisivo ante el crecimiento de este fenómeno, se termina por degradar su propia capacidad de recaudación y por ende, todos los servicios que dependan de la misma. Esto aumenta la presión recaudatoria sobre las actividades formales, lo que contribuye a hacerlas incompetitivas. En el límite, esto lleva a la desaparición de la pequeña y mediana empresa formal, y a la degradación del Estado.
Para entender la magnitud de los negocios controlados por estas redes criminales, basta con apreciar el valor de un solo embarque de cocaína incautado en Europa, estimado en USD 1.100 millones. Esto representa más del a mitad de nuestras exportaciones anuales de carne y aproximadamente 10% de las exportaciones totales. Esto es un solo embarque, de un solo producto. Si se tiene en cuenta que estas redes son actores racionales que minimizan sus riesgos, es factible pensar que el volumen total de los negocios que manejan en Uruguay sea al menos cinco veces esta cifra, lo que representaría casi un 10% del PBI formal.
De lo anterior se desprende el peso económico de estas actividades, que le van disputando el terreno a la economía formal. Ese peso económico inevitablemente termina generando influencia sobre la política. Basta pensar cuántas gremiales agropecuarias e industriales existen en nuestro país para defender los intereses de productores, comerciantes e industriales, para imaginar el grado de influencia que pueden lograr organizaciones con el poderío económico de estas redes criminales.
La influencia de estas redes comienza por el barrio, la unidad territorial básica. Con mucha mayor libertad de acción y recursos que alcaldes y comisarías, estos devenidos señores feudales de la droga mantienen aterrorizadas a las familias, mientras esclavizan a los jóvenes convirtiéndolos en adictos. Los efectos de este control territorial los sufre la población de bajos recursos todos los días.
El entrelazamiento en el barrio entre el poder del Estado y el de estos señores feudales crea de hecho un duopolio en el ejercicio del poder territorial. Para los ciudadanos que todos los días se ven forzados a pagar un “peaje” para poder tomar el ómnibus e ir a trabajar, la presencia del Estado es cada vez más difusa. ¿Qué tipo de sociedad y economía puede funcionar así?
Es mediante la normalización de la violencia y la banalización de la corrupción que las redes criminales transnacionales logran socavar la sociedad civil, el sistema político y la soberanía nacional. Resulta por tanto insensato distinguir narcotráfico “al menudeo” del narcotráfico “mayorista” como le gusta a un conocido comentarista que presume de sus conocimientos de seguridad. No existe una línea divisoria, el mundo de las redes de narcotráfico se caracteriza por ser opaco, desperdigado y diversificado. Hoy un individuo puede estar distribuyendo droga en Montevideo en un barrio costero y mañana puede estar completando un contenedor con cocaína para Europa. Esas distinciones solo existen en la estrechez de alguna facultad que tiende a ver distinciones de clase hasta en el truco.
La estructura organizacional y modalidad operativa de estas redes requiere que exista desorden en el territorio. Cuanto más caos exista en la calle y en el barrio, con más facilidad podrán esconder sus negocios. Cuanto más logren que la gente honesta se quede atemorizada en sus casas, mayor será el control territorial y el poder del que disponen.
La presencia de las grandes redes de narcotráfico en el Uruguay hacen que fenómenos como la corrupción y el tráfico de drogas no se puedan analizar separadamente. Es tal el poder económico de estas redes delictivas transnacionales, que tienen la capacidad de llevar la corrupción a niveles inimaginables. Como una hidra, el narcotráfico va de a poco tomando el control de todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Empieza con la calle, termina con el Estado.
Para consolidar su dominio, estas redes buscan reemplazar al Estado, degradando tres funciones esenciales: la provisión de seguridad, la existencia de una economía y comercio estables y la superioridad cultural e ideológica. Esto último resulta claro cuando se observa que estas redes no solo pretenden dominar el territorio y el comercio, sino que también procuran imponer un lenguaje propio entre sus miembros, que funciona a la manera de salvoconducto. En sustancia, van socavando la voluntad del Estado de combatirlas y las van reemplazando en la provisión de bienes públicos.
El Estado debe asumir su responsabilidad y combatir con seriedad el narcotráfico con las herramientas y firmeza necesarias. Esto necesariamente requerirá colaborar con los países vecinos y aquellos de las zonas productoras y consumidoras.
El sistema político debe ser plenamente consciente que el objetivo de estas redes es el caos territorial y la eliminación del Estado tal como lo concebimos los uruguayos. Para combatir este flagelo es necesario prepararse de forma integral y planificada, lo que requiere rearmar los desmantelados servicios de inteligencia.
- M. Sc., Instituto Tecnológico de Massachussets, Contador Público.
