En entrevista con La Mañana, el presidente del Banco de Previsión Social (BPS) presentó los planes de su gestión y realizó un repaso de algunas reformas que ya ha tenido el sistema jubilatorio en Uruguay. Además, planteó los puntos de encuentro y discrepancias con la opinión de expertos que debatieron sobre la seguridad social del futuro.
Los primeros días del mes de abril, Hugo Odizzio -quien posee varias décadas de experiencia en áreas del Banco de Previsión Social (BPS)- fue designado para ser el presidente de la institución. Encabezar un organismo que el año pasado llegó a recibir USD 600 millones de rentas generales para poder cumplir con su deber no parece ser una tarea fácil. Pero el presidente asegura que a través de un proceso de reforma se podrá lograr varias metas y ya se está trabajando en ese sentido.
Las discusiones sobre la reforma en seguridad social están latentes, por eso recientemente se realizó una conferencia organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). En la instancia se presentaron los puntos de vista de tres especialistas: Rodolfo Saldain, Fernando Filgueira y María Dolores Benavente. Sobre éste y otros temas conversamos con Odizzio en la siguiente entrevista.
¿Con qué se encontró al llegar al directorio del BPS?
Cuando llegué el 3 de abril fue a consecuencia de la pandemia y de un aumento en las solicitudes de seguros de desempleo y por enfermedad. A los problemas de gestión y financieros que ya existían se agregaron estos. Cuando fui Gerente de Clientes me preocupaba mucho el tiempo que se demoraba en atender en el call center y que se respondiera rápido en los mostradores. Hicimos un sistema para que en cada mostrador se informara lo mismo, para que la respuesta dependa de cada funcionario. Se brindó transparencia en requisitos y el proceso de atención fue muy bueno. Después hubo un proceso de deterioro, ahora puede haber hasta 15 minutos de espera, y muchos cortan sin ser atendidos.
Entendemos que no solo precisamos dar bien las prestaciones y que todos accedan, sino además dar un servicio acorde a lo que la gente espera. Tenemos una pérdida de efectividad en la atención y por otro lado un diagnóstico del sistema financiero. Cuando llegó la pandemia esto se complicó mucho más. Los planes de mejora siguen intactos y ahora estamos empezando a retomar el control y trabajar para mejorar.
¿Qué planes de mejoras hay?
Estamos pidiendo un reporte de todas las respuestas de los canales, porque de nada sirve que atiendan muy rápido si después el trámite se agenda para dentro de un mes. En el año 1990 se empezó un sistema de medición de calidad de servicios que viene de un modelo inglés donde se identifican los aspectos más importantes y menos satisfactorios para los usuarios. Haciendo esta medición sabíamos dónde aplicar el esfuerzo para mejorar.
«Habrá menos jóvenes sosteniendo a más gente de edad y eso implica nuevas formas de financiamientos»
Tenemos que volver a enfocarnos en qué cosas son más valoradas y que no están siendo debidamente atendidas. Sabemos que la atención por diferentes sistemas no presenciales no estaba dando la respuesta esperada. Hay aspectos que hacen a la seguridad jurídica que también tenemos que poner en la línea de trabajo. En este respecto, en el directorio se planteó la importancia de conocer los dictámenes jurídicos en los que el BPS siempre pierde y que hacen que la población incurra en gastos de abogados que no todos pueden pagar. Es un tema a mejorar. No se puede hacer de un día para otro, pero tenemos que tratar de evitar problemas en la población.
El tema vivienda también es muy importante, porque tenemos tantos beneficiarios como personas esperando y las 7.000 que esperan hoy no son las mismas que esperaban hace cinco años, porque son personas en edad avanzada y no les estamos pudiendo dar una buena respuesta todavía. Estuve hablando con Irene Moreira y sabemos que tenemos mucho para coordinar en ese sentido.
Rodolfo Saldain fue uno de los autores de la reforma del 95. Esta previó un modelo que iba hacia la reducción de la transferencia de rentas generales, algo que se logró a los 10 años, por 2007. ¿Qué fue lo que sucedió después?
Es verdad, ese objetivo se cumplió plenamente y si se seguía en esa línea hoy no estaríamos atravesando la situación que tiene el país en cuanto a déficit fiscal donde un componente importante son las transferencias al BPS. Lo que pasó es que en 2008 todos los partidos políticos votaron la flexibilización del acceso a las jubilaciones. A partir de allí, la asistencia que venía de rentas generales -que era casi cero- comenzó a despegarse hasta los casi USD 600 millones como tuvimos el año pasado.
«La protección social intenta tratar situaciones desiguales»
La flexibilización que se aplicó en 2008 se contrapuso a las rigideces que había, pero no se llegó a evaluar la cantidad de personas que accederían al nuevo derecho. Por eso la reforma se realizó con proyecciones que no pudieron cumplirse.
Permitió que se pudieran reconocer muy fácilmente los años de trabajo de las personas. Se bajaron las condiciones por parte de la ley y se permitió que esas condiciones se probaran de forma declarativa a nivel administrativo. Esto lo queremos resolver a través de decisiones con sustento técnico y todo en forma ordenada. Tenemos que transmitir seguridad jurídica, pero eso estamos analizando esto con asesoramiento.
Benavente se sumó a lo planteado por Saldain y recordó que la ley de cincuentones y los cambios de comisiones también tuvieron un rol «perjudicial» y engrosaron el déficit fiscal. ¿Qué opina al respecto?
Creo que la reforma va a tener que tener una visión mucho más elevada. La del año 1995, que creó el régimen mixto, fue ambiciosa y estuvo muy enfocada en crear un escenario de sustentabilidad del sistema. Pero esa sustentabilidad cambió en el correr de 25 años, entonces la reforma de ahora presenta un mayor desafío ya que no solo contempla la sustentabilidad del sistema de administración y cobertura, sino que deberá analizar qué impacto tiene en las transformaciones que se están generando en el mercado de empleo, cómo incorporar una cuarta generación de personas que tienen una vida más prolongada. Habrá menos jóvenes sosteniendo a más gente de edad y eso implica nuevas formas de financiamientos. Los instrumentos que tenemos hoy son condimentos que hacen el escenario más complicado: ley de cincuentones, flexibilidades, déficit fiscal.
Fernando Filgueira, por su parte, habló de la necesidad de no capitalizar individualmente y sí incrementar el piso individual. ¿Cómo analiza esto?
Ya no hablo más de sistema de capitalización de la seguridad social, sino de ahorro. El ahorro implica un sentido de previsión, el concepto de «guardá para cuando no tengas». A ciertas edades no hay conciencia de la necesidad de ahorro, de generar un patrimonio para el futuro. Es importante que la población empiece a comprender que el ahorro de hoy es el que le permitirá tener un retiro jubilatorio. En la medida en que haya mayor conocimiento las personas van a saber los efectos que tiene eso en su vida a nivel de empleo, le permitirá proyectarse.
La seguridad social es darles protección a los ciudadanos de las contingencias que les depara la vida. No todos tenemos las mismas oportunidades, pero la protección social intenta tratar situaciones desiguales. Si solo lo dejáramos librado a la capacidad que puede tener una persona para tener su cuenta de ahorro, sin asegurar un piso básico de protección, la sociedad estaría dejando de lado su enfoque solidario.
Si se mira el déficit acumulado, hay algo que no está a simple vista y es que año a año aumentó el gasto de jubilaciones más que el promedio porque se le da un aumento diferencial a las jubilaciones mínimas. No estamos en contra de ello. Es el reconocimiento de que hay personas con un ingreso muy bajo que no les permite acceder a todos lo que necesitan, y un componente del aumento de la transferencia de rentas generales está asociado a este aumento, es una manifestación de solidaridad.
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