La docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar), Clara Musto, quien se ha especializado en problemas de delito organizado, mercados de drogas y violencia, dialogó con La Mañana con respecto a la realidad actual de Uruguay en esas áreas y explicó las causas que motivaron a grupos criminales a operar en el país. En ese sentido, lamentó la falta de voluntad política para reprimir el crimen organizado y el lavado de activos.
Recientemente participó en una actividad realizada en la Facultad de Psicología (Udelar) donde expuso junto a otros expertos sobre crimen organizado y lavado de activos. ¿Cuáles son los principales problemas en torno a esos temas?
Para pensar el problema de las drogas, uno de los elementos fundamentales es que en América Latina ha primado la llamada guerra contra las drogas, que fue optar por una vía que Uruguay parece estar empezando a transitar, que es la idea de que, si se militariza la represión de la circulación de las drogas, se va a lograr detener ese mercado. Esa idea convivió con otra, de que era posible tener una economía de libre mercado, con poco control de la circulación de mercaderías, pero que sí se iba a poder controlar una en específico que era la de las sustancias ilegales. Así es que en Uruguay la causa principal del crecimiento de las mujeres en privación de libertad son los delitos de droga y entre los varones es el delito número tres. Esa vía de la represión, junto con la idea de que es posible tener una actitud liberal respecto al resto de los mercados, es lo que lleva a entender la situación hoy.
¿Qué implicancias ha tenido esto en materia de lavado de activos?
Los colegas se explayaron muy bien en esa charla respecto al poco control del lavado de activos y del origen de los recursos que se insertan por ejemplo en el mercado inmobiliario. La historia muestra que ha habido cierta dificultad en luchar contra la corrupción, o sea, ha habido algunos eslabones más altos de las cadenas de tráfico de drogas que han pasado por la cárcel y se han fugado a través de la corrupción de la policía. Al mismo tiempo, aquellos que no tienen el poder de corrupción, sí tienen que cumplir las penas en la cárcel en malas condiciones como el hacinamiento. ¿Por qué aparecen los grupos criminales en Uruguay? Las cifras sobre consumo muestran que ha sido muy difícil reprimir ese mercado, por lo cual se desarrolla de manera ilegal, con colusión con la élite económica, con corrupción del poder público y privado y con mucha violencia en las clases bajas.
En la charla, usted hizo alusión a la incidencia que tuvo la Ley de Puertos del 92 en el ingreso de las drogas al país. ¿Podría profundizar al respecto?
La Ley de Puertos, enmarcada en un gobierno de fuerte impronta liberal, permitió la libertad de circulación de mercaderías en el puerto uruguayo, les garantizó a quienes querían utilizarlo que no se iban a realizar demasiados controles ni trámites formales. El problema es cuando esa perspectiva liberal convive con la idea de no controlar lo que circula, lo que se manifiesta en la falta de escáneres, la falta de control de la corrupción en el puerto. En la charla yo mencioné las denuncias que ha habido de parte de actores internacionales e incluso del propio sindicato de la existencia de corrupción, de que no se logra instalar los escáneres, no por azar, sino porque cuando se ha intentado, ha habido actos de corrupción y atentados en contra de que se instalen. Lo mismo ocurre en el puerto de Nueva Palmira, otro centro estratégico que se ha identificado para el comercio regional de sustancias ilegales. El contrabando ha sido históricamente importante en Uruguay. Entonces, fomentamos el libre mercado y no controlamos si incluye el libre mercado de drogas.
¿Qué es lo que está fallando a nivel del Estado en materia de combate al crimen organizado y el lavado de activos?
Todo indica que falta voluntad política para reprimir ese tipo de delito, porque la perspectiva liberal de la economía implica que el dinero es bueno y no importa de dónde venga. Esa ha sido la actitud que han tenido los diferentes gobiernos en Uruguay: mientras que el dinero circule y genere inversión, no importa tanto su procedencia.
¿Comparte que existe una falta de percepción del riesgo, como advierten los especialistas?
Lo que falta es voluntad política. Si uno le pregunta a la gente que sabe sobre el tema, seguramente cualquier abogado, contador o cualquier persona mínimamente capacitada en el sistema financiero y en la economía se puede dar cuenta de que existe un riesgo. Lo que no existe es voluntad de controlar ese dinero para que no se vuelva a volcar en la economía legal.
¿El surgimiento y posterior crecimiento de Marset fueron posibles por esta falta de controles que señala?
América Latina ha sido continuamente señalada, toda la cocaína que se consume en el mundo tiene su origen en plantas de coca de Bolivia, Perú y Colombia. Son muchísimos los ejemplos de diferentes actores involucrados en el tráfico ilegal de drogas. En este marco, no sorprende mucho el surgimiento de Marset. Ha habido varios antes que él que también se han involucrado en este tipo de negocio ilegal.
Una de las interrogantes que se buscó responder en la actividad fue por qué en algunas zonas existe alta prevalencia de violencia física, tema que usted ha estudiado particularmente. ¿Cuáles son esas causas?
Ese tema se asocia a la vulneración socioeconómica. Los delitos de violencia contra las personas, como las rapiñas y los homicidios, tienden a concentrarse en las zonas de la ciudad donde hay mayor pobreza, desempleo, dificultad de acceso a la vivienda, menores niveles educativos. En ese tipo de barrios los vecinos tienen una percepción de que la policía es muy incapaz de mantener el orden, de reprimir las bocas de venta de drogas, lo cual lleva a un espiral de violencia en el cual la única manera que tienen los vecinos de defenderse de la violencia es con más violencia. Por ejemplo, si le vienen a robar a un joven de 20 años que camina de noche por Casavalle y que no tiene nada que ver con ningún tipo de organización criminal, sabe que no puede contar con la policía porque es lenta, ineficiente y, además, cuando llegue, como es un joven y es de Casavalle, va a pensar que el ladrón es él y no va a hacer mucho para protegerlo. En ese contexto, la única manera que muchos jóvenes tienen de defenderse tanto de la violencia criminal como de la violencia policial, es a través de la violencia.
Esto, al mismo tiempo, convive con muchas manifestaciones de solidaridad de los vecinos para sobrellevar esas malas condiciones de vida. Son numerosos los ejemplos de la solidaridad barrial en las ollas populares, en la protección a la infancia. Con esto quiero destacar que la violencia no es lo único que ocurre en estos barrios, también hay mucha solidaridad barrial para sobrellevar este tipo de problemas, pero esa solidaridad no puede encauzarse en cómo canalizar las denuncias porque no hay confianza en la policía, en que sea justa, en que esté ahí para proteger a los vecinos de bien, a los trabajadores. Aparte, ellos mismos saben que las cárceles son lugares donde los jóvenes salen con peores posibilidades de inserción en la sociedad. Esto crea un contexto barrial donde es muy difícil parar las manifestaciones de violencia.
El fentanilo viene haciendo estragos en los Estados Unidos. ¿Es algo sobre lo que debamos estar preocupados? ¿Cuáles son los efectos de esta droga en la sociedad?
Independientemente del fentanilo, el abuso de fármacos sin receta médica es un problema que compete al Uruguay. Desde hace muchos años se ha planteado un debate respecto al uso de psicofármacos. Uruguay es un país con altos niveles de consumo de drogas legales e ilegales, de alcohol, de cocaína, de cannabis y también de psicofármacos, con receta y sin receta. Es algo que desde la salud y las ciencias sociales se viene señalando hace por lo menos 20 años.
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