Un informe especial de la Oficina del Comisionado Parlamentario, titulado “Penas alternativas durante la ejecución penal para mujeres con hijos e hijas a su cargo”, pone el foco en la situación de las mujeres privadas de libertad que conviven con sus hijos en instituciones penitenciarias de Uruguay.
El documento detalla el crecimiento sostenido de esta población, las condiciones de vulnerabilidad social que enfrentan estas mujeres y la urgencia de implementar medidas alternativas a la prisión que prioricen el bienestar de los menores y las dinámicas familiares. El informe se presentó en un acto realizado en el Palacio Legislativo.
En junio de 2025, según el informe, 65 mujeres alojadas en prisión convivían con 68 niños y niñas, la mayoría menores de dos años. Este número refleja un aumento significativo en los últimos años, ya que hasta 2022 la cantidad de mujeres con hijos en prisión oscilaba entre 35 y 45, pero en 2023 y 2024 creció notablemente, alcanzando un máximo histórico de 72 mujeres y 73 menores en septiembre de 2024. El Decreto Ley 14.470, en su artículo 29, establece que las reclusas con hijos menores de cuatro años pueden tenerlos consigo en el establecimiento penitenciario, con la posibilidad de extender este período hasta los ocho años en casos especiales. Sin embargo, el incremento de la población penitenciaria femenina ha generado una presión considerable sobre el sistema penitenciario.
Desde 2020, la población carcelaria general en Uruguay ha crecido a un ritmo del 8% anual, pero la población femenina lo ha hecho a un 18% anual, tres veces más rápido. En 2024, las mujeres representaban más del 8% de la población privada de libertad, frente al 5% en 2019. A principios de junio de 2025, había 1426 mujeres privadas de libertad, con un promedio de edad de 34 años, de las cuales el 38% (543) tenían menos de 30 años.
Por otra parte, el diagnóstico del Proyecto Crisálidas revela datos significativos sobre la maternidad en el contexto penitenciario. El 90,6% de las mujeres privadas de libertad son madres, con un promedio de 2,65 hijos, superando ampliamente la media nacional de 1,88. Además, el 89,7% de sus hijos son menores de edad, y se estima que unos 2500 niños y adolescentes se encuentran en situación de vulnerabilidad social debido a la privación de libertad de sus madres. Estos menores suelen quedar al cuidado de familiares, principalmente abuelas y tías. El informe también destaca que la maternidad temprana es frecuente: el 42,6% de estas mujeres tuvo su primer hijo en la adolescencia, y el 47,1% entre los 18 y 24 años.
Delitos relacionados con drogas
Un aspecto central de la presentación tiene relación con el perfil delictivo de las mujeres privadas de libertad con hijos. El 86% de las que conviven con sus hijos en prisión están condenadas por delitos relacionados con estupefacientes, un porcentaje que refleja un aumento significativo, ya que en marzo de 2022 este delito representaba el 43% de los casos y en junio de 2025 alcanzó el 60%. “Estas mujeres provienen mayoritariamente de contextos de alta vulnerabilidad, con antecedentes de pobreza, violencia de género, explotación sexual y dificultades de inserción social y laboral. Muchas de ellas realizaron tareas de riesgo para su salud e integridad para sostener a sus familias antes de su encarcelamiento”, se señaló.
En la Unidad 9 (la cárcel para mujeres con hijos), en noviembre de 2024, el 80% de las 39 privadas de libertad (31) estaban condenadas por delitos vinculados a estupefacientes, el 10% por rapiña, y el resto por delitos como homicidio, abuso sexual, atentado violento al pudor y lesiones graves. Para mayo de 2025, la población en esta unidad aumentó a 51 mujeres, superando la capacidad oficial de 50 plazas. De estas, el 69% (35 mujeres) enfrentaban cargos por delitos de estupefacientes, el 16% por rapiña, el 8% por hurto, y el resto por abuso sexual, estafa, lesiones graves y lesiones personales. Según las evaluaciones del Sistema de Observación y Análisis del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en 2024, el 41% de estas mujeres tenía un riesgo bajo de reincidencia, el 53% riesgo medio y el 5% riesgo alto. En cuanto al riesgo de daño hacia sí mismas o terceros, el 62% presentaba riesgo bajo, el 38% riesgo medio, y no se registraron casos de riesgo alto.
El informe también compara la situación de Uruguay con otros países. En Argentina, a pesar de tener una población carcelaria siete veces mayor, la cantidad de mujeres con hijos en prisión en 2023 (73) es similar a la de Uruguay. En la mayoría de los países europeos, salvo Turquía, esta cifra es significativamente menor, tanto en términos absolutos como relativos.
Límites de aplicación de la ley
La Rendición de Cuentas de 2022 (aprobada en 2023), Ley 20.212, modificó el artículo 304 del Código del Proceso Penal y permite aplazar o sustituir penas de cárcel en circunstancias excepcionales, como gravidez a partir del quinto mes, lactancia durante el primer año o necesidades familiares especiales. Sin embargo, las restricciones para reincidentes, reiterantes o penas superiores a 24 meses limitan su aplicación, especialmente en casos de microtráfico, donde las penas mínimas por delitos relacionados con pasta base de cocaína superan este umbral. El informe del comisionado parlamentario subraya que estas limitaciones reducen la efectividad de la ley y propone una nueva redacción que elimine el límite de 24 meses para facilitar la aplicación de medidas alternativas.
Entre las medidas propuestas, se recomienda que el Poder Legislativo avance en una legislación que permita la prisión domiciliaria asistida, acompañada de programas sociales determinados por la sede judicial para garantizar el cumplimiento de la pena y la resocialización. También sugiere la creación de casas cuidadas y seguras de medio camino para grupos de no más de 10 mujeres con hijos, como alternativa a los pabellones en instituciones penitenciarias de mayor tamaño. Otra propuesta es el establecimiento de centros de integración social, inspirados en el modelo español, para personas con penas cortas o en etapas avanzadas de cumplimiento, donde puedan pasar parte del día en actividades de capacitación, educativas o de atención de salud.
Sobre el INR, institución a cargo de las cárceles, se indica que este “ha mostrado compromiso en abordar esta problemática a través del Programa de Atención a Mujeres con Hijos/as y Gestantes, así como mediante la articulación interinstitucional”. Además, se ha iniciado la construcción de un nuevo centro penitenciario para mujeres, “que se espera represente una oportunidad de cambio en el sistema dentro de dos años”. Sin embargo, se enfatiza que las condiciones actuales, marcadas por el hacinamiento y la falta de recursos, dificultan la atención adecuada de esta población.
Finalmente, el documento insta a los operadores de Justicia a maximizar el uso de mecanismos alternativos a la prisión para mujeres con hijos que hayan cometido delitos leves y no representen un riesgo para la sociedad, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional ratificada por Uruguay. Estas medidas buscan “no solo reducir la población carcelaria, sino también mitigar el impacto de la privación de libertad en los niños y niñas, promoviendo su desarrollo emocional y social en entornos más adecuados”.
“Burbujas de protección”
El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, comentó el informe y destacó la importancia de trabajar en conjunto por la defensa de los derechos humanos “y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Uruguay”, subrayando la necesidad de avanzar hacia medidas alternativas a la prisión que protejan tanto a las mujeres como a sus hijos.
En relación con las mujeres con hijos en prisión, Petit expresó que su oficina ha evolucionado en su perspectiva sobre el tema. Inicialmente, se cuestionaban “qué hacen esos niños en medio de ese contexto penitenciario”. Sin embargo, tras años de visitas, diálogos con expertos y recomendaciones, han reconocido que estas unidades funcionan como “burbujas de protección” para mujeres que, en su mayoría, cometieron delitos no violentos, como los relacionados con estupefacientes. Estas mujeres, señaló, provienen de contextos de exclusión, pobreza, violencia doméstica, explotación sexual y manipulación por redes de narcotráfico. “Lo que parece es el cheque en blanco del tráfico de estupefacientes parece ser una salida a una solución. En realidad, es un inicio a un serio problema y a mayores deterioros”, afirmó.
Destacó que estas “burbujas de protección” son transitorias, ya que las mujeres eventualmente regresan a la comunidad. Por ello, el informe plantea la necesidad de avanzar hacia un sistema de penas alternativas, como la prisión domiciliaria asistida, que permita a las mujeres cumplir sus sanciones mientras acceden a educación, salud y acompañan la crianza de sus hijos. “Debería ser posible […] que en algunas de esas situaciones esas personas puedan estar en la comunidad con una prisión domiciliaria asistida”, propuso, enfatizando que estas medidas deben ir acompañadas de programas sociales que protejan a las mujeres de las “asechanzas del mundo de la criminalidad o las carencias de la pobreza”. El objetivo, según Petit, es que estas mujeres puedan reparar el daño cometido, construir un nuevo proyecto de vida y criar a sus hijos en un entorno más adecuado mientras cumplen su sanción penal.
