El Dr. Jorge Chediak se ha manifestado contrario a la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como plantea el gobierno. Chediak, quien estuvo presente como panelista en el seminario Internacional organizado por la Universidad de la Empresa (UDE) donde se analizó el tema, dialogó con La Mañana dando a conocer el porqué de su oposición.
Usted se ha manifestado contra la creación del Ministerio de Justicia, ¿a qué se debe esta posición?
Tenemos en Uruguay, lamentablemente, la experiencia histórica en el pasado reciente de la existencia de un Ministerio de Justicia. Es un período que todos tratamos con mucho cuidado, porque todavía hay sentimientos a flor de piel al respecto. Fue un Ministerio de Justicia que se utilizó para avasallar y humillar al Poder Judicial, que llevó a que se destituyeran prestigiosos colegas, jueces, actuarios, defensores, funcionarios de todas las jerarquías no por cometer delitos, sino por sus ideas, por su ideología. Y eso hizo que en los hechos desapareciera el Poder Judicial y se transformó en la administración de Justicia. Creo que mi primer carné decía “Justicia Ordinaria”, porque además existía la Justicia Militar y donde estábamos nosotros era la Ordinaria. Por lo tanto, un Ministerio de Justicia todavía rechina muchísimo en todos nosotros.
Al regreso de la democracia, en el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, siendo ministra interina de Justicia una gran personalidad del Uruguay, la doctora Adela Reta, que a su vez era la ministra de Educación y Cultura, se dicta la ley que suprime el primer artículo, dice: “Suprime el Ministerio de Justicia”. Y allí todas las instituciones que se habían concentrado en el Ministerio de Justicia recuperamos nuestras competencias naturales. Lo que era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo volvió al Tribunal de lo Contencioso, lo que era del Poder Judicial volvió a la Suprema Corte de Justicia y muchísimas cosas que básicamente eran del Ministerio de Educación y Cultura retornaron a él.
Y el sistema ha funcionado adecuadamente sin la existencia de esa figura de Ministerio de Justicia, que tiene no solo mala fama, como dijo el señor presidente de la República, Yamandú Orsi, sino que nos trae recuerdos muy dolorosos a quienes peinamos canas porque realmente fue una época nefasta del Uruguay.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, señala que varias democracias plenas del mundo tienen sus ministerios de Justicia. ¿Qué reflexión le merece este concepto?
Hay algunos temas que efectivamente preocupan con razón a todo el sistema político. Una de ellas de muy difícil resolución es la administración del sistema carcelario. De la misma manera que cuando existió el Ministerio de Justicia estaba unido a Instrucción Pública, nosotros tuvimos el sistema carcelario en lo que hoy es el Ministerio de Educación y Cultura y hoy está en el Ministerio del Interior. En ninguna de las dos carteras se logró la eficacia de la administración de los establecimientos carcelarios, ni siquiera hablo de la rehabilitación, señalo la eficacia en la administración que a todos nos gustaría. Básicamente, allí hay un problema, por lo cual probablemente no sea necesario crear una nueva cartera. Se señala que el Reino de España con más de 50 millones de personas tiene más de 20 ministerios. Uruguay que, en el gobierno de José Fructuoso Rivera y Toscana, nuestro primer presidente, tenía tres carteras ministeriales, hoy tiene 14. No parece lo más razonable crear otro. Además, en general, las reestructuras ministeriales han sido de resultado cero, es decir, se reparten competencias dentro de ministerios que ya existen.
O sea, con todos los gastos que conlleva, se estaría creando una nueva cartera ministerial, cargo de ministro, subsecretario, director general, una sede, instancias presupuestales. También es un nuevo ministerio para luchar por el reparto de los fondos públicos. Probablemente, haya otro tipo de soluciones, quizás volviendo algunas cuestiones al Ministerio de Educación y Cultura, reorganizando algunas competencias dentro de los ministerios. Pero básicamente el nombre Ministerio de Justicia viene asociado en nuestra historia constitucional a un período como es el de la dictadura militar, que nos dejó unos sin sabores y unos dolores muy grandes a muchos de nosotros.
Su oposición, entonces, ¿es por el nombre o las funciones de este nuevo ministerio proyectado?
Aclarado que no se va a tocar la Constitución de la República de ninguna manera, que las competencias van a ser simplemente una redistribución de las que existen, pervive el tema de lo traumático que fue para el Uruguay, para la democracia uruguaya, la existencia de un Ministerio de Justicia. Se utilizó como herramienta para sojuzgar, no solo al Poder Judicial, sino también al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a todas las fiscalías, pues también todas dependían del Ministerio de Justicia.
Por supuesto que, siendo una dictadura militar, nadie tocó y no tenía competencia ninguna el Ministerio respecto de la Justicia Militar. Razón por la cual el Supremo Tribunal Militar siguió siendo Supremo Tribunal Militar y la Suprema Corte de Justicia pasó a ser Corte de Justicia. Esta situación es el pasado reciente. No es el gobierno del general Máximo Santos. Se trata de un ministerio que existió en la última dictadura militar, que sigue siendo un período que despierta muchas pasiones en la sociedad uruguaya. Otro tema es que el nombre del Ministerio de Justicia lleva a la confusión en el público en general de qué tiene que ver el ministro de justicia con la justicia. Básicamente en los hechos, y eso se ve en las anunciadas competencias que tendría, tiene tanto que ver un ministro de Justicia, como el ministro de Educación y Cultura con la educación, que casi está toda en mano de otros organismos, no en el ministerio. Pero el nombre va a llamar a la confusión.
O sea que, en su opinión, crearía confusión dentro de la población.
Se oscurece el funcionamiento. Hoy ya hay una gran confusión. Lo veo, por ejemplo, en la red X. Fíjese que ya existe confusión en los ciudadanos normales entre qué es el Poder Judicial, los jueces, la Fiscalía, y de quién depende esta. También la gran mayoría de la gente no sabe quién es el responsable, si tal fiscal no hace lo que debía de hacer o se politiza. Y me parece que ponerle Ministerio de Justicia a una nueva cartera, va a acentuar esta confusión.
Se ha señalado que con un ministerio de este tipo si algún ciudadano no quiere recurrir ante un Fiscal podría recurrir a ese ministerio para asesorarse. ¿Qué opinión le merece esta posibilidad?
Nosotros tenemos la más amplia defensa pública del continente. Hay países que tienen defensa pública para los que no tienen recursos suficientes, exclusivamente en materia penal y en algunos casos en materia de familia. Uruguay tiene en materia penal, en materia de familia, en materia laboral, hasta en materia contencioso-administrativa. Incluso hay defensorías públicas en lo civil. O sea, cubrimos todas las materias jurisdiccionales del Estado con defensa pública. Podría ser más fuerte, podría tener más abogados, seguramente sí. Pero no hay ahí un gran defecto. El que busca encuentra en la defensa pública la forma de acceder sin costo a la Justicia.
Se habla de llevar tareas que se realizan en cárceles al proyectado ministerio. ¿Qué consideración le merece este tipo de propuesta?
Para no oscurecer el funcionamiento del Estado y no generar confusión, si se quisiera, por ejemplo, llevar el sistema carcelario a otra cartera ministerial, perfecto. Pero no es necesario crear un ministerio. Se puede hacer una dirección como ya hay un instituto de establecimientos penitenciarios. Retornarla quizás, si está muy sobrecargado el Ministerio del Interior, a su lugar original que era el Ministerio de Educación y Cultura. Las cárceles antes estaban en ese ministerio. Crear una cartera ministerial para también ponerle esta tarea, no me parece la mejor solución. Pero será el sistema político él que decidirá.
La creación de un Ministerio de Justicia estaba en el programa de varios partidos. En su opinión, ¿a qué se debe que surja tal planteo?
Creo que en el caso de algunos de los partidos que gobernaban en el período anterior tenía que ver con la Fiscalía. Era tener alguna inserción institucional diferente de la Fiscalía General de la Nación, porque se han percibido defectos en su funcionamiento práctico. La situación planteada era tener por encima de la Fiscalía General de la Nación una cartera ministerial que tuviera contralor parlamentario. Creo yo que venía por ahí.
Y la propuesta del gobierno, ¿por qué dónde cree que viene?
No lo sé. Seguramente por lo que ha dicho el prosecretario de la presidencia de la República, Jorge Díaz, para coordinar funciones y mejorar el servicio.
