La propuesta de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay cobró fuerza en 2024, al ser incluida como prioridad en los programas de gobierno de los principales partidos políticos para el período 2025–2030. En ese marco, la Universidad de la Empresa (UDE) organizó un seminario internacional que reunió a expertos nacionales e internacionales para discutir los alcances y desafíos de esta nueva institucionalidad.
El evento abrió con la exposición del Dr. Álvaro Redondo Hermida, fiscal del Tribunal Supremo de España, quien compartió la experiencia comparada en su país. Le siguieron presentaciones del Dr. Rubén Correa Freitas, catedrático de Derecho Constitucional, y del Dr. Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, quien delineó la misión y visión del eventual ministerio.
Entre los argumentos a favor, se destacó el fortalecimiento del acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, la articulación de políticas públicas y la defensa de los intereses del Estado.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de controversias. Algunos actores del sistema judicial manifestaron reservas respecto a los límites de esta nueva estructura y su posible superposición con competencias ya establecidas por la Constitución. El ex presidente de la Suprema Corte, Dr. Jorge Chediak, subrayó la necesidad de preservar la independencia de los órganos jurisdiccionales y la separación de poderes. En una línea similar, la Dra. Rossina Rossi, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, enfatizó los cuidados que debe tenerse al diseñar vínculos con órganos ya existentes.
También se discutió el rol de la Defensoría Pública, en palabras de la Dra. Lucía Long, y el impacto en el sistema penitenciario, analizado por la Dra. Ana Juanche, directora del INR.
La propuesta ha generado un debate amplio que trasciende lo técnico para instalarse en el plano político y constitucional. Mientras sus promotores la consideran una herramienta clave para modernizar el Estado y avanzar en derechos, críticos advierten sobre el riesgo de generar solapamientos institucionales o vulnerar autonomías.
El seminario cerró dejando en evidencia que, si bien el consenso sobre la necesidad de mejorar el sistema de justicia es general, el camino hacia la creación de un Ministerio específico aún enfrenta interrogantes jurídicos y resistencias sectoriales.
