En entrevista con La Mañana, el Dr. en Economía Enrique Pées Boz, director en UTE y ANCAP por el partido Cabildo Abierto, señaló que están en marcha auditorías de las anteriores administraciones y fundamentó su crítica a la política de cambio de matriz energética que llevaron adelante los gobiernos frenteamplistas.
¿Es legal y humanamente posible participar en dos directorios de tales empresas a la vez?
Es un gran honor que el presidente Lacalle Pou haya convalidado lo sugerido por las autoridades de Cabildo Abierto, designándonos primero como integrantes del Directorio de UTE y luego también como Director Interino en ANCAP. Legal lo es y sobre si es humanamente esperable, estamos intentando demostrar que es posible. Nuestra mayor voluntad para ello. Una doble curva de aprendizaje que compensa con creces el esfuerzo físico y mental.
¿Algunas conclusiones que nos pueda compartir sobre estas primeras semanas en ambas empresas públicas?
Sin ingresar en “odiosas comparaciones”, como se suele decir, vale describir a UTE como una entidad más claramente identificada con un propósito y orientación, que no es otra que la generación y distribución de energía eléctrica, sea para el consumo empresarial o familiar. ANCAP es una realidad más compleja, desde su propia vocación original reflejada en su denominación: combustibles, alcohol y portland. En este caso, la complejidad también se refleja en las denominadas sociedades subsidiarias: ALUR, DUCSA y Cementos del Plata, entre otras, tanto en el país como en el extranjero.
Durante la campaña electoral del año pasado, Ud. insistió mucho con la necesidad de poner en práctica una metodología especial de investigación: las auditorías de gestión. ¿Ha podido impulsar su concreción?
En ambas empresas hemos tomado y apoyado iniciativas al respecto. Tanto ANCAP como UTE tienen sus respectivas Auditorías Internas, Auditores Externos y también representantes permanentes del Tribunal de Cuentas, que dan fe de la información contable y financiera que se difunde periódicamente. Lo nuestro, la auditoría de gestión, busca analizar todo aquello que se hizo y no se debió hacer, así como lo que no se hizo y se debió hacer, en un pasado que condiciona el presente de ambas empresas.
¿Algunos ejemplos?
En UTE, donde hemos contado con la valiosa colaboración para acelerar nuestro aprendizaje de la presidenta Silvia Emaldi, de muchos años en la institución, hemos apoyado la concreción de la iniciativa del director Felipe Algorta sobre una Auditoría de Gas Sayago S.A., el fracasado proyecto que aún seguimos y seguiremos pagando los contribuyentes del país, orientando y promoviendo determinados contenidos en los Pliegos para la contratación de Auditores Externos que vayan más allá de los resultados obtenidos oportunamente por la respectiva Comisión Investigadora. Hoy mismo se trataron en Directorio nuestros planteos, así como también una propuesta que realizamos promoviendo una investigación de la transformación de la matriz energética, que consideramos costosa y en económicamente no fundamentable.
¿Cuestiona la nueva matriz energética, destacada reiteradamente por el gobierno anterior?
Lo hacemos fundadamente. Permítame intentar convencerlo compartiéndole algunos elementos de juicio que hemos incorporado en la propuesta de investigación formulada. Cuando en el año 2010 un acuerdo multipartidario acordaba pautas para su transformación, lo hacía en un escenario donde la generación no era suficiente para abastecer sustentablemente el consumo requerido. Entonces se propusieron acciones tales como incorporar gradualmente 300 MW adicionales de potencia en base a energía eólica; los molinos gigantes que hoy encontramos diseminados por todo el país.
Y digo diseminados pues en estos 10 años, lejos de contemplar dicha producción objetivo, llegamos hoy a tener instalados parques eólicos por más de 1.500 MW de potencia máxima, lo que contribuye a un alarmante desequilibrio entre una generación posible en escenarios óptimos de 4.500 MW, para una demanda muy menor, la que actualmente no supera los 2.200 MW. Un desequilibrio alarmante, incluso considerando los rendimientos promedio esperables de 42% y 21% de eólica y fotovoltaica.
Pero lo económicamente más grave, es que el 55% del costo de la generación responde a contratos PPA por los que UTE se comprometió a pagar todo lo que aquellos molinos producen, necesite o no la energía.
¿UTE debe pagar por comprar energía que no necesita?
Así es. Durante la última década UTE firmó contratos PPA (se trata de la cifra en inglés de Power Purchase Agreement) por los cuales todo lo que produce el contratado, o sea los propietarios de los parques eólicos, con verdaderos comportamientos rentistas, reciben regularmente el pago de UTE de lo que “suben” a las redes de la empresa, utilizándolas sin pagar ningún canon o peajes por su uso. Negocio seguro y sustentable por 20 años, con la única obligación de que los equipos funcionen y produzcan, sin tener que preocuparse por conseguir mercado, ya que desde que consiguieron firmar, UTE les paga promedialmente 69 dólares por MWh, lo necesite o no. El resto de las fuentes de generación, como la hidráulica que en tiempos normales resulta económicamente más conveniente, de menor costo por MWh producido, la que solamente se utiliza para complementar.
¿Eso no encarece la producción?
Afirmativo. Pero tenga en cuenta que lo generable, según los PPA firmados necesariamente hay que usarlo, ya que contractualmente estamos obligados a pagarlo. Lo del principio, un claro ejemplo que, para los economistas, marca la diferencia entre empresarios y rentistas. El problema es que están firmado por 20 años o más y que como en todo emprendimiento o actividad económica, los costos de producción finalmente repercuten en el precio de venta, o sea en las tarifas que todos pagamos, donde pesan estos factores y también pérdidas en el orden de 22% de lo que se genera. Otro tema para investigar y corregir.
¿Ud. se refiere a los pagos de UTE por U$S 142 millones a privados por energía no utilizada que se difundió recientemente en la prensa?
Lo leí y le comento que, si bien responde a la pregunta que el medio formulara, los costos por capacidad de potencia instalada según la nueva matriz de energía eléctrica y que no tienen un consumo al cual dirigir la energía, repercuten, según nuestras estimaciones preliminares, en más de U$S 70 millones anuales en el presupuesto de UTE y consecuentemente en sus tarifas. Para confirmar y buscar soluciones es que promovemos las consecuentes investigaciones.
¿Y en ANCAP?
Antes de pasar a ANCAP, una breve referencia a los cambios que impulsamos en UTE. Con el equipo de asesores que hemos integrado a nuestra Secretaría, hemos diseñado y presentado al Directorio el Proyecto Saturno, orientado a cambiar la visión y la estrategia de UTE, en la misma línea de la Ing. Emaldi, orientándonos a promover la utilización y el consumo de la energía eléctrica, aspecto de sentido común, pero que inexplicablemente aún hoy se contradice, de acuerdo con un tarifario que no condice con los sobrantes de producción potencial a que nos han conducido los excesos de estos 10 años.
Sobre ANCAP, apenas unos apuntes introductorios. Estamos investigando pagos a la DGI por multas e intereses, a pesar de no tener deuda por impuestos según declaración de la propia DGI, por U$S 150 millones, los que aún se están pagando en cuotas. Lo original es que fue el propio Directorio de ANCAP el que en el año 2016 solicitó que la DGI lo investigara y concluyera en una transferencia a plazo, vía DGI, a Rentas Generales. Recordamos aquello de “cosas veredes, amigo Sancho”.
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