A pesar de los esfuerzos de las autoridades nacionales de mitigar los efectos negativos de la pandemia, la falta de controles del Estado ha permitido que el abuso y el incumplimiento de leyes laborales se hicieran una costumbre en empresas de diferentes portes. Los incentivos ofrecidos a los empresarios para mantener las fuentes de trabajo parecen no haber dado el resultado esperado ante el aparente desconocimiento de las autoridades nacionales. Una constante en diferentes empresas del país sería funcionarios trabajando, en algunos casos bajo amenaza y bajo un permanente acoso laboral, además de ser obligados a cumplir por laudos no estipulados sin aparente derecho a reclamo, con una única razón, la de preservar la fuente de trabajo.
Graves denuncias
Las denuncias que llegan muestran la dura realidad de lo ya expresado y demuestra el grado de indefensión de funcionarios que por temor o desconocimiento terminan cumpliendo sus tareas incluso con problemas de salud, recibiendo a cambio salarios por debajo de lo establecido.
De los casos denunciados uno de ellos refiere a un importante hotel ubicado en la zona de Carrasco el que, según lo manifestado por funcionarios, además de no cumplir con el protocolo sanitario dispuesto por las autoridades del MSP, obliga a funcionarios que se encuentran en seguro de paro a trabajar «en negro» bajo la amenaza de ser enviados al seguro total o de ser despedidos. Las acusaciones apuntan a la falta de pago de las medias horas de descanso, las que forman parte del derecho del trabajador como así también las horas extras cumplidas. De acuerdo a la información que recabamos, esta es una práctica habitual en la empresa que, ante cualquier tipo de reclamo realizado por alguno de sus funcionarios, comienza el acoso laboral para forzar la renuncia antes de tener que abonar un despido.
Las ciudades de frontera con Brasil se han visto «invadidas» por comercios pertenecientes a ciudadanos brasileños de determinadas colectividades, que en su mayoría provienen de ciudades cercanas del otro lado de la frontera. Algunos de estos comerciantes imponen un estilo de relacionamiento laboral que a los uruguayos llama la atención, ya que parecería ser una suerte de esclavitud modelo siglo XXI. Una de las modalidades que llevan adelante al momento de instalarse consiste en ofrecer precios de alquileres muy por encima de la media y pagar varios meses por adelantado. Una vez vencido el plazo se empieza a dificultar el cobro y allí empiezan los problemas.
De acuerdo a lo manifestado por el titular de un estudio contable, registran tres o hasta cuatro empresas en las que documentan deudas en la primera para luego cerrarlas y activar la segunda y así sucesivamente. De esta manera el personal se da de baja y alta nuevamente sin generar antigüedad y resignando por tanto los derechos adquiridos. La evasión está siempre presente al punto que cuando esporádicamente llega una inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conforme les llega la información, cierran el comercio enviando al personal al Parque Internacional donde deberán cumplir el horario de trabajo salvo que la tarea de los inspectores finalice y se les ordene volver a cumplir tareas. Los productos que se exhiben a la venta son todos de procedencia extranjera y normalmente carente de documentación que lo respalde.
El puerto bajo sospecha
Desde hace unos años a la fecha el Puerto de Montevideo ha sido objeto de denuncias referentes al ingreso de personal en Seguro de Paro, choferes de transporte de carga quienes exhiben documentación de otras personas que no lo están. El tema adquirió relevancia al punto que fue tratado en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Parlamento donde estuvieron presentes representantes de la anterior directiva de ITPC (Intergremial de Transporte Profesional de Carga) y el SUTCRA (Sindicato de Choferes). Al decir de algunos transportistas «el puerto es un mundo aparte».
MTSS sin controles
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabaja «a instancia de partes», lo que significa que el trabajador afectado se debe presentar personalmente para realizar la denuncia o recurrir a la página web del propio ministerio. De acuerdo a lo que informan las autoridades, las respuestas a las consultas se brindan en el corto plazo, aunque luego deberán aguardar la respuesta de la empresa y la disposición para concurrir a las citaciones respectivas las que son de carácter obligatorio bajo apercibimiento de multas. Pero la falta de inspectores termina siendo una complicación para el avance de los reclamos del trabajador y en cierto modo una ventaja para el empresario infractor. En la actualidad, tomando como ejemplo el departamento de Rivera, hay desde hace ya mucho tiempo solamente dos inspectores los que en temporada de verano son enviados al este del país lo que hace prácticamente imposible el control de las empresas denunciadas.
La situación de los funcionarios de los Free Shop Fénix y Colonial muestra a las claras la realidad de los hechos mencionados, quedando sin saber a quién recurrir para reclamar los derechos en tanto el propietario de estas empresas, Daniel Laffitte, sigue operando las sucursales de Aceguá y Río Branco con absoluta normalidad. En las últimas horas envió personal de su confianza, acompañados por un cerrajero, para cambiar las cerraduras de los locales. Los trabajadores siguen esperando.
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