El 10 de diciembre se celebrarán las elecciones para renovar el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, institución que atraviesa una etapa clave tras la aprobación de la Ley 20.410, sancionada en 2024 como respuesta a una situación financiera crítica. Para estas elecciones se presentan varios lemas y unas 17 listas, tanto para el orden de activos como jubilados. Entre los lemas se encuentran Todos Juntos, Gremios por la Caja, Profesionales Independientes en Defensa de la Caja Profesional, Profesionales Unidos por Nuestra Caja y Asociación de Afiliados a la Caja.
En diálogo con La Mañana, Fernando Rodríguez Sanguinetti, actual integrante del directorio y candidato por la agrupación El Orden Profesional, que va bajo el lema Todos Juntos, analizó la realidad del organismo, cuestionó el alcance de la reforma legal y expuso sus propuestas para los próximos años.
Rodríguez Sanguinetti explicó que la Caja “tiene fondos suficientes para cubrir lo que resta del año en jubilaciones, pensiones y salarios”, aunque subrayó que la nueva ley “prevé recién desde el año que viene los aumentos para los activos, lo que puede generar una caída en la cantidad de aportantes”. Según detalló, “el peso del ajuste ha recaído en los pasivos, que son cautivos de los descuentos, mientras que los activos no verán cambios hasta 2026”.
Sobre el incremento del aporte de los jubilados, aclaró que “se está aplicando desde julio, de forma retroactiva”. En cuanto a la creación de nuevas categorías para atraer a más aportantes, sostuvo que “eso se está resolviendo de forma interna porque el decreto reglamentario todavía no existe”.
“La ley fue promulgada el 1º de agosto y todavía no tiene decreto. El directorio, por mayoría, está tomando decisiones sobre cómo aplicar esas categorías, pero eso debería definirlo el Poder Ejecutivo”, señaló.
Consultado por las razones de la demora, respondió: “No tengo idea. Desde hace semanas los delegados del Ejecutivo dicen que el decreto está pronto para la firma, pero averiguado en Presidencia no está”. También comentó que la comisión de expertos prevista en la ley “forma parte de ese decreto reglamentario” y que, por ahora, “parece no haber demasiado interés en que empiece a funcionar”.
“La ley fue un salvataje, no una solución”
Rodríguez Sanguinetti opinó que la Ley 20.410 (que otorgó fondos a la Caja) “fue una medida de emergencia votada con el argumento de evitar un default de la Caja de Profesionales o la pérdida del grado inversor del país”, pero que “una vez aprobada, se perdió la sensación de urgencia”.
“Lo paradójico es que se votó una ley por apuro, pero después no se reglamentó. Da la impresión de que lo único importante era aumentar los aportes de los activos y reducir beneficios, sin abordar el problema de fondo”, afirmó. Explicó que la norma incluyó una escala de aportes voluntarios “donde la gente puede bajar su aporte, pero también su futura jubilación”. Además, incorporó un mecanismo de refinanciación de deudas “al que los profesionales se van acogiendo lentamente”.
A su juicio, el principal desafío sigue siendo “ensanchar la base de aportantes y asegurar que todos los profesionales que trabajan efectivamente en su área contribuyan al sistema”.
Un sistema con brechas y evasión
El candidato advirtió que “hay miles de profesionales que deberían aportar y no lo hacen”. “El propio BPS afilia a profesionales que facturan como empresas unipersonales, y hay muchos que aportan allí en lugar de hacerlo a la Caja. Eso genera una evasión estructural”, indicó.
También se refirió a las exoneraciones vigentes. “Hay instituciones públicas y privadas que no pagan timbres profesionales, y eso va desfinanciando a la Caja. Si no se revisan esas exoneraciones, cualquier ajuste interno será insuficiente” sostuvo.
Rodríguez Sanguinetti propuso avanzar hacia un modelo basado en ingresos reales y no fictos. “Hoy se aportan montos fijos sin relación directa con lo que cada uno gana. Eso genera inequidades y limita la sostenibilidad. Si se quiere una Caja justa y viable, hay que reformar la forma de aportar”, dijo a La Mañana.
El escenario electoral
El directorio está compuesto por cuatro representantes de los activos, uno de los jubilados y dos delegados del Poder Ejecutivo. En la práctica, explicó Rodríguez Sanguinetti, “los dos delegados del Ejecutivo y dos de los gremios suelen votar juntos, y eso les da una mayoría de cuatro en siete”.
“La intención de nuestro lema, Todos Juntos, es cambiar esa correlación. Agrupamos cinco listas de jubilados y cuatro de activos para tratar de conseguir una mayoría que nos permita impulsar medidas reales”, indicó. Su agrupación, El Orden Profesional, tiene su plataforma publicada en línea y plantea, entre otras propuestas, “ensanchar la base de aportantes, integrar a los profesionales independientes y mejorar la gestión interna”.
“Nuestra idea no es solo corregir lo financiero, sino modernizar la Caja. Hay que simplificar trámites, digitalizar procesos y lograr más transparencia en la información”, afirmó. De cara al futuro, Rodríguez Sanguinetti sostuvo que el próximo directorio “deberá negociar con el Poder Ejecutivo y con los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, porque se necesita otra ley”. “La que se votó fue un salvataje, pero no resuelve los problemas estructurales. Ahora hay que hacer una reforma verdadera, que apunte a la viabilidad de largo plazo”, aseguró.
Consideró que la Caja “no está quebrada”, pero “sí requiere decisiones firmes”. “Si no se amplía la base de aportantes y no se corrigen las inequidades, la Caja volverá a estar en dificultades en pocos años”, advirtió. También hizo hincapié en que “el sistema previsional profesional es un patrimonio del país” y que “mantenerlo en pie es responsabilidad de todos, no solo de los afiliados”.
Elecciones: participación y expectativas
En el padrón electoral están habilitados unos 62.000 profesionales activos y 16.000 jubilados, con una fuerte concentración en Montevideo. En las elecciones anteriores votó alrededor del 10% del padrón, pero el candidato confía en que esta vez “la participación sea mayor, porque hay un debate vivo sobre el futuro del sistema”.
La elección se desarrollará el miércoles 10 de diciembre, con 50 mesas en el Hotel Radisson de Montevideo y 34 distribuidas en el interior del país.
Rodríguez Sanguinetti destacó que el proceso “será una oportunidad para que los profesionales definan qué tipo de Caja quieren: una administrada desde afuera o una conducida por sus propios afiliados”. Finalmente, insistió en que el desafío no es solo financiero sino institucional. “La Caja necesita confianza, transparencia y diálogo. Si no logramos eso, ninguna ley servirá”, concluyó.
Incrementar la base de aportantes
La agrupación El Orden Profesional plantea una serie de medidas para fortalecer la Caja y asegurar su sustentabilidad. Entre ellas, destaca el incremento de la base de aportantes mediante la incorporación de nuevos profesionales que ejerzan en forma dependiente. La medida, según la agrupación, está evaluada por la propia Caja y sus servicios técnicos, y generaría “una Caja autosuficiente, autónoma, solidaria y equitativa por décadas”.
Los nuevos profesionales dependientes aportarían el 15% de su salario nominal más un 7,5% patronal, con los mismos derechos jubilatorios que en el BPS y los adicionales de la Caja.
El grupo también propone revisar el régimen de los “cincuentones”, derogar el artículo 3 de la Ley 20.410 y mantener la convergencia establecida por la Ley 20.130. Asimismo, busca redestinar el IASS retenido a los pasivos (unos 37 millones de dólares anuales) al presupuesto de la Caja, modificando el artículo 14 de la Ley 18.813. Rechaza la Tasa de Contribución Pecuniaria creada por la Ley 20.410, por considerarla una doble imposición, y exige el cumplimiento del artículo 12 de esa norma, que regula la jubilación por edad avanzada.
Entre las reformas estructurales, propone un rediseño del régimen de timbres profesionales, aplicándolos a más servicios e insumos y acelerando la digitalización, además de insistir en la incorporación de nuevas profesiones universitarias a la Caja. En materia de gestión, plantea avanzar hacia una mayor transparencia institucional, con publicación regular de actas y la creación de un buscador público de afiliados activos, así como un rediseño institucional para optimizar recursos y reducir costos de funcionamiento.
También impulsa la mejora del cuerpo inspectivo, la recuperación de afiliados morosos, la revisión de convenios laborales internos, y el estudio de nuevas inversiones financieras y arrendamientos productivos.
La agrupación plantea además mayor vinculación con profesionales del interior, la posibilidad de sesiones híbridas del directorio, y una reforma de la integración de los órganos de conducción para “lograr una gestión más productiva y eficiente”.
