Uruguay atraviesa un momento crítico en materia de salud mental. El país mantiene una de las tasas de suicidio más altas de América Latina, con un impacto particular en adolescentes, jóvenes y adultos mayores. En 2023 se registraron 754 suicidios —un 8,4 % menos que en 2022—, pero la cifra continúa siendo preocupante. A esto se suma el incremento de síntomas de ansiedad y depresión, especialmente entre adolescentes, y la persistencia de desafíos para transformar el modelo de atención hacia un enfoque comunitario, como lo establece la Ley N.º 19.529 de 2017.
En este contexto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) abrió el registro para participar en Acción País por la Salud Mental, una convocatoria nacional dirigida a organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan —o tienen interés en trabajar— en el ámbito de la salud mental. La iniciativa busca articular esfuerzos públicos y privados, con un abordaje integral que combine atención sanitaria, inclusión social y fortalecimiento comunitario.
La directora general de Salud, Fernanda Nozar, explicó que la propuesta se inscribe en la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030 y en el Plan Nacional 2020-2027, derivados de la ley vigente. Esta normativa reconoce a la persona desde una perspectiva integral, incorporando no solo el aspecto clínico, sino también el social y comunitario.
“El objetivo es discutir, acordar, concluir y generar proyectos concretos vinculados al control, la rectoría, la intersectorialidad, el trabajo comunitario y en las instituciones de salud”, indicó Nozar. La convocatoria está abierta a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, colectivos barriales y espacios comunitarios, sin requerir especialización en salud mental. Más adelante, se habilitará también la inscripción de personas interesadas para participar en un encuentro nacional previsto para septiembre.
Los ejes temáticos incluyen rectoría y gobernanza; interinstitucionalidad e intersectorialidad; promoción y prevención; atención; gestión humana, formación y capacitación; producción y uso de información sobre salud mental; e iniciativas en clave territorial.
Además de fomentar la participación, el MSP trabaja en ordenar y fortalecer los dispositivos de atención del primer nivel —médicos generales, médicos de familia y licenciados en enfermería con formación en salud mental— y en los dispositivos especializados, que incluyen psicología y psiquiatría. También avanza en la Comisión de Tiempos de Espera de la Junta Nacional de Salud, para reducir los plazos en la atención de salud mental y otras especialidades.
Otro de los compromisos es cumplir con el cierre de los dispositivos monovalentes o “manicomios”, como establece la ley, lo que requiere contar previamente con redes comunitarias de atención que aseguren la reinserción y el abordaje integral de las personas con necesidades agudas en salud mental.
La directora subrayó que la salud mental es una prioridad del gobierno nacional. “Tenemos indicadores claros sobre suicidio, pero necesitamos mejorar la información sobre la prevalencia de otros trastornos. Queremos construir respuestas desde la corresponsabilidad, la escucha activa y la participación real de quienes vienen trabajando desde hace años en el tema”, afirmó.
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