En el marco de “EL PAcCTO” (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado), financiado por la Unión Europea (UE), el Ministerio de Justicia italiano ha contribuido con asistencia técnica en instituciones penitenciarias de países latinoamericanos. En el caso de Uruguay, la socióloga Cira Stefanelli brindó su asesoramiento en la creación de la primera academia de formación para los funcionarios del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), inaugurada el pasado jueves 21 de setiembre. Sobre este proceso y su relevancia conversó con La Mañana la experta italiana.
Usted visitó Uruguay en más de una ocasión para asesorar al Inisa en la formación de su personal en el marco de “EL PAcCTO”. ¿Cómo fue esa experiencia?
Comencé la asistencia técnica en Uruguay en 2019 y continué trabajando con Inisa durante la pandemia en modalidad remota hasta 2022, cuando finalizó el programa. El objetivo de mi intervención fue apoyar la puesta en marcha de itinerarios formativos para el personal que trabaja con menores en conflicto con la ley. Hemos alcanzado ampliamente esta meta, pero para ello ha sido necesario un importante trabajo de anteproyecto con las autoridades del Inisa y sus operadores sobre el sentido de esta operación, los objetivos y las acciones a emprender, además de un compromiso sustancial para llevar a cabo las acciones que se habían acordado. La presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, y su personal, hicieron un trabajo extraordinario, logrando resultados que eran inimaginables para mí.
¿Cuál es la importancia de poner en marcha programas de formación para los operadores del Inisa?
La profesionalización del personal forma parte de un proceso más general de renovación organizativa que el Inisa ha iniciado para adecuar los estándares de intervención de sus centros a los principios y directrices consagrados en la normativa y los convenios internacionales en materia de justicia penal juvenil. Para ello, la institución tomó una decisión muy estratégica: invertir en el personal, en una formación especializada a través de la cual puedan adquirir conocimientos, destrezas y habilidades útiles para responder a las peculiares necesidades de los menores que ingresan en el circuito penal, desde una perspectiva educativa.
¿Cuáles fueron los principales objetivos durante sus visitas a Uruguay?
En primer lugar, siempre consideré mi intervención en Uruguay como una herramienta que las autoridades del Inisa y los operadores podían utilizar para perseguir sus objetivos. Nunca pensé en importar el modelo italiano, sino en contribuir al desarrollo de una mejora organizativa del sistema de justicia juvenil con mis colegas uruguayos en relación a las características de su realidad. En esta perspectiva, comencé mi trabajo tratando de comprender el marco normativo, social y cultural en el que se desarrollaba mi intervención a través de reuniones con los niveles superiores del Inisa, pero también visitando los centros de detención y conociendo a los directores, educadores y personal de salud.
¿Cuál fue la utilidad de este trabajo exploratorio?
Fue muy importante porque me ayudó a entrar en contacto con las personas que diariamente se enfrentan a la difícil tarea de relacionarse con menores infractores y, al mismo tiempo, víctimas de historias marcadas por la pobreza educativa, el abandono y la explotación por parte de grupos criminales. Con estos menores, a menudo drogodependientes, psicológicamente perturbados y carentes de referencias familiares adecuadas, el trabajo de los operadores requiere un alto nivel de profesionalidad tanto durante el período de internación como en la fase de puesta en libertad y reinserción social. Esto fomentó la puesta en común de los problemas emergentes y la consiguiente definición de un programa para superarlos.
¿Cuáles fueron sus recomendaciones?
Brevemente, invertir en la formación de un grupo de formadores con experiencia en el ámbito penal juvenil, que con el tiempo se encargarían del desarrollo de programas de formación dirigidos al personal del Inisa.
Esta academia de formación recientemente inaugurada es la primera del país especializada en adolescentes. ¿Qué importancia tiene para el desarrollo de la tarea del Inisa contar con una institución de estas características?
La presidenta del Inisa y su equipo se han tomado muy en serio este proyecto iniciado durante la asistencia técnica y han puesto mucho empeño en su realización. Se trata de un logro extraordinario y, al mismo tiempo, representa un punto de partida. El Inisa ha invertido en la especialización de su personal para garantizar intervenciones educativas que satisfagan las necesidades de desarrollo de los menores en el contexto penal. Mi trabajo consistía en ayudar al grupo de formadores a adquirir conocimientos y competencias en materia de planificación y ejecución de actividades de formación. Antes de eso, mi trabajo fue compartir el sentido de la construcción de una academia para el personal del Inisa y del papel de la formación como parte constitutiva e indispensable del trabajo socioeducativo en el contexto penal juvenil. Estoy convencida de que la academia desempeñará un rol importante en el desarrollo organizativo y la calidad de las intervenciones hacia los internos, lo que repercutirá en la mejora de las condiciones de detención y en el éxito de los programas educativos y de reinserción social.
El año pasado usted disertó en Uruguay sobre las medidas alternativas a la privación de libertad. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la ponencia?
En nuestro sistema penal juvenil, la detención representa el último recurso, como muestran los datos: tenemos unos 400 menores y jóvenes adultos detenidos, 850 colocados en comunidades socioeducativas y 15.000 bajo medidas alternativas a la detención. Estos últimos están confiados a los servicios sociales de justicia en cooperación con los servicios sociales locales. En el marco de las medidas alternativas a la internación, los menores deben seguir programas muy exigentes en los que participan en actividades escolares, formativas o laborales, en deportes, en actividades de utilidad social y, cuando se dan las condiciones, en programas de mediación con las víctimas. Los datos a lo largo del tiempo han demostrado que este sistema funciona y ha dado buenos resultados en cuanto a la rehabilitación de los menores y la contención de la reincidencia. La eficacia de las medidas alternativas implica una inversión sustancial en el trabajo con las familias y la comunidad local en todas sus expresiones, tanto públicas como privadas.
Usted trabaja con adolescentes en conflicto con la ley penal en Italia. ¿Qué lecciones del modelo italiano se pueden tomar para el caso uruguayo?
En estos años de trabajo con mis colegas uruguayos he visto una gran pasión e inversión en el desarrollo de un sistema de justicia juvenil que contribuya a los procesos de recuperación e inclusión social de los menores en conflicto con la ley. Se ha avanzado mucho en proporcionar a los menores detenidos contextos adecuados a sus necesidades educativas y formativas. Sin embargo, la intervención penal es siempre residual y al sistema penal llegan situaciones que no han sido adecuadamente interceptadas en el contexto social de referencia de los menores que delinquen. Uruguay debe invertir más en políticas de juventud y familia para prevenir el inicio de conductas desviadas, pero también para favorecer procesos efectivos de inclusión social cuando los menores salen del circuito penal. Durante mi asistencia técnica conocí directores y operadores con gran motivación por mejorar y superarse. Los uruguayos deberían estar orgullosos del trabajo del Inisa y partir de sus resultados para desarrollar políticas inclusivas en el terreno.
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