Las actuaciones de la comisión investigadora del Parlamento sobre presuntas irregularidades de dirigentes de Fenapes en la toma de licencias pasaron a Fiscalía, Jutep y Anep. Mientras se dilucida una posible denuncia penal, legisladores que integran partidos de la coalición de gobierno reafirman el camino de una impostergable transformación educativa.
La investigación que se estaba realizando en el Parlamento sobre presuntas irregularidades por parte de dirigentes de Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria) en la toma de las licencias, terminó con el pasaje de todos los documentos de la comisión investigadora a la Fiscalía, la Junta de Transparencia y Ética Pública y la Anep.
Lo que la comisión investigó fueron faltas justificadas basándose en el artículo 70 del Estatuto del Funcionario, que tiene 14 ítems en los que se señalan las causas de justificación de licencia de un docente. El ítem 10 se refería a actividades como ser la asistencia a las asambleas técnico docentes. Los dirigentes de Fenapes solicitaban las licencias sindicales por ese artículo y ese ítem, o sea el denominado 70/10. Además, este ítem tenía otra ventaja: el cobro del presentismo, que no se perdía.
Cuando se pasaba la liquidación de horas en Secundaria, estaban tanto las horas sindicales solicitadas por este artículo, como las que los profesores utilizaban legalmente para concurrir a las ATD, por lo cual no se podía diferenciar.
El tema surge porque en 2016 la directora del liceo nº. 1 de San José, Miriam Arnejo, constata la falta de profesores y solicita licencias por el 70/10, lo que termina con quejas de los padres porque sus hijos no tienen clases. Ese año, Arnejo consulta a Secundaria sobre la legalidad de este artículo, pero se le contesta que había mucha actividad y no se le podía evacuar dicha consulta sobre los alcances legales de la aplicación del mismo. En 2017 se inició un expediente en Secundaria ante las reiteradas consultas de Arnejo, pero se termina archivando. En el ínterin, se discutía el tema dentro del Consejo de Secundaria, por la situación que se estaba creando. En aquella ocasión la consejera Celsa Puente decía que no se podía seguir justificando las licencias sindicales por este artículo. Sin embargo, en 2018 existieron justificaciones.
La comisión investigadora detectó que esta operativa se utilizaba ya desde 2013, aunque con otro ítem, el 70/13. Pero esto le generaba un problema a los dirigentes de Fenapes, se perdía el presentismo, por lo cual años después comenzaron a justificar por el 70/10.
Posible denuncia penal
El diputado Eduardo Lust (CA) dijo a La Mañana que está pendiente decidir si los partidos de la coalición presentan una denuncia penal por lo detectado en la Investigadora, aunque aclaró que no sabe “si hay ambiente para eso”.
Agregó que el Partido Colorado lo quiere hacer, pero que él no está “muy convencido”. “Eso es por mi visión de la política”, aclaró. “Hicimos todo el trabajo que fue muy importante, pero mi posición es de no andar denunciando gente, aunque todavía no estoy decidido. Con los elementos que se pasaron del Parlamento a la Fiscalía, creo que esta ya puede resolver, por ejemplo, en la apropiación indebida, sin que se presente una denuncia puntual”, sostuvo Lust.
Por su parte, la diputada Carmen Tort del Partido Nacional manifestó que aún su partido no ha tomado una resolución y el tema «será tratado en bancada», acotando que tal decisión no se puede tomar de manera apresurada.
Para el Partido Colorado es relevante presentar la denuncia, porque se convierte el denunciante en parte del proceso, o sea puede mirar el expediente y cómo evoluciona el mismo. En cambio, si el Fiscal decide iniciar una investigación por sí mismo, después no se conoce cómo progresa la investigación.
“La maniobra la armaron muy bien”
Sobre la investigación de la Comisión, Lust dijo que la conclusión es que los sindicalistas de Fenapes “estaban en el gobierno de la Educación, ya que eran miembros del Consejo de Secundaria y en virtud de esa influencia, hicieron un abuso tremendo de licencias sindicales y de no dictar clases”.
Los dirigentes sindicales tienen 11 mil horas de licencia sindical por año, acumulando cada uno 20 horas por semana. En el caso del profesor Marcel Slamovitz (dirigente de Fenapes) eran 800 las horas anuales de licencia sindical que tenía, pero acumuló otras 250 horas de faltas entre 2016 y 2017, con el certificado 70/10.
“Está probado por la Comisión investigadora que los miles de horas que se tomaron de licencia sindical, aparte de las legales, no tenían ningún amparo jurídico para hacerlo”, dijo Lust. Acotó que “la maniobra la armaron muy bien”. Esta afirmación la realiza porque en el documento que se presentaba a los directores para acceder a las licencias, se señalaba que existía un convenio entre Secundaria y Fenapes. Esa autorización para tomar horas libres y pagas, era firmada por el director del liceo.
“En la Comisión los profesores dijeron que ellos no tenían la culpa, porque estaban autorizados por el director del liceo que había firmado la licencia sindical. Esto habla de la mala fe con que actuaban. Iban al liceo de Piedras Coloradas o al de Colonia Lavalleja y les llevaban un papel que decía Consejo de Educación Secundaria, y en el medio Fenapes. El director del liceo no se ponía a investigar si existía o no el convenio, lo firmaba y lo hacía de buena fe”, dijo el legislador.
Por su parte, la diputada Tort manifestó que en la comisión investigadora se recibieron 33 testimonios de las 107 personas que habían sido citadas. Resaltó la documentación aportada por muchos testigos, pero lamentó que en diciembre del año pasado se retiraran de la comisión los tres delegados del Frente Amplio, aunque al cierre de la misma presentaron un informe en minoría.
La legisladora dijo que la libertad sindical y los fueros sindicales “son totalmente respaldados” y explicó que anualmente a todos los liceos donde hay dirigentes de Fenapes van las licencias acordadas anualmente, para coordinar las mismas. Pero las solicitudes de licencia mediante el formulario que invocaba el 70/10 provocaron que los alumnos en muchos liceos se quedarán sin clases.
Apoyos a la transformación educativa
Con respecto a los cambios planteados para la educación (cambio del currículo y profesionalización mediante títulos universitarios a los docentes), el diputado Eduardo Lust expresó que los apoya “al 100%” y acotó que si prosperan será «de los más importantes» logros del período de gobierno.
“No se pudo avanzar por la pandemia, pero nuestro plan era cambiar la estructura orgánica de la educación el primer año de gobierno, que después se hizo con la LUC eliminando los consejos y creando direcciones», señaló. «Eso quiere decir que quien dirige la educación son integrantes de la coalición, porque hay un solo cargo, que son los directores de los consejos. El segundo paso es revisar los planes de estudios y el nuevo plan regirá desde el 1 de enero de 2023. El tercero, la profesionalización de la docencia. El cuarto punto serán los liceos de tiempo completo”, agregó Lust.
Para la diputada nacionalista Carmen Tort, la educación “ha venido en un franco retroceso” por el sistema educativo. “Consideramos que es imprescindible y urgente una reforma que realmente atienda tanto al docente en su formación como al alumno. Sabemos que hay voces encontradas en este sentido, pero en la Rendición de Cuentas el gobierno va a dar un fuerte énfasis en el tema educativo”.
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