En el marco de la discusión presupuestal, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dialogó con La Mañana sobre los planes que se marcó para su gestión, resaltando las tres propuestas más importantes a implementar en este período.
En la actualidad, la Junta Nacional de Salud (Junasa) nuclea a los prestadores privados y a una “tímida” representación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), indicó Salinas. Es un reclamo de larga data de los públicos integrar este ámbito, lo que ahora se hará efectivo.
Para ello, la solución que se encontró fue modificar la unidad ejecutora Junasa por Dirección General de la Salud. De esa manera, aparte de la junta ya existente, se conformará una mesa de públicos que incluirá a ASSE, Sanidad Militar, Sanidad Policial, Universidad de la República, Banco de Seguros del Estado y Banco de Previsión Social.
El segundo punto importante para el Ministerio de Salud Pública (MSP) es la creación de la Dirección General de Fiscalización, con recursos genuinos y sin alterar el presupuesto.
La tercera prioridad es la instalación de la Agencia de Evaluación, Regulación y Vigilancia de las Tecnologías Sanitarias.
También se le dará gran relevancia al tratamiento de las enfermedades no transmisibles y al nuevo Programa de Salud Cerebral, destacó el ministro, quien recordó que la mitad del presupuesto (que alcanza unos U$S 26 millones) está destinado a vacunas y anticonceptivos.
El MSP debió ajustarse a la realidad económica, así como el resto de los ministerios, pero eso se hizo “sin detrimento de la función”. “Donde se juega otro gran partido es en ASSE, que le dieron un presupuesto bastante generoso para hacer obras y aplicar, sobre todo, la ley de Salud Mental”, agregó.
Garantías de atención, vida saludable, investigación y recursos humanos
La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a una delegación del MSP encabezada por Salinas, quien realizó una detallada presentación de los planes de la cartera para este quinquenio.
En términos generales, las propuestas apuntan a garantizar la accesibilidad a la atención integral en salud de los uruguayos, mejorar la calidad de los servicios, integrar estos últimos a través de la complementación entre prestadores público-público y público-privado, y fortalecer la regulación y el control sobre el sector.
Dentro de los objetivos se encuentra, además, la estimulación de los estilos de vida saludables, con énfasis en la salud cerebral y mental, salud rural, embarazadas, niños, adolescentes y personas mayores.
Al mismo tiempo, se intentará promover la investigación orientada al desarrollo nacional de tecnología de alto impacto, y una política nacional de medicamentos que aliente su uso racional y sustentable bajo esquemas de producción y distribución ajustados a buenas prácticas.
Para cumplir con algunos de dichos propósitos, se aspira a fortalecer la administración del Seguro Nacional Integrado de Salud, crear una unidad de monitoreo de gestión de los prestadores, coordinar la realización y evaluación de los planes de reestructura de los mismos, y reforzar la capacidad de decisión de los usuarios.
En lo que respecta a las políticas de recursos humanos, el MSP plantea racionalizar su distribución, conformar una mesa coordinadora con las instituciones formadoras de profesionales y empleadoras, e impulsar los cargos de alta dedicación en enfermería.
Hacia una mayor fiscalización para brindar servicios de mejor calidad
Uno de los proyectos principales de la actual administración es la creación de la Dirección General de Fiscalización, que sustituirá a la División de Fiscalización, cuya función, en opinión de Salinas, se fue “desmereciendo”. Esto se debe, según explicó, a que el nivel de inspectores era muy escaso y estos iban siendo captados por el subsector privado por la falta de estímulos y por la ausencia de una carrera funcional. Asimismo, “estaban abocados a tareas muy sesgadas y limitadas en su abanico de obligaciones”.
El objeto de esta innovación es centralizar en esa unidad ejecutora todos los procesos inspectivos sobre las instituciones alcanzadas por la normativa. Entre ellas, prestadores de salud, establecimientos de larga estadía para adultos mayores y actividades vinculadas a la salud ambiental y ocupacional.
El nuevo órgano tendrá como cometido la evaluación del cumplimiento de la normativa sanitaria vigente por parte de los administrados y aplicará las sanciones correspondientes, a fin de que los usuarios obtengan prestaciones de mejor calidad.
Al crearse esta división no habrá incremento del gasto, sino racionalización y redistribución de los ingresos y los egresos, tal como aclaró el ministro.
Otro de los propósitos que se persiguen es generar instrumentos de contralor efectivos sobre el conjunto de los prestadores privados. Para eso, es menester que el ministerio lleve adelante el monitoreo de la situación organizacional, asistencial y económico-financiero de las instituciones.
La intención del organismo es tener un mayor control de los fondos públicos, para que el dinero que se vierte a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cumpla con la finalidad establecida.
Una agencia híbrida que responde al criterio de racionalización del gasto
Una iniciativa fundamental para este período es la creación de la Agencia de Evaluación, Regulación y Vigilancia de las Tecnologías Sanitarias. Se trata de un órgano híbrido con dos funciones totalmente independientes.
De acuerdo con Salinas, la Agencia de Regulación y Vigilancia se basa en un proyecto realizado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el MSP del gobierno anterior, pero que no se pudo llevar a cabo. En simultáneo, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias es una innovación que están impulsando las actuales autoridades.
Hoy existe una Comisión para el Control de Calidad de Medicamentos, pero no está certificada para el exterior en normas GMP, y se espera que la Agencia de Regulación y Vigilancia pueda certificar a los laboratorios para que accedan a nuevos mercados. La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en tanto, incluye desde medicamentos de elevado precio hasta tecnologías de alto porte.
Con el fin de evitar la duplicación de agencias y un exceso de dependencias, se conformará este órgano con dos áreas claramente distinguidas y un cuerpo de gestión intermedio que asistirá a ambas direcciones. Esto responde al criterio de racionalización del gasto, esencial en un país con “escasos recursos”, puntualizó Salinas.
La salud, un derecho de todos
La Marcha de la Diversidad realizada el viernes 25 generó fuertes críticas por parte del ministro de Salud Pública y otros especialistas, en el entendido de que no se tomaron los recaudos necesarios para prevenir el contagio del covid-19.
El centro de Montevideo se vio colmado de manifestantes que no respetaron la distancia social adecuada y muchos de los cuales no llevaban tapabocas, pese a que la coordinadora de la marcha había divulgado las medidas sanitarias a tener en cuenta.
Tras este episodio, Salinas se expresó a través de Twitter. “¿Vio cuando uno se siente predicando en el desierto? Así me siento hoy. Pero nobleza obliga, hay que separar los tantos… El respeto a la elección en cómo queremos sentir, ser o expresarnos en toda la amplitud de la acepción es incuestionable. Ahora bien, la violación de las recomendaciones sanitarias realizada por los propios organizadores y que no mereció reparos, es otra cosa diferente. El derecho a la salud es también un derecho de tod@s”, afirmó.
Karina Rando, directora de la Dirección General de Coordinación del MSP, también se manifestó en esa red social. “¿Cómo se sentirán quienes han resignado reunirse con seres queridos priorizando la salud del pueblo uruguayo? Si alguien en la celebración era positivo, habrá que evaluar las consecuencias en las próximas semanas. ¿Dónde quedó la solidaridad?”, cuestionó.
La jerarca agregó: “necesitamos sociólogos para que expliquen este fenómeno al que me abstengo de agregarle adjetivos. ¿Quién asumirá las consecuencias sobre la salud de la población de este hecho? Espero que a nadie se le ocurra cargarlo al MSP, pues tenemos cientos de personas rastreando contactos y dejando todo por mantener el estatus sanitario del país. ¡No sería de manera alguna justo!”.
En tanto, el infectólogo y director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, Julio Medina, sostuvo que el riesgo de transmisión del virus cuando hay alta ocupación es alto, aunque las actividades sean en el exterior, “si no se usa máscara, la exposición es prolongada y se va hablando, gritando, cantando”, tal como sucedió en la marcha.
Por su parte, Silvia Guerra, epidemióloga y especialista en control de infecciones, señaló: “Amanecí sin poder calificar a los que tiran de la cola del león. Creo que no se inventó una mala palabra de tremendo tamaño, ¿será por eso?”.
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