El gobierno prevé una campaña contra el plebiscito de la seguridad social y para eso el presidente Lacalle Pou tiene previsto realizar una conferencia de prensa sobre el tema cuando esté cercana la convocatoria del 27 de octubre.
Días atrás, en Torre Ejecutiva, el primer mandatario se reunió con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo, Mario Arizti, el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, y el redactor de la reforma previsional de 2023, Rodolfo Saldain. Se analizaron las consecuencias más inmediatas y la necesidad de implementar una rápida campaña comunicativa, ya que las encuestas muestran un escenario parejo sobre la aprobación de la papeleta del Sí que impulsa el Pit-Cnt.
De aprobarse la reforma, existen problemas de corto, mediano y largo plazo. El de corto plazo tiene relación con la suba de las pensiones y jubilaciones a un salario mínimo nacional. La jubilación mínima es de $ 18.840, al igual que las pensiones por sobrevivencia. La pensión a la vejez e invalidez de $ 16.516 y la pensión por violencia doméstica (Ley 18.850) $ 15.751. El texto propuesto por el Pit-Cnt dice en el punto 6: “Ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor de un salario mínimo nacional”, o sea $ 22.268.
El tema es el costo que esto tiene, ya que se habla de que “ninguna jubilación ni pensión” sea menor al salario mínimo nacional (SMN), y existen personas que tiene más de una pensión u otras que, por ejemplo, tienen una pensión de su cónyuge fallecido, pero también podrían estar recibiendo una jubilación o tener bienes a su nombre.
Los voceros de la papeleta por el Sí han insistido en que se trata de una sola pensión por persona, pero eso no lo dice el texto. Los defensores de la papeleta señalan que el costo anual sería de US$ 360 millones. Pero el economista Alberto Sayagués ha señalado que hay casi 900 mil pasividades (unas 800 mil personas), con 526 mil que no superan el SMN. El costo máximo de elevarlas al SMN se estimó, por diferencia entre el proyectado y el vigente, y dio US$ 1164 millones. El BPS estimó un costo de US$ 1038 millones y 497.400 pasividades beneficiadas, sin incluir a las restantes cajas (policial y militar). Además, al cierre de 2019, el BPS pagaba unas 242 mil pensiones de sobrevivencia, de las cuales 142 mil tienen como beneficiario a una persona que recibe además otra prestación. Se concluye que el costo inmediato sería de US$ 1000 millones
Las AFAP y la compra de deuda
El tema a mediano plazo son las AFAP. En el proyecto del Pit-Cnt se plantea que se deroguen y los fondos pasen a un fideicomiso del BPS. Más allá del planteo de que esos fondos de 1,6 millones de afiliados (unos US$ 23 mil millones) pasen al BPS, desde el Ministerio de Economía, la mayor preocupación es quién va a comprar los futuros títulos públicos de deuda que se emitan, ya que las AFAP eran los grandes adquirientes. Además, el BPS, con el nuevo sistema de fideicomiso, saldría a vender al mercado los títulos de las AFAP, pudiendo provocar una baja considerable de estos bonos por una sobre oferta de deuda pública. La mayor parte de los 23 mil millones de dólares está en valores del Estado (deuda pública). Las AFAP han sido grandes compradoras de esta deuda y no se desprenden de ella, ya que es a largo plazo (20 a 30 años) y respaldan los fondos de los afiliados. Se está en un círculo que algunos podrían denominar “tóxico”, pero que ha servido. La deuda que emite el Estado es para cubrir el déficit, parte de ese déficit es generado por las cajas de jubilaciones (BPS, Caja Policial, Caja Militar). O sea, el dinero que ponen las AFAP en deuda pública termina, en definitiva, pagando las jubilaciones y pensiones de esas cajas. En el caso del trabajador que está afiliado a una AFAP su aporte jubilatorio va al BPS y otra parte a la administradora. Esa AFAP compra un título de deuda del Estado y ese dinero termina de nuevo en el BPS. El Pit-Cnt sostiene que este sistema de compra de títulos públicos genera un efecto negativo debido a que el Estado es quien termina pagando parte de la rentabilidad que obtienen los trabajadores, pero no hace mención de que los fondos obtenidos por la venta de esos títulos vuelven en parte al BPS para pagar sus prestaciones.
Otro punto es que el 85% de las inversiones de la AFAP se deben realizar en el país, ya sea en títulos de deuda o en los proyectos público-privados, dentro de la enseñanza, rutas nacionales e incluso en la renovación de flota para el transporte capitalino. De dónde saldrán en el futuro los fondos para esos proyectos pasa a ser un misterio.
Otro punto es el tema de la propiedad. Para muchos, pasar a un fideicomiso se trata de una confiscación, lo cual podría llevar a juicios hacia el Estado. Se debe tener en cuenta que, por ejemplo, los fondos son heredables, o sea, al fallecer el titular sus herederos pasan a cobrar la totalidad del fondo o una pensión (en caso de cónyuges). Si se respetara este principio en el fideicomiso planteado por el Pit-Cnt, la pensión también tendría que ser de un SMN sin importar el monto que se hubiera ahorrado hasta el momento. Este punto sobre la propiedad de los fondos se va a convertir en uno de los más polémicos, de salir la reforma planteada.
A largo plazo, está el tema de la edad mínima de jubilación a los 60 años, que va contra la reforma de la seguridad social aprobada el año pasado.
“No toque la ortiga”
Las últimas encuestas dan un final incierto para el plebiscito. Para Equipos Consultores, el 33% de los consultados está a favor de votar, a 37% está en contra y el 30% restante aún no tiene una opinión conformada. Precisamente, se señala que este 37% será decisivo y no se puede estimar si votará o no la papeleta del Sí. Opción Consultores (9 de septiembre) sitúa el apoyo al Sí un 41%, en tanto un 39% no lo haría y un 21% se mantiene indefinido.
En la última encuesta nacional de Factum, realizada entre el 27 de julio y el 8 de agosto de este año, los datos recogidos muestran que el 53% se manifestó a favor de la propuesta y el 35% en contra y un 13% no opina.
Estos datos han llevado a que el presidente Lacalle Pou insista en que el candidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, se pronuncie en sus discursos contra el plebiscito, ya que ha dicho que no comparte la idea, pero eso se considera insuficiente. Lacalle Pou, en declaraciones tras el acto de en la Meseta de Artigas, señaló: “Me gustaría que los dirigentes políticos que son candidatos a presidente se la jueguen también, porque es complicado si se aprueba esto”.
El mandatario efectuó una comparación de lo que sucede con Yamandú Orsi y la reforma del Pit-Cnt: “Si vos mañana tenés un hijo, va a tocar una ortiga y le decís ‘No toques la ortiga’. Sabés que si toca la ortiga le va a picar, ¿lo dejás en libertad de acción? Que él haga lo que quiera, que toque la ortiga si quiere o no. No”. Agregó que “si tocar la ortiga le va a hacer mal porque le va a picar, le va a arder: ‘No toques la ortiga’. La ortiga es el plebiscito. Si un candidato a presidente de la República, que se supone que quiere ser padre de una gran familia, sabe que si tocan la ortiga está mal, no dejes a la libertad de acción, jugátela”.
Sostuvo que sobre la necesidad de una reforma de la seguridad social el Frente Amplio durante “quince años dijo que era urgente y no hicieron nada. Ahora se dice que hay libertad de acción y se va a convocar un diálogo social. No lo hiciste en 15 años, no lo hiciste cuando el gobierno mandó una ley al Parlamento, decís que vas a hacer y si van a tocar la ortiga mi consejo es que hay que jugársela y decirles que no la toquen”.
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