El diputado Martín Sodano (Cabildo Abierto) presentó un proyecto sobre penas alternativas a la prisión para aquellos que cometen delitos menores impulsados por sus adicciones. El representante dijo a La Mañana que con una ley se podría abarcar hasta unas 10 mil personas y confía en el financiamiento internacional para llevar adelante su iniciativa.
¿Hacia dónde apunta el proyecto que presentó sobre penas alternativas?
Lo que queremos es solucionar varios temas. Al día de hoy, el 75% de los privados de libertad tienen un problema de adicciones. Además de ese grupo de personas, el 0,8% de la población en general consume pasta base o cocaína. Y si sumamos las personas con otro tipo de adicciones, el porcentaje es mucho mayor.
Hoy la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) tiene un grupo de 18 mil individuos bajo su órbita y un personal para realizar todos los controles de 90 personas. El sistema de rehabilitación del INR cubre a una mínima población carcelaria y ASSE cubre el 65% de las cárceles, cuando debería ser el 100%. Esa es una realidad y no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces cuando hay una persona que se la puede rehabilitar se la termina metiendo en un pozo, donde manda la ley del más fuerte y donde las adicciones están ahí, además de que la violencia es amplificada. Lo que se está haciendo entonces es fomentar que haya un delincuente más violento en vez de rehabilitar a la persona.
De aprobarse este proyecto, ¿a cuántas personas estaría abarcando?
El número no se sabe con exactitud porque es una realidad que oscila mucho. El alcance que pueda tener es amplio. Se debe sumar a las personas privadas de libertad con problemas de adicciones, a aquellas que están bajo la órbita de la OSLA, por lo cual estamos hablando de unas 10 mil personas.
Es una cifra importante.
Es así, y la pregunta es cuántos está logrando cubrir el Estado, ya que tiene 128 camas para atender a esta población, mientras que Beraca y Remar llegan a 2.000 camas, por lo cual vemos un Estado ausente. Tenemos una cantidad de programas y la pregunta es el alcance y el resultado dónde está.
¿Cómo puede una ley solucionar esta problemática?
Es como una medida de internación compulsiva. La persona penada va la cárcel compulsivamente y esto es una medida alternativa donde se le plantea al procesado ‘vas preso o vas a rehabilitación’. Cuando pasa al sistema de rehabilitación será en un centro con un equipo multidisciplinario trabajando en cada una de esas personas. Un ejemplo sería el siguiente. Una persona es detenida y tiene un problema de adicción y el procesamiento es por 15 meses de prisión. Ahí el juez puede dar la posibilidad de una medida alternativa, como ser la rehabilitación. Pero tiene que cumplir con una serie de parámetros y valoraciones que hay que ir superando, y si lo mismo no se cumple, la pena deberá de terminar de cumplirse en la cárcel.
¿Esto significaría la creación de una nueva estructura? De ser así, ¿de dónde salen los fondos?
El proyecto lo que hace es modificar el Código del Proceso Penal. Donde está la OSLA se crea el Consejo Asesor en Adicciones, con la participación de varios ministerios, el Poder Judicial y también del Instituto Técnico Forense. La idea es que existan dos centros, uno para aquellos que tengan las medidas alternativas y otro para los privados de libertad que puedan acceder a la rehabilitación. Este último es para aquellos con buena conducta. En este sentido, estos centros ya se pueden decir que existen. La Ley de Salud Mental indica que para el año 2025 debe haber cambios en el sistema de internación, por lo cual se dará el cierre de Colonia Etchepare y Santín Carlos Rossi, y estas se podrían utilizar para crear los centros de rehabilitación.
Otro punto son los recursos internacionales que otros países han usado, como ser Chile y Brasil, para precisamente hacer estos planes de rehabilitación. También se debe aclarar que cualquier proyecto que tenga un costo debe ingresar por una rendición de cuentas o presupuesto quinquenal, por lo cual se hizo el proyecto sin costos. En una segunda etapa se podrán asignarle fondos.
¿Cómo se encuentra el trámite parlamentario?
El proyecto ya está siendo discutido en la Comisión de Población y Desarrollo. Concurrió a la misma el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, quien brindó su apoyo a la iniciativa. Para seguir citaremos a diferentes autoridades, por ejemplo, del Ministerio del Interior, Asse, Junta Nacional de Drogas, entre otros. También esperamos la opinión de otras comisiones parlamentarias como ser la de Adicciones o Constitución y Código. Asimismo, tengo pensado invitar a la comisión, a alguna autoridad de la Embajada de Estados Unidos, porque en ese país tienen experiencias muy exitosas en este tipo de reformas. De esta manera se abrió un camino para que el Estado pueda cumplir con una solución para este problema.
Otro asunto y que tiene relación con el tema de las adicciones, son los proyectos de internación compulsiva que se vienen tratando en el Parlamento. ¿En qué se encuentran los mismos?
El proyecto que presentamos quedó en stand-by porque se comenzó con la discusión de la otra iniciativa que mencionábamos. La idea es empezarlo a tratar cuando se apruebe la Rendición de Cuentas, para generar la discusión parlamentaria.
Hay otra iniciativa que es de internación con consentimiento. Ese proyecto tiene media sanción del Senado y está ahora en la Cámara de Diputados. Existen diferencias entre ambos. El que ya fue aprobado por el Senado lo que hace es que la persona firme un consentimiento que le otorga a una familiar o tutor la posibilidad de que se lo interne de manera compulsiva en caso de caer nuevamente en una adicción. Uno de los problemas de esa iniciativa es que tiene costos, porque las familias deben pagar a un escribano y un médico para que certifiquen la voluntad de la persona, lo cual no es un detalle menor. También las familias después deben de pagar un centro de internación y no todos pueden.
En el caso de nuestro proyecto de internación compulsiva, el responsable es el Estado y con esta iniciativa damos un paso previo a lo que puede ser la destrucción total de las personas por sus adicciones.
¿Cuál espera que sea el apoyo a este proyecto de internación compulsiva?
Ahí observo en el pasado y veo que hay una iniciativa, también de internación compulsiva, que había sido presentado por José Mujica, el Frente Amplio no lo apoyó en su momento. Eso me da una pauta que no tendría los votos del Frente Amplio para mi iniciativa, porque si no se lo votaron a su propio presidente, no creo que me lo voten a mí. El presidente Lacalle Pou, cuando era legislador, también presentó un proyecto sobre este tema, por lo cual desde esa línea espero tener apoyo. Pero no soy iluso, porque pongo la responsabilidad en el Estado y esto sin duda va a generar una gran discusión.
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